La patrimonialización de la memoria

Entre las novedades aportadas por la última de las transformaciones globales sufridas por el capitalismo, el neoliberalismo, nos encontramos con determinados procesos de revalorización y explotación del espacio. Sería ésta una apuesta, supuestamente innovadora, por la diferenciación y caracterización de algunos territorios mediante políticas públicas y privadas que situarían como eje fundamental a la hora de llevar a cabo la planificación de las infraestructuras o la localización de los equipamientos, el fomento de la actividad económica, la creación de empleo, etc. En definitiva, se trataría de reconocer, movilizar y, finalmente, mercantilizar recursos paisajísticos, arquitectónicos, naturales y culturales que anteriormente formaban parte del bagaje y la memoria social e histórica de determinadas zonas pero que, mediante su puesta en valor, pasan a ser considerados como elementos productivos.

Este sería el caso y la justificación, en gran cantidad de ocasiones, de la declaración de enclaves o de amplias zonas como Parques Naturales, Monumentos Naturales y demás espacios naturales protegidos, o los Bienes de Interés Cultural y otras formas de protección del patrimonio histórico y monumental. En estas declaraciones juegan un papel muy importante los referentes simbólicos, lugares de memoria o memoria de lugares, los cuales aportarían la diferenciación y generarían el interés por su visita y conocimiento, así como su transformación en producto turístico. En sociedades post capitalistas como la Catalunya actual, altamente fragmentadas, las posibilidades de establecer estas diferenciaciones simbólicas son casi infinitas. Desde referentes religiosos o históricos -como Montserrat, o el Pi de les Tres Branques-, verdaderas claves de bóveda de la construcción nacional catalana, hasta las Rutas de los Contrabandistas entre Catalunya y Andorra, o las Montanyes de la Llibertat, itinerario que recuerda la huída de los refugiados españoles en su camino hacia Francia tras la victoria de Franco en la Guerra Civil, o la posterior entrada de judíos huyendo del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, se mostrarían como magníficos ejemplos de esta utilización con fines puramente económicos.

Sin embargo, estos recursos no son neutros, no permanecían desanclados de su realidad social más cercana o, en muchas ocasiones debido a la potencia de su significado, de la memoria de grupos sociales muy amplios. La transformación en paquete turístico de áreas sensibles -como la memoria de los exiliados o los judíos perseguidos por los Nazis-, cuenta con la potencialidad de convertirse en un recurso pedagógico sobre una importante parte de la historia de los pueblos, pero también de sufrir la banalización profunda de parte de la historia de grupos humanos que protagonizaron verdaderas epopeyas plenas de sufrimiento y temor y que, al final, ven como un pedazo de sus vidas es fetichizada, en el sentido marxista del término, y transformada simplemente en mercancías, en gran cantidad de ocasiones con el apoyo interesado de las propias administraciones públicas.

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Els carrers seran sempre nostres

Fuente: Propia

Els carrers seran sempre nostres ha sido una de las consignas más coreadas estos días en las calles de Barcelona. Más allá de las consideraciones políticas, de los posicionamientos estrictos y de las adhesiones inquebrantables a uno de los dos trenes en choque, algo que, lamentablemente, descomplejiza y simplifica un asunto con gran cantidad de aristas, posibilidades y sombras, lo que sí parece volver a evidenciarse es que nos encontramos ante un nuevo ejemplo del siempre presente protagonismo que el espacio urbano tiene a la hora de mostrar la inherente conflictividad de las sociedades humanas en su vida en las ciudades. Un espacio urbano que deviene espacio ritual y que sitúa las manifestaciones políticas al mismo nivel que otras demostraciones y ocupaciones similares de la vía pública, tales como las procesiones religiosas o los desfiles militares.

Desde las concentraciones multitudinarias que se produjeron el día 20 de septiembre, tanto en la sede de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), como a las puertas del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, hasta la posterior acampada –breve-, ese mismo día a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, pasando por las assegudes a las puertas de los colegios electorales el día 1 de octubre,  las posteriores manifestaciones de repulsa, la huelga/aturada del día 3, etc., todas ellas podrían responder a esa marcada ritualización que todavía hoy puebla mucha de las actividades de los habitantes de las urbes. Así, nos encontraríamos ante la acción de aquello que la sociología norteamericana de la segunda Escuela de Chicago denominara unidades vehiculares, y que, con posterioridad, el antropólogo Manuel Delgado definiera como aquellos grupos compuestos “por individuos que están ostensiblemente juntos, en la medida en que pueden ser percibidos a partir de una proximidad ecológica que da a entender algún tipo de acuerdo entre los reunidos y dibuja unos límites claros entre el interior y el exterior de la realidad social que se ha conformado en el espacio.”

En este sentido, serían estos grupos sociales conformados como unidades vehiculares los que producirían el espacio, delimitándolo y organizándolo mediante sus prácticas. Serían ellos los que determinarían sus características, su nivel simbólico y lo dotarían de sentido y de memoria. Estas circunstancias, además, explicaríanel éxito o el fracaso de determinados lugares como emplazamientos para la  expresión del descontento político, social o cultural.

Así, las llamadas, el mismo día 20, a concentrarse a las puertas de los Ayuntamientos catalanes en repulsa a las detenciones practicadas en el Departament d’Economia, no tuvieron el éxito esperado en el caso de Barcelona, donde la gente continúo reunida frente a la sede de dicha Consejería o en la calle Casp, a las puertas del cuartel general de la CUP. De la misma manera, los siguientes encuentros no se produjeron en la Plaça Sant Jaume, área que concentra en escasos metros a la Generalitat de Catalunya y al Ajuntament de la ciudad, sino en la Plaça Universitat y otros emplazamientos mucho más abiertos y vinculados a los movimientos estudiantiles, los cuales habían acaparado cierto capital simbólico durante esos días. No fue el caso este de la Manifestación por la Unidad Nacional, la cual sí se desarrolló en Sant Jaume, en claro desafío a un lugar cargado de referencias a la idea de la Catalunya nacional. Y qué decir de la cantidad de plazas que, a lo largo del Principado, han cambiado su nombre, de forma informal, de Plaça de la Constitució a Plaça de l’1 d’Octubre, por los hechos ocurridos tal día, recogiendo un significado otorgado por lo allí ocurrido.

Cuando las marchas y concentraciones proclamaban que las calles serán siempre suyas, no estaban hablando de propiedad, en el sentido estricto de la palabra, sino de apropiación, es decir, de un tipo concreto de prácticas que finalmente originarían los lugares antes reseñados y los dotarían de valores prácticos colectivos, nunca privados.

Es definitiva, esa apropiación temporal de las calles y las plazas las transformaría en espacios de ritualización, construyendo y redefiniendolos espacios urbanos de la ciudad. Se trataría de la rearticulación simbólica de un espacio común a todos, un arma mucho más poderosa, por cuanto establece sentidos y prácticas que prevalecen durante años y son más difíciles de derrotar que cualquier acto de fuerza o modificación del propio entramado urbano.

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¿Es posible hablar de justicia espacial en la Barcelona contemporánea?

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Fuente: Propia

Este artículo, escrito conjuntamene con Giuseppe Aricó y Marco Luca Stanchieri, fue publicado en el Periódico Diagonal el pasado día 04/11/2015.

¿Es posible hablar de justicia espacial en la Barcelona contemporánea?

Este pasado fin de semana se ha desarrollado, en las instalaciones de Can Batlló, en el barcelonés barrio de Sants, el 1er. Fòrum Veïnal sobre l‘Urbanisme organizado por la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB). El objetivo de sus organizadores era hacer partícipe a los vecinos y vecinas de la ciudad, tanto del análisis como de los procesos de toma de decisiones vinculados con el futuro urbanismo de la capital catalana.

Para ello se dieron cita en tan emblemático lugar representantes de asociaciones de vecinos y vecinas; miembros de colectivos vinculados a la cuestión urbana y el derecho a la ciudad; movimientos sociales de más amplio espectro; técnicos municipales y académicos especialistas en arquitectura y urbanismo; representantes políticos; barceloneses a título individual, etc.

