Cabify y el unicornio del colonialismo interior

Fuente: eldiario.es

Este artículo fue publicado originalmente en el Diario Público el día 08/03/2019. También en catalán en el Diari Públic.

Cabify y el unicornio del colonialismo interior

En el ambiente de las start-ups, los business angel, las rondas de financiación y el resto de la neo-lengua vinculada al mundo de los negocios hay una expresión, un concepto, que se ha convertido en una meta, una aspiración, para muchos y muchas emprendedoras: el unicornio. Un unicornio es una empresa, generalmente una pequeña iniciativa, que alcanza una valoración de más de 1.000 millones de euros en el mercado. Esto no quiere decir que la compañía dé beneficios por valor de esa cantidad, o que haya creado riadas de empleos bien remunerados, o que pague cuantiosos impuestos en las arcas públicas del territorio donde se encuentra asentada. No, ser un unicornio no tiene nada que ver con eso. Un unicornio es una star-up que manifiesta la potencialidad de dar beneficios en el medio-largo plazo, es decir, de comenzar a generar dividendos para sus accionistas en un futuro más o menos cercano. Los 1.000 millones de euros de valoración son una estimación, una proyección elaborada desde el presente, del valor de la empresa según dicha potencialidad.

Los unicornios suelen ser compañías emergentes que dicen haber localizado nichos de mercado, productos o servicios, que, hasta ese momento, nadie había sido capaz de ver. Esta habilidad para encontrar nuevas posibilidades para la reproducción ampliada del capital es, además, normalmente proyectada sobre nuestro imaginario como algo realizable sólo con esfuerzo y tesón. Son conocidos mundialmente los casos de los creadores de Airbnb en su apartamento de San Francisco o el propio Jeff Bezos abandonando su puesto en un hedge fund –otro palabro- para crear, de la nada, Amazon. Ahora bien, muchos de estas exitosas iniciativas tienen poco que ver con profundas investigaciones que vengan a solventar las necesidades o los problemas de la vida cotidiana de las personas, y mucho con indagar sobre los resquicios, las zonas oscuras, los límites y la flexibilidad de la normativa actual, aprobada de forma democrática por las distintas instituciones, la cual rige el funcionamiento de los mercados en nuestras sociedades. Su éxito está basado, precisamente, en ser capaz de surfear la regulación vigente y presionar, en caso de que sea necesario, a las instancias políticas para que éstas modifiquen la legislación que les afecta, en su favor. Se trata de un puro colonialismo interior; un proceso según el cual la asignación y distribución de recursos, así como las relaciones en el ámbito social y productivo, se realiza bajo criterios análogos a los de una colonia, esto es, bajo un régimen de explotación.

En el Estado español tenemos un único unicornio: Cabify. Esta plataforma tecnológica de movilidad está valorada, actualmente, en torno a los 1.400 millones de euros. Sin embargo, la recién aprobada legislación en torno a su funcionamiento por parte de la Generalitat de Catalunya hizo que la empresa abandonara, con profunda pena y una gran proyección mediática, el territorio catalán. El Gobierno de Catalunya había actuado separando, mediante un Decreto, claramente el modelo de negocio de las licencias VTC, en el cual está basado Cabify, y el de los tradicionales taxis, de forma que, a partir de su publicación y entrada en vigor, sería necesario un periodo mínimo de 15 minutos de antelación para solicitar sus servicios, además de otras cuestiones. El Decreto permitía, además, a los diferentes niveles administrativos municipales, ampliar, si así lo consideraban, esos 15 minutos. De esta forma, el Área Metropolitana de Barcelona elevó el periodo de tiempo hasta la hora, manifestando, aún más, su intención de separar ambos tipos de actividad económica.

El abandono de su actividad en Catalunya, por parte de Cabify, ha durado poco. Este jueves 7 de marzo ha anunciado la vuelta a sus carreteras, solo que, de nuevo, estirando la interpretación del Decreto catalán. La justificación de Cabify, en este caso, es que la firma de un contrato por un año con cada uno de los clientes la primera vez que se soliciten sus servicios, les eximiría de respetar los límites de 15 o 60 minutos exigidos por la normativa, en las siguientes solicitudes.

El unicornio Cabify es solo un ejemplo, pero podríamos citar más –Glovo y Deliveroo aprovechándose de sus trabajadores supuestos autónomos, Airbnb y el turismo neighbor friendly y sus efectos sobre los incrementos del precio de la vivienda, etc.- forman parte del mismo tipