Pepe Rubianes y la construcción de la memoria espacial de la ciudad

Fuente: barcelona.cat

El Gobierno de Barcelona, en manos de los comunes, ha aprovechado el aniversario de la proclamación de la II República Española para celebrar lo que han denominado Primavera Republicana. Se trata de toda una semana de diferentes actos -conciertos, exposiciones, charlas, ofrendas, etc.- con el que pretenden rendir homenaje a unos de los pocos periodos realmente democráticos -el único, si tenemos en cuenta la historia constitucional, según el catedrático Pérez Royo- de la historia reciente de España.

Entre los eventos programados se encuentra el cambio de nombre de una calle del barrio de la Barceloneta. Se trata éste, la mayoría de las veces, de un acto de carácter burocrático, solicitado y aprobado en instancias poco glamurosas de los Ayuntamientos, alejadas de los plenos y las comisiones donde realmente se decide el futuro de las ciudades. Sin embargo, el rebautizo de la calle que va desde el Passeig Joan de Borbó hasta el Passeig Marítim de la Barceloneta, de Almirall Cervera a Pepe Rubianes, no ha dejado indiferente a muchos y muchas. Desde luego, en ello seguro ha tenido que ver la calma tensa que vive la política catalana y, por extensión, la barcelonesa, con la elección del próximo President de la Generalitat de fondo, las manifestaciones por los políticos encarcelados y la vigencia total del artículo 155 de la Constitución. Sin embargo, no debemos olvidar añadir a ello, la situación de relativa debilidad del Gobierno de Ada Colau, la proximidad de las próximas elecciones, las medidas tomadas por el Ayuntamiento de los comunes, etc. Realmente, la coyuntura podría no ser la más propicia para la realización de dicho cambio en el nombre de la calle, aunque claro, ante esta cuestión también cabría preguntarse, entonces, ¿cuál sería ese momento?

De lo que no podemos tener ningún tipo de duda es de que, si algo posee la institución municipal, es de la legitimidad para realizar este tipo de actos. Una legitimidad -basada en el hecho de haber ganado, aunque sea por la mínima, unas elecciones- que no solo le da la capacidad de actuación, sino que también le otorga el poder de replantear y redefinir la memoria espacial de la ciudad. Así lo hicieron muchos de sus antecesores.

Las calles de Eixample de Barcelona no reciben nombres tales como Girona, Aragó, València, Viladomat o Conde d’Urgell por una cuestión gratuita. Los políticos que manejaron las riendas de la ciudad cuando el ensanche diseñado por Cerdà tomaba forma, no solo permitieron que se incumplieran escandalosamente los planes diseñados por este, sino que trazaron, mediante el callejero de la ciudad, un relato basado en su visión de Barcelona como capital de Catalunya. Es exactamente el mismo espíritu que les llevó a levantar un Barri Gòtic de la nada como referente simbólico de una clase social, la burguesía de aquellos años, ávida de unas referencias históricas y patrimoniales que, hasta ese momento, no habían tenido.

Tanto la posterior República, como el oscuro Franquismo, no tardaron en hacer lo mismo. Todavía es posible encontrar en Barcelona gente que llama Avenida Primo de Rivera a lo que hoy conocemos como Gran Via de les Corts Catalanes, o Plaza Calvo Sotelo a la actual Plaça Francesc Macià. Con este tipo de acciones, los poderes establecidos tratan de diseñar un imaginario colectivo acorde a sus propuestas y decisiones políticas. Influyen en una memoria colectiva local incidiendo en el espacio.

De este modo, este último cambio en el nomenclator barcelonés no deja de ser, más allá de una relativa molestia para sus vecinos y vecinas, un intento por recuperar para ese imaginario un referente de la cultura catalana como es Pepe Rubianes. Un tipo que tuvo la osadía de decir que la “unidad de España la sudaba la polla por delante y por detrás”, un provocador, un cómico. Un personaje, en definitiva, que encaja con la proyección de la ciudad que lleva en su ADN político Barcelona en comú. Y fijaos, no puedo estar más de acuerdo.