Durante los dos días de duración del Fòrum se realizó un recorrido por las transformaciones urbanísticas más importantes de la Barcelona de las últimas décadas; se pusieron sobre la mesa de debate algunos de los proyectos de transformación urbana más candentes –como los que afectan a la zona norte, los barrios de montaña y el frente marítimo- y, por último, se intentó avanzar hacia un nuevo modeloalejado del tan cacareado Modelo Barcelona, ahora Marca– que tuviera en cuenta los intereses de las clases populares de la ciudad.

Así, en un intento por avanzar en esta tarea se llevaron a cabo una serie de talleres en torno a distintos bloques temáticos: Barcelona, ciudad metropolitana; Espacio urbano y reindustrialización; Espacios públicos y equipamientos; Urbanismo y desarrollo comunitario de los barrios; Urbanismo, vivienda y política de suelo y, finalmente, Justicia espacial en la ciudad.

Precisamente este último fue dinamizado por el Observatori d’Antropologia del Conflicte Ubà (OACU), girando en torno a la posibilidad misma de la existencia de cierta justicia espacial en el marco de la Barcelona contemporánea y partiendo de que ésta solo sería posible si los bienes y servicios que genera la ciudad no son ni extraídos ni apropiados por una minoría social de corte elitista, sino, al menos, repartidos bajo condiciones de cierta equidad. El objetivo, por tanto, fue reflexionar sobre qué tipo de instrumentos -normativos, organizativos, institucionales- deberían ponerse en marcha para alcanzar tal fin.

Entre las propuestas recogidas se encontraron algunas vinculadas a la necesidad de establecer medidas de discriminación positiva a la hora de planificar las inversiones públicas en los distintos barrios que conforman la ciudad; a la redefinición del concepto de seguridad, asignando un papel distinto al actual a la propia Guardia Urbana; a la elaboración de un modelo de transporte alternativo que no priorice el vehículo privado y, por último, a la máxima descentralización de la toma de decisiones políticas y al establecimiento de canales de participación populares estables y con capacidad de decisión real.

A la hora de la puesta en común de las conclusiones de los distintos talleres se manifestaron, como no podía ser de otra manera, grandes coincidencias en la detección de problemas y en el planteamiento de soluciones. Una de estas coincidencias fue la necesidad de incrementar la participación ciudadana en los proyectos vinculados a las transformaciones urbanísticas, el turismo, la industria, el transporte, etc. Las conclusiones del taller OACU ya apuntaban algo similar, aunque con salvedades: la complejidad de avanzar cuotas decisivas de justicia espacial, en el marco la ciudad neoliberal, cuando precisamente el proceso de acumulación capitalista está basado, en gran medida, en la extracción de rentas de la misma. Desde el taller se señalaba que la participación en sí es positiva, pero que si no quiere caer en su reificación –esto es, en la participación por la participación – es necesario dotar a la misma de instrumentos que impidan la apropiación de estos nuevos canales por las mismas élites que ésta trata de diluir.

La idea de excluir en la toma de decisiones a aquellos grupos sociales que pudieran tener intereses de carácter especulativo sobre las decisiones a tomar, podría ser uno de estos instrumentos. Sin embargo, este tema es complicado pues se trataría de limitar, por tanto, la participación de determinados sectores de la población, algo alejado del concepto amplio y clásico de participación como una mayor capacidad de decisión por parte del común de la ciudadanía.

Hasta ahora la “participación ciudadana” ha tenido cierto éxito en aquellos casos en que las propuestas de transformación urbanística han estado orientadas a cuestiones sociales o de desarrollo local. En cambio, las políticas de regeneración centradas en aspectos más físicos y económicos son consecuencia, en muchas ocasiones, de una participación escasa, parcial o nula. Es más, todo parece indicar que la tan publicitada “participación vecinal” ha sido concebida durante mucho tiempo, en ciudades como Barcelona, como un mero accesorio y no como eje estructural de los planes sociales o urbanísticos que se diseñaban para los barrios y desde los barrios.

En otras palabras, es posible que, en lo relativo a la participación, hayamos estado delante de una entelequia de justicia espacial, un concepto vago e impreciso que quedaría sistemáticamente sometido a los criterios formales e ideales de un urbanismo de corte clasista y articulado alrededor de conceptos elevados a verdades cardinales como “civismo” o “convivencia”. Se habría tratado, en definitiva, de una “justicia” concebida únicamente como referente ético (léase moral) y teórico (léase urbanístico), idóneo para conceptualizar estratégicamente la idea de una “ciudad justa”, pero intrínsecamente incapaz de alcanzar su aplicación práctica.

Quizás, bajo el mantra de la “participación ciudadana”, garantizada por un supuesto urbanismo democrático, cívico y progresista, se escondía en realidad un mero simulacro de igualdad. En este sentido, es imprescindible analizar la manera en que las “redes ciudadanas participativas” han sido articuladas e, incluso instrumentalizadas, por parte de unas políticas de gobernanza dirigidas principalmente a apaciguar la supuesta “conflictividad” de los barrios. Efectivamente, en el caso específico de Barcelona, la utilización instrumental de dichas redes habría provocado una tensión cada vez mayor entre lo popular y lo institucional, hasta generar una historia urbana de participación sin conflicto.

Desde luego, nadie dijo que la justicia espacial fuera fácil, ni siquiera posible, pero si se desea avanzar hacia una ciudad más justa y equitativa, habría que comenzar por tomar decisiones difíciles. Solo así quizás será posible establecer ese otro modelo de urbanismo popular que se proponía como objetivo inicial.

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La mentira del Estado autonómico

En los medios de comunicación generalistas suelen aparecer de manera frecuente, sobre todo últimamente, comparaciones entre las distintas formas existentes de reparto del poder territorial y los nombres y las formas que este adopta en su constitución como Estado a nivel global. En una especie de pedagogía, para nada inocente, se comparan formas como el federalismo, el Estado centralizado, el confederalismo y, por supuesto, uno de nuestros inventos más reconocidos -además de la fregona- el Estado autonómico. En general, estas comparaciones suelen acabar dando a entender que, con carácter general, no existe ninguna verdadera Confederación a nivel global -la de Suiza funciona como una federación en la práctica, y la República China, aunque formalmente centralizada, y en la práctica confederal, no nos gusta para comparar-, y que las diferencias entre un Estado y uno autonómico no son tantas, es decir, que entre un tipo y otro el contraste serían básicamente nimios detalles, por  lo que, “¿qué es lo que quieren estos catalanes?”. Pero, tal y como señala el sabio refranero castellano, en este caso el diablo está en los detalles.

Sí, porque la expresión constitucional del Estado español -usando una expresión del catedrático Javier Pérez Royo– se produjo en el año 1978 mediante una descentralización progresiva del carácter altamente concentrado del poder de una España con escasa experiencia en los equilibrios del poder territorial, al menos en su época moderna. Es decir, lo que la Constitución del 6 de diciembre recogió no sería tanto un pacto entre partes -aunque en puridad sí lo habría, aunque entre partidos políticos-, sino un reparto entre las partes. Un movimiento más centrípeto que centrífugo, desde Madrid hacia las periferias. No es anecdótico el hecho de que las primeras nacionalidades históricas estuvieran situadas, física y simbólicamente, en los límites de la península ibérica -Catalunya, Euskadi, Galicia y, no hay que olvidar, a Andalucía-.

La conformación de una federación suele ser, de hecho, la contraria. Es decir, una serie de sujetos políticamente independientes o, al menos, autónomos, decide ceder parte de su capacidad y poder político a un ente central, el Gobierno federal, entendiendo que solo así es posible llevar a cabo determinadas actuaciones. Son las partes las que, unidas, conforman un todo. En este caso, se trata de un movimiento centrífugo más que centrípeto. Esta es la historia, por ejemplo, de los Estados Unidos de América, primera República en constituirse según un modelo federal.