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¡Todo el poder a la Asamblea (de Barrios por un Turismo Sostenible)!

Fuente: Propia

Fuente: Propia

Este artículo fue publicado originalmente en catalán el pasado día 21/06/2016 en La Directa.

¡Todo el poder a la Asamblea (de Barrios por un Turismo Sostenible)!

El pasado día 5 de junio, diferentes colectivos, así como vecinos y vecinas a título individual, agrupados bajo el paraguas de la Plataforma #EnsPlantem, tras llevar a cabo una ruta por las principales obras especulativas del Poblenou, acabaron okupando un amplio solar, conocido popularmente como de La Vanguardia y situado entre las calles Llacuna y Roc Boronat, con el objetivo de denunciar el proceso de agresiva turistificación que está viviendo el barrio.

Entre las decisiones adoptadas por la asamblea, informalmente reunida y conformada en dicho solar, estuvieron las de continuar con las acciones de #EnsPlantem a lo largo del mes de julio; difundir, entre los vecinos y vecinas, las consecuencias que la turistificación está suponiendo para el barrio, y participar en las reuniones y acciones que planteara la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS) para el ámbito de la ciudad, entre otras.

El uso del adjetivo “agresivo” para calificar el avance de la actividad turística en el Poblenou no es gratuito. Las estadísticas indican que, entre los años 2011 y 2014, se inauguraron 8 nuevos establecimientos hoteleros en el Distrito Sant Martí (según las estadísticas oficiales del Ajuntament de la ciudad), algo que supuso pasar de 9.679 plazas en el primero de los años considerados, a un total de 11.505 plazas para el último, esto es, un incremento cercano al 20% en solo cuatro años. En ausencia de datos distribuidos por barrios, aunque dada la cercanía a las playas y la abundancia de solares y emplazamientos para este tipo de establecimientos en los barrios de la Vila Olimpica, el Poblenou y Diagonal Mar i Front Maritim, no sería descabellado conjeturar que dichos equipamientos turísticos se abrieron, principalmente, en los tres barrios señalados. Esto sin contar las innumerables habitaciones, pisos y apartamentos turísticos que legal, o ilegalmente, florecen en estas zonas. Solo es necesario realizar una sencilla búsqueda en plataformas como airbnb para encontrar más de 200 ofertas disponibles únicamente en el Poblenou.

Si de lo que hablamos es de licencias de terrazas, el proceso es aun más notable. Para el mismo periodo considerado con anterioridad, las licencias anuales concedidas a bares y restaurantes pasaron de 383 en el año 2011, a 480 en 2014, lo que representa un aumento superior al 25%. Como dato curioso, añadir que las licencias semestrales pasaron de 164 en 2012 (no existen datos estadísticos para el 2011), a solo 90 en 2014, algo que podría tener que ver con la desestacionalización del turismo en la ciudad, hecho que hace rentable pagar licencias anuales en vez de estacionales. Por otro lado, estas terrazas pasaron de ocupar 5.361,6 m2 en 2011 a 7.514,7 m2 en 2014, con un incremento mayor al 40% en su apropiación del espacio urbano del Distrito.

Por si alguien no se ha dado cuenta, el periodo temporal considerado no es baladí, por cuanto se trata de aquel en el que Convergència i Unió (CiU), con el Alcalde Xavier Trias a la cabeza, estuvo al frente de la principal institución de la ciudad y durante el cual, el proceso de privatización del espacio común que suponen las calles y las plazas, vivió una dinámica acelerada.

Así que de aquellos polvos, estos lodos, de modo que los intentos de domesticar la bestia turística puestos en marcha por el gobierno de Barcelona en comú y plasmados en el establecimiento de una moratoria en la concesión de licencia hoteleras, la prohibición de la apertura de nuevos apartamentos turísticos, la revisión de la ordenanza de terrazas (ya iniciada por Trias), o la elaboración de un Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), es imposible que contenten a nadie. Ni a los lobbies financiero, inmobiliario y turístico, que ven como se les acaba la gallina de los huevos de oro, ni al gremio de la restauración, que en el Poblenou llegó a declarar un día de huelga de terrazas hace unas semanas, ni, por supuesto, al propio Partit dels Socialistes-versión local, padre ideológico de la criatura, cuyos regidores, nada más prometer el cargo, criticaron la moratoria de nuevas aperturas e emplazaron a “pensar en el empleo”.

Pero es que incluso la Asamblea de Barris por un Turismo Sostenible (ABTS) ha presentado multitud de alegaciones al PEUAT, calificando sus medidas como “blandas”, hecho que, conjuntamente con otras circunstancias, ha llevado al Consistorio a retrasar su aprobación para después del verano.

En definitiva, nos encontramos ante el viejo dilema que enfrenta el valor de uso y el valor de cambio aplicado a la consideración de la ciudad como mercancía, esto es, a la Barcelona aparador frente a aquella popular que reclama mantener, ampliar y mejorar sus espacios tradicionales de socialización lejos de las dinámicas mercantilizadoras que acompaña a los procesos turístificadores intensivos. Y, no nos engañemos, a un nivel menos teórico, a la imposibilidad de un Ajuntament en  minoría de cumplir con aquello que prometió, por la incapacidad práctica de domeñar lo económico desde lo político a estas alturas, pero también, por una serie de errores acumulados (procesos participativos teledirigidos, alianzas políticas contra-natura, etc.) que pueden llegar a desilusionar a muchos de aquellos y aquellas que contribuyeron a auparlos a las instituciones.

Mientras, la ABTS ha convocado, para los días 1 y 2 de julio, un Primer Fórum de Turismo Sostenible desde donde intentarán mostrar a los poderes públicos y privados de la ciudad su posición como vecinos y vecinas de Barcelona y a la que, desde barrios como el Poblenou, no se dudará en contribuir demandando, entre otras cuestiones, la declaración del barrio como área saturada y necesitada de decrecimiento turístico, y la cancelación de aquellos proyectos de hoteles planteados, pero no construidos aun en el barrio.

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Contra la justicia global

Fuente: enjusticiaglobal.wordpress.com

Fuente: enjusticiaglobal.wordpress.com

Este artículo fue publicado el pasado día 17/05/2016 en Periódico Diagonal

Contra la justicia global

Imaginemos una inmensa máquina diseñada para fabricar muñecos. Por un extremo el dispositivo recibe ciertos inputs, esto es, el plástico necesario para conformar las partes fundamentales del juguete, la tela para su ropa, el nylon y el vinilo para su cabello, etc., mientras que por el extremo contrario, y tras una compleja elaboración que implica numerosos procesos y transformaciones, se obtienen los muñecos.

Sin embargo, y como consecuencia del propio dispositivo, hete aquí que el resultado final siempre aparece dividido en dos partes: por un lado la cabeza y, por otro, el resto del cuerpo. Tras reunirse y recapacitar sobre ello, la solución de los técnicos al cargo de la máquina pasa por disponer, apostadas en la bandeja de salida, tantas personas como fueran necesarias para que, conforme cuerpo y cabeza vayan saliendo, sean juntadas a toda velocidad una parte con la otra de forma que se obtenga un producto a todas luces aceptable.