Aunque pueda parecer anecdótico, esto es fundamental a la hora de entender nuestro modelo autonómico. Como con tantas otras cosas, se podría decir que el carácter descentralizado del Estado español -jurídicamente personificado en Comunidades Autónomas- procede, en su origen, de un poder central que comparte ese poder con otros núcleos periféricos. No se trata tanto -y es importante subrayar lo de tanto, porque es verdad que, a nivel político, sí que hay un pacto al menos tácito sobre el tema- de un acuerdo para compartir el poder a nivel territorial, como una cesión por parte del protagonista principal. Y esto, como no puede ser de otra manera, cuenta con un detalle, un límite, que estamos viendo estos días: esta generosidad se acaba cuando una de las partes, por no decir la gran parte, decide finalizar la cesión.

Es de este modo que, aunque no se haya invocado formalmente, el famoso artículo 155 de la Constitución, el Gobierno central se halla inmerso en un proceso de recuperación de unas competencias -un poder- que, en el fondo, nunca acabó de ceder totalmente. Y no es que su generosidad tuviera un límite, sino que realmente la Constitución solo reconoce un poder políticamente y jurídicamente legitimado, el de la Nación española, es decir, el de Madrid, algo que comparte con los sujetos periféricos -no obstentadores de soberanía- de forma unidireccional, no bidireccional como sería en un modelo de estado puramente federal.

Los límites -y la mentira- pues del Estado autonómico no se encuentran, por tanto, en la inexistencia de un verdadero órgano -el Senado- de participación territorial en la toma de decisiones del Gobierno central; ni en un Poder Judicial auténticamente descentralizado, ni en un reparto competencial que no está definido, sino en un Estado que nunca dejó de ser centralizado.

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Repensar la ciudad desde el género

Este artículo fue publicado el día 25/09/2015 en el blog Seres Urbanos de El País.

Repensar la ciudad desde el género

La historia de Marta es bien conocida. Cada día, antes de ir a trabajar, ella y su compañero asean y dan de desayunar a su hija. A primera hora, Marta coge el coche y conduce hasta la escuela infantil en la que Raquel está escolarizada. La escuela no está lejos, pero no existe conexión directa en transporte público y, para aprovechar el tiempo, a Marta le resulta mucho más útil realizar el trayecto en su vehículo privado. Luego de dejar a su hija, vuelve a su vivienda, aparca el vehículo en su plaza de parking, coge el metro y, tras un trasbordo, llega a la oficina. Su compañero realiza un trayecto similar al anterior, pero en sentido contrario, en horario de tarde. Sin embargo, si éste, por cualquier motivo, no puede llevar a cabo la tarea, la responsabilidad recae, de nuevo, sobre Marta o sobre los abuelos de la niña. Por otro lado, ambas operaciones pueden suponer, perfectamente, más de dos horas.

La sociedad urbana actual se erige sobre los hombros de las mujeres. Las políticas paternalistas del mutilado Estado de Bienestar no son más que bonitos titulares que, la mayoría de las veces, conducen a una sobreexplotación de la mujer. A su acceso al mercado laboral –bajo unas condiciones nada igualitarias- no le ha correspondido una incorporación plena del hombre a las tareas vinculadas a los cuidados ni, por supuesto, una más que necesaria reestructuración de las políticas urbanísticas y urbanas que lo acompañaran.

A modo de ejemplo, y basándonos en el caso de Marta, es evidente que el diseño de la red de transporte urbano no responde a las necesidades propias de la reproducción social; una reproducción que ha estado, tradicionalmente, a cargo de las mujeres, sino a las de una tradición urbanística altamente masculinizada y orientada a reforzar los procesos neoliberales de reapropiación capitalista de la ciudad. Vincular la producción del espacio a una perspectiva de género implicaría revelar, precisamente, esta ideología. En este sentido, esta aproximación permitiría un distanciamiento de los procesos de producción del espacio, al diferenciarse de los discursos en que éstos se arropan y las dinámicas que los acompañan.