Pues bien, en relación al concepto de justicia global, aquellas propuestas aparentemente más progresistas son, en su mayoría, del tipo “máquina de muñecos”. Así, dentro de los planteamientos, tanto teóricos como prácticos, que se discuten hoy día en el ámbito académico e institucional –e incluso dentro de algunas organizaciones no gubernamentales- priman los relacionados con la responsabilidad negativa de los estados del Norte enriquecido sobre el Sur empobrecido y, dentro de ambos, de las élites sobre las clases populares. Es decir, entendiendo que la situación actual en muchos países es consecuencia de las actuaciones y los intereses económicos de grandes bancos y empresas multinacionales, así como de las políticas nacionales e internacionales llevadas a cabo por los gobiernos de Europa y Estados Unidos principalmente, se plantea la necesidad de intervenir para equilibrar la situación aludiendo al concepto de justifica global, aunque siempre desde una perspectiva moral. En este sentido, Thomas Pogge, filósofo de moda en ciertos círculos y movimientos pro-derechos humanos, propone por ejemplo el establecimiento de una especie de “Dividendo Global de los Recursos”, o DGR, como medida de justicia redistributiva que permitiera en cierta medida reparar los daños producidos en los países y en los sectores perdedores como consecuencia del funcionamiento del actual sistema económico mundial, esto es, debido a la actuación de las anteriormente citadas políticas y empresas multinacionales occidentales. Pogge añade, además, que las medidas redistributivas deben ser puestas en marcha sin ocasionar una alteración tangible en el sistema económico mundial. Se trata de una propuesta altamente realista, uno de cuyos ejemplos prácticos podría ser la puesta en marcha del impuesto a las transacciones internacionales o Tasa Tobin.

Dejando de lado otras propuestas, como las elaboradas desde la filosofía política liberal por Habermas o Rawls, que ni siquiera contemplan la posibilidad de implementar medidas de corte redistributivo en el ámbito económico y limitan la justicia global a mínimas intervenciones de defensa de los derechos humanos básicos –en el sentido de evitar violaciones masivas de los mismos- es necesario señalar que planteamientos como el de Pogge no entran de lleno en una cuestión fundamental: la necesidad, para la existencia de una verdadera justicia, de superar las relaciones estructurales de poder y dominación que determinan y reproducen las situaciones de pobreza y dependencia en el mundo.

Así, cualquier acercamiento al concepto de justicia global que no pase por un profundo conocimiento y análisis del funcionamiento del sistema capitalista y no proponga soluciones, quizás inicial y aparentemente poco realistas, pero más efectivas, que evidencien la necesidad de cambios estructurales; esto es, mientras continuemos únicamente con discursos plenos de significantes vacíos (como sociedad civil, participación o transformación social) y no pasemos a rediseñar la “máquina de muñecos”, seguiremos ante el mismo –y no tan metafórico- resultado final: juntando cuerpos y cabezas.

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¡Es la plusvalía, estúpido!

Fuente: Propia

Fuente: Propia

Este artículo se publicó originalmente el 17/08/2016 en eldiario.es y catalunyaplural.cat

¡Es la plusvalía, estúpido!

Vaya por delante que el presente artículo no pretende insultar ni difamar a nadie. Y que, por si a estas alturas todavía alguien no lo sabe, el título del mismo no es de mi invención, sino que está tomado de la campaña electoral que, en el año 1992, enfrentó a George Bush padre contra Bill Clinton en la carrera por la Presidencia norteamericana. A lo largo de la misma, Clinton logró darle la vuelta a unas elecciones, que en principio parecía tener perdidas, centrando sus intervenciones, además de en la situación económica general del país, en la posibilidad de cambio tras los tres periodos de gobierno republicanos de Ronald Reagan y Bush, así como en la necesidad de reformar y mejorar el acceso a la salud de los estadounidenses.

Sin embargo, este texto no va de elecciones norteamericanas ni de campañas electorales, sino de ciertos discursos que buscan hacerse un hueco en el debate público y que, como el Guadiana, vuelven a aparecer cada cierto tiempo. Me estoy refiriendo a aquellos relativos a los problemas ocasionados por los agresivos procesos de turistificación que viven muchas ciudades a lo largo y ancho del Estado español y que cuentan con Barcelona como caso paradigmático.