Las próximas Jornadas organizadas por el Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials (GRECS), y el Grup de Recerca sobre Antropologia del Conflicte Urbà (GRACU) de la Universitat de Barcelona, “Género y producción del espacio. De la exclusión a la reivindicación del derecho a la ciudad”, son una excelente oportunidad para llevar a la práctica esta revelación, así como debatir posibles propuestas. Las jornadas, que se celebraran los días 25 a 27 de noviembre en la capital catalana, persiguen propiciar un lugar de encuentro que aglutine reflexiones provenientes de los espacios marginales al poder hegemónico, construidos desde el anonimato, la invisibilidad, la injusticia, lo cotidiano, el olvido, el cuerpo, la poética y el conocimiento, como aporte significativo al debate de las reivindicaciones de género como factor indisociable del derecho a la ciudad.

Las Jornadas se presentan, así, como una ocasión perfecta para deconstruir la vigente idea de las ciudades como elementos neutros y desconflictivizados. Porque no nos engañemos: la ciudad es el producto de una clase social, siendo engendrada, a su vez, por y para el hombre y, como tal, debe ser repensada mediante otras claves.

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La memoria de Barcelona

Fuente: Propia

Fuente: Propia

Artículo publicado originalmente el 30/09/2015 en el Periódico Diagonal.

La memoria de Barcelona

Entre las primeras, y más que nada simbólicas, medidas del Gobierno de Barcelona en Comú en la capital de Catalunya, podemos encontrar aquellas destinadas a cambiar el nombre de algunos emplazamientos –calles y plazas- que mantienen una relación directa con determinados y nefastos personajes, como Antonio López, o, incluso, con dinastías completas, como los propios Borbones, alejadas de los nuevos tiempos políticos que recorren la ciudad.

Como no podía ser de otra manera, esta cuestión ha levantado ampollas inmediatas en determinados grupos sociales. De este modo tenemos, desde los que consideran que existe una sobredimensión simbólica de determinadas instituciones -como el propio Ajuntament-, pasando por los que aprovechan para englobar esta dinámica dentro del propio Procés, hasta aquellos que piensan que el actual nomenclátor refleja una parte de la historia de Barcelona y, como tal, habría que respetarla. Sin duda, si algo evidencian estos pareceres es el inherente carácter conflictual de la realidad urbana; un carácter que, en esta ocasión, se manifiesta a través de los símbolos que pueblan su entramado.

Y es que lo que se está cuestionando es la propia memoria de la ciudad, una memoria construida desde y por el poder y cuyo papel sería, entre otras cuestiones, fomentar la adhesión a unos determinados valores y prácticas erigidos desde dicho poder a través de la (re)construcción de la memoria colectiva local. Sin embargo, contra dicha memoria, que en Barcelona se identificaría con el urbanismo, el diseño, las nuevas tecnologías, lo multicultural y demás elementos exhibidos por la maquinaria memorística municipal, ya vienen, desde hace tiempo contraponiéndose la memoria de los perdedores, auténticas contramemorias o antimemorias vinculadas a hechos que, no por menos conocidos, serian menos importantes. En este sentido tendríamos la memoria cooperativista y obrera de Sants y Poblenou; la de la Rosa de Foc y el movimiento anarquista y revolucionario de buena parte de la mitad del siglo XX o aquella vinculada a la Barceloneta popular, con sus clubs de natación y su vida en la playa. Ni que decir tiene que la capacidad de influencia de unas y otras es ampliamente desigual, pues la primera contaría con el apoyo, el fomento y el interés de las propias instituciones y sus poderosos e interesados aliados de clase, mientras que la segunda sólo con el esfuerzo y la atención de sus propios actores y herederos. Memoria y antimemoria juegan en distinta liga.

Sin embargo, hete aquí que la presencia de una nueva fuerza política en el Ajuntament, con cierta trayectoria y vinculación con los movimientos sociales, abre la posibilidad de que esta memoria de los perdedores se abra paso en la Barcelona del siglo XXI. Si hace más de cien años, desde los poderes liberal-burgueses de la ciudad, se utilizó el nombre de las calles del recién estrenado Eixample para construir una Barcelona acorde a sus intereses industriales y culturales –de ahí que el nomenclátor esté plagado de referencias a ilustres industriales y autores de la Renaixença-, algo que, por otro lado, encajaba perfectamente en los aires regeneracionistas que campaban entre las élites del resto del Estado, ahora se presenta la oportunidad de darle la vuelta a la situación apostando por otras referencias, tradicionales unas, republicanas otras, acordes con una realidad bien distinta que existe, desde hace tiempo, en la ciudad.