Cuando hace dos años, la foto de unos turistas desnudos entrando en una tienda de la Barceloneta dio la vuelta al mundo mostrando la realidad cotidiana con la que vivían los vecinos y vecinas de ese popular barrio, ya hubo intentos de atajar el problema centrando la atención sobre la falta de civismo y de respeto que mostraban algunos de los visitantes de la ciudad y en la posibilidad de fomentar la convivencia y la tolerancia entre estos y los residentes. Así, determinados medios de comunicación se apresuraron en señalar los efectos, más que las causas, de la situación, algo que, de forma evidente, pararía por atajar el denominado turismo de borrachera, controlar los numerosos incidentes que se producían en las calles o disminuir el ruido nocturno que impedía el correcto descanso del vecindario, entre otras cuestiones. Y aunque también reconocían las consecuencias del elevado número de pisos dedicados ilegalmente a alojar turistas, este factor era tratado con gran superficialidad y quedaba restringido al ámbito de la Barceloneta. Afortunadamente, las manifestaciones y actos de protesta que se llevaron a cabo desde este mismo emplazamiento, y que posteriormente se han ampliado al resto de la ciudad, contribuyeron a poner en evidencia tal falacia y reclamaron a las instancias municipales medidas contundentes que contribuyeran a poner freno a la situación. La llegada al poder de Barcelona en comú en las elecciones del año siguiente no es ajena a tal circunstancia, como tampoco lo es el hecho de que esta fuerza política tenga entre sus prioridades la aprobación de un Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) que ya se retrasa demasiado.

Estos días somos testigos de otro intento de centrar el debate en torno a los supuestos problemas ocasionados por la falta de civismo que muestran los turistas que se alojan, en esta ocasión, en apartamentos alquilados a través de la plataforma Airbnb. Más de dos docenas de propietarios de viviendas de la ciudad han emprendido una campaña con la intención de sabotear el sistema implementado por el Ajuntament de cara a recoger denuncias sobre apartamentos turísticos que funcionan de forma irregular. De nuevo la falta de civismo, andar sin camiseta, el ruido o la celebración de fiestas son los motivos empleados para rechazar tal sistema, esgrimiendo que se trata de conflictos puntuales que ponen en peligro las hipotéticas bondades que aporta a los propietarios la citada plataforma online de economía colaborativa.

Los beneficios de un debate en torno al civismo son evidentes, pues las autoridades e instituciones suelen responder elaborando o endureciendo normativas de control y regulación del comportamiento en el espacio urbano -ordenanzas cívicas, leyes anti-botellón, etc.-, y desviando la mirada sobre el problema real, esto es, el constante avance hacia la conversión total de las ciudades en mercancías y, en este caso, en la transformación del papel social de la vivienda en un elemento más del proceso de acumulación del capital. Porque es la plusvalía, no el civismo, lo que aquí está en juego. La conversión de las ciudades en parques temáticos no solo utiliza a los vecinos y vecinas como extras de un paisaje urbano a explotar, sino que acaba por imposibilitar el desarrollo mismo de la vida urbana. Es la búsqueda de la maximización de las rentas monopolísticas lo que lleva a los propietarios de fincas urbanas a ponerlas al servicio, regular o irregular, de la industria turística, excluyendo a unas clases sociales depauperadas que se ven incapaces de afrontar el pago de las mimas. Y si no, que se lo digan a los venecianos, cuya ciudad, visitada cada año por más de 24  millones de turistas, pierde anualmente más de 1.000 habitantes. Es, por tanto, la posibilidad de extracción de plusvalías la que contribuye a agrandar el problema y no encontrarse turistas sin camiseta en los ascensores de nuestros edificios.

Para finalizar, y volviendo a las elecciones norteamericanas de 1992, el resultado es de sobras conocido: Clinton ganó, pero ni cambió nada ni el sistema de salud mejoró en absoluto. Eso sí, a lo largo de sus años al frente de la Casa Blanca vivimos el auge de internet y el estallido de las gran burbuja de las puntocom. Hace bien el Ajuntament de Barcelona en comú en reclamar insistentemente, a los poderes con competencia sobre ello, una regulación del alquiler, aunque no debe ni dejarse chantajear ni olvidar otras medidas, como las ya emprendidas de ampliación del parque de viviendas públicas, si quiere ser verdaderamente algo más que un cambio de siglas al mando del poder municipal y no dejar de ser una fuerza política con el apoyo de las clases populares.

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Yo tenía una jefa sueca (y otras cosas del procés)

Fuente: eldiario.es

Yo tenía una jefa sueca. No es broma, es verdad, había nacido y vivido en Suecia más de diez años hasta que se trasladó, junto a su madre, a Andalucía en los años 70 del pasado siglo. La traigo a colación porque, para explicar determinados comportamientos u opiniones, ella siempre aludía a este hecho: ser sueca. Si no entendía una broma, se mostraba excesivamente sistemática, poco empática, o, incluso, fría en sus relaciones con los demás, la respuesta se encontraba siempre en su suequidad, si me permitís el palabro. A mí siempre me sonó a excusa, y tenía guardada la anécdota para darle uso algún día, quizás en un artículo, una charla u otra cuestión similar. Estos días, a cuenta de la elección o no de Carles Puigdemont o Jordi Sánchez como Presidentes de la Generalitat, y de lo que parece un alargamiento eterno del procés, por fin se ha presentado la ocasión.

Entre las razones de todos aquellos y aquellas que defienden la labor de los políticos al mando del gobierno catalán tras el uno de octubre, se encuentra el siguiente argumento: els nostres polítics van ser massa ingenus, o también, els catalans tenim un tarannà negociador i els espanyols no, y similares. Estaríamos aquí, más allá del cierto tufillo esencialista, ante un análisis que entiende la cultura como un modelo, un patrón, que, de forma más o menos consistente, determinaría en gran medida nuestra forma de pensar y actuar en el mundo; una especie de software que serviría para explicar nuestra conducta. Esta forma de entender la relación entre cultura y comportamiento es deudora del trabajo de científicos y científicas sociales como Ruth Benedict. De esta forma, y según esta autora norteamericana, “si estamos interesados en los procesos culturales, la única forma con la que podemos saber la importancia del detalle seleccionado de la conducta es contrastándolo con los motivos, emociones y valores que hay detrás y que están institucionalizados en la cultura” (Patterns of Culture, 1934).

Sin embargo, esta aproximación al concepto de cultura como molde o código que determina las conductas se ha mostrado -a lo largo de la historia y el pensamiento científico-social- enormemente incorrecta. Sería, más bien, al revés, esto es: tanto los individuos como los grupos sociales adecuarían su comportamiento a la realidad que habitan y, de esta forma, cambiarían su cultura. Es decir, como señala el antropólogo Manuel Delgado, “es el mensaje el que determina el código, no el código al mensaje”. Aceptar lo contrario imposibilita cualquier tipo de interpretación materialista, por ejemplo, ya que, recordemos, según ésta son precisamente las bases materiales de la realidad y su disputa las que determinan los símbolos, significantes, modos de acción, etc., de los grupos sociales. Como decía el sociólogo Pierrer Bordieu, “en última instancia”, siempre se encuentra la cuestión material.

Siguiendo esta línea de pensamiento, no habría existido una ingenuidad característica de los políticos catalanes, ni tan siquiera, un tarannà catalá, y, si este llega a manifestarse, será siempre de manera temporal, circunstancial, en evolución, en constante cambio y transición. Los códigos que determinarían dichos comportamientos estarían siempre sujetos a reformulaciones, reinterpretaciones y reconfiguraciones con base en la realidad, no al contrario.

De este modo, y al igual que mi jefa, que se refería siempre a su origen sueco para justificar cualquier tipo de actuación, las más de las veces errónea, los políticos catalanes ni eran ingenuos ni confiaban en que el Gobierno del Estado aceptasen civilizadamente su planteamiento político. Simplemente han tratado de justificar su actuación, o falta de ella, en base a unos criterios que, sabían, podían tener cierta aceptación entre sus votantes. La búsqueda de sus errores ha de estar, así, en otra parte.