El mismo derecho que asistió a los iniciales próceres decimonónicos en el diseño del entramado urbano de Barcelona, asiste ahora a los nuevos ocupantes del Ajuntament en su misión de cambiar dicha hegemonía. Sin embargo, Barcelona en comú ha comenzado jugando la baza de la memoria colectiva, pero gobernar una ciudad debería ser, sobre todo, un asunto de justicia.

Hay que ganar la batalla simbólica, pero también la social.

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Ni Grecia es Neo, ni Europa Matrix

Artículo publicado originalmente en el Periódico Diagonal el 14/07/2015

Ni Grecia es Neo, ni Europa Matrix

Por raro que parezca, es posible sacar algunas conclusiones de los hechos ocurridos recientemente en torno a Grecia del acercamiento realizado por la antropología –sobre todo funcionalista- a determinados rituales presentes en los (mal) llamados pueblos primitivos.

En algunos de los estudios realizados por ésta, los conflictos inherentes a toda sociedad eran presentados como complejas dramatizaciones rituales en las que, tras un proceso rebosante de componentes altamente emocionales, éstos eran presentados y exorcizados por un tiempo, el suficiente como para que el nivel de tensión descendiera, se superaran las contradicciones intrínsecas, así como los antagonismos, y el proceso volviera a comenzar. Todo en aras de la estabilidad de las estructuras sociales vigentes.

Y algo de eso hay en el caso griego. El Gobierno de Syriza, encabezado por Tsipras, comenzó a tensar la cuerda de las negociaciones con la Troika desde su elección hace ahora seis meses. Durante todo este tiempo hemos sido testigo del carácter claramente ritual de las acciones: continuas idas y venidas del Primer Ministro a Bruselas; reuniones de éste con próceres non gratos en Occidente; rumores de entrada de capital asiático en el Puerto del Pireo; amagos en el retraso de parte de la deuda; la aparición del mal encarnado en Merkel y el todopoderoso Schäuble; multitudinarias manifestaciones; referéndum populares; la llegada del Mesías e, incluso, su inmolación final en el altar de la democracia.

Las noticias de este fin de semana, la claudicación del Tsipras tras una interminable noche de negociaciones, supone el punto final del ritual. Tras la larga escenificación del conflicto ha llegado el momento de la paz, el cese de las hostilidades entre los grupos enfrentados y un nuevo comienzo. En el Parlamento griego se han reconfigurado las posturas, los opositores a la forma de encarar las negociaciones por parte de Syriza, así como algunas de sus medidas políticas, le han dado su placet en el acuerdo. Las viejas disensiones se apaciguan y, finalmente, todo parece seguir igual.

Sin embargo, tampoco hace falta recurrir a sesudos tratados antropológicos para explicar el resultado. El cine más reciente nos suministra pruebas mucho más didácticas. A modo de ejemplo, al final de la tercera entrega de Matrix, en una conversación con el Arquitecto, Neo se da cuenta de que ha sido utilizado. Matrix, el sistema, necesita de la esperanza encarnada en un Elegido para poder funcionar. Su inmolación reinicia el sistema y todo vuelve a su lugar. La película de los Wachowski bebe de las fuentes del milenarismo.

Sin embargo, tanto la explicación de Matrix como las aportaciones realizadas por la antropología funcionalista obvian una cosa: La evidencia irrefutable de que la realidad social no es estable per se, de que lo cambios no son sólo posibles, sino inevitables y la historia está llena de ejemplos de ésta dialéctica.

Lo que concierne determinar es quién será su protagonista. Si no ha sido Syriza, quizás sean otros los que personifiquen un dorado amanecer tras el ineludible nuevo ritual. Esperemos que no sea así.

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