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La identidad de barrio como elemento catalizador en las luchas urbanas

Fuente: Ens Plantem

El antropólogo Fredrik Barth, en su conocido libro Los grupos étnicos y sus fronteras, establecía cuatro elementos fundamentales a la hora de designar este tipo de comunidades: debían ser capaces, en gran medida, de autopertetuarse biológicamente; compartir valores culturales fundamentales; integrar un mismo campo de comunicación e interacción y, por último, contar con una serie de miembros que se identifiquen a sí mismos y sean identificados por otros.

En lo referente a los socialmente efectivo, siguiendo la terminología empleada por Barth, los grupos étnicos serían considerados como una forma de organización social. Sin embargo, estas formas de organización basadas fundamentalmente en la última de las características señaladas, esto es, la relativa a la autoadscripción y adscripción por otros en un determinado grupo, no es exclusivo de los grupos étnicos, sino que tiene una mayor vigencia y aplicación al estar directamente vinculado con cuestiones de identidad.

La identidad no se encuentra únicamente fundamentada en una serie de variables que utilizan determinados individuos para categorizarse a sí mismos y ser categorizados por los demás, sino que, además, los rasgos utilizados para llevar a cago tal diferenciación no son elementos, digamos, objetivos -como la lengua, la religión, el tipo de estructura familiar, etc.-, sino aquellos que los propios miembros del grupo consideran significativos.

Así, la creación de estas fórmulas identitarias no derivan, salvo casos extremos, de situaciones de aislamiento o incomunicación, sino todo lo contrario: son conformados en función de la relación que estos grupos mantienen con otros grupos: son precisamente los procesos sociales, dinámicos por naturaleza, los que acaban conformando las identidades.

Recogiendo este marco interpretativo, y aplicándolo a la realidad contemporánea de las ciudades -principalmente en Occidente, aunque cada vez menos-, éstas, como señala David Harvey, están siendo construidas no tanto para que la gente viva en ellas, como para que sean capaces de atraer capitales, inversión. En este sentido, la aplicación de políticas netamente neoliberales ha transformado antiguos espacios de sociabilidad, como los barrios, en ámbitos donde las relaciones sociales han pasado a ser mediadas por prácticas mercantiles. Esto se materializa en aspectos tales como las reformas urbanísticas, la construcción de viviendas destinadas a las clases medias y medias-altas, la privatización de calles y plazas, el diseño de espacios públicos de calidad, los denominados proyectos de revitalización urbana, etc.

La población de muchos de estas zonas, antiguos emplazamientos de carácter popular de las ya ex ciudades industriales, despliega nuevos modos identitarios como formas de resistencia frente a la presión del Capital. Los barrios pasan, así, a conformar auténticos baluartes étnicos, si se me admite la expresión, que permiten desarrollar formas reciprocidad y apoyo mutuo ajenas a las relaciones más asépticas típicas de la ciudad global. Ser de barrio -y como dice Manuel Delgado, todo barrio necesita un nombre- conduce a una especie de nueva-vieja comunidad, al modo folk, donde es posible vivir la ficción de una cierta vuelta al protagonismo de las relaciones primarías, de cercanía, y desde donde es viable reunir fuerzas para reconquistar una ciudad cada vez más revanchista.

Esta forma de entender la vida de barrio, la cual necesita de cierta homogeneidad de clase para mantener su consistencia, se ve, además, reforzada por una serie de rituales -ferias, diadas, manifestaciones, okupaciones, desfiles, etc.- que contribuyen a reforzar su identidad. De esta forma, más que nunca se muestra que aquellos elementos y causas que se encuentran en la raíz de las fiestas y los ritos tradicionales -religiosos, etc.-, y que han permitido autoafirmarse a las comunidades más clásicas por siglos, se encuentran también detrás de las actuales prácticas barriales de resistencia. De este modo, las manifestaciones, muchas veces festivas, de protesta y repudio contra procesos especulativos, la tematización de determinadas áreas de la ciudad, el monocultivo turístico, etc., no solo contribuyen a escenificar en público cierta disconformidad con respecto a una situación considerada injusta, sino que, además, contribuye a reafirmar la identidad de barrio, reforzando los lazos interpersonales.

En definitiva, los viejos marcos teóricos de la antropología siguen vigentes y nos permiten entrever la potencialidad y utilidad de la constitución de determinadas identidades en las ciudades contemporáneas. La vieja etiqueta de barrio, denostada en tiempos no tan lejanos, se aviene a convertirse en elemento cohesionador y vertebrador de las luchas contra la imposición neoliberal.

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Barcelona está que arde

Este artículo fue publicado originalmente en eldiario.es y catalunyaplural.cat el pasado día 26/05/2016.

Barcelona está que arde

Barcelona está que arde. Aunque, más bien, podríamos decir que lleva ardiendo más de 150 años. No en vano, fue el mismo Engels el que, en referencia a la existencia en la capital catalana de numerosos grupos anarquistas, en su artículo Los bakunistas en acción, señalaba como Barcelona “tiene en su haber histórico más combates en barricadas que ninguna ciudad del mundo”.

 Los recientes sucesos en Gràcia podrían considerarse como, y de hecho algunos autores así los recogen–recomiendo a todos/as Carrer, festa i revolta-, unos más entre los levantamientos populares que encuentran su lugar de expresión por excelencia en sus calles y plazas y que la ciudad viene acogiendo desde el inicio de su dinámico proceso de industrialización.

Si hubiera que distinguir la contemporánea conflictividad urbana de la ocurrida hace décadas, quizás habría que apuntar hacía el papel que juega la propia ciudad en el proceso de acumulación capitalista. Bajo el neoliberalismo, actual y más reciente versión de este sistema socioeconómico, las ciudades han pasado de ser el lugar de la reproducción social por excelencia, a un elemento más de la cadena de extracción de plusvalías. Las relaciones de producción que en él se dan moldean la totalidad de los procesos sociales urbanos. De este modo, si hace unos años, una ciudad como Barcelona acogía entre las paredes de su industria la inevitable conflictualidad entre el capital y el trabajo, como bien señalan los neoperarios italianos, en la actualidad, esta conflictualidad ha desbordado los límites de las fábricas y se ha trasladado a la ciudad misma. Nos encontramos, así, viviendo en una auténtica fábrica social.

El papel que desempeña el suelo en esta fábrica es más que evidente pues, mediante los oportunos procesos de urbanización, supone el factor de producción más importante desde el que obtener rentas. El “vaciar y llenar”, como oportunamente escribiera el antropólogo Jaume Franquesa, ha sustituido al “hacer o fabricar”. Es así que okupar un trozo de la inmensa “tarta del suelo” no supone únicamente una oportunidad para desatar un sinfín de procesos sociales que escaparían a la siempre obligatoria mercantilización sino, además, todo un desafío al actual orden vigente.

Pero este desafío no es ni será nunca una lucha de suma cero. Algunos, la minoría, ganan, mientras otros, la mayoría pierden. Cada nueva licencia de hotel concedida, cada nueva terraza abierta en lugares ya masificados, cada externalización de servicios públicos, cada nuevo edificio de viviendas a precios imposibles, suponen un paso más hacía aquello que Warrent Buffet apuntaba sobre la lucha de clases y cómo es la suya “la de los ricos, la que está ganando”.

Es bajo este prisma el que podríamos entender el rechazo, por parte del colectivo que okupaba el Banc Expropiat, a trasladar sus actividades a otro emplazamiento de propiedad municipal. Sería un nuevo y libre espacio para continuar con la labor social que llevan a cabo en Gràcia, sin duda, pero un paso atrás en ese campo de batallas en el que se ha convertido la ciudad.

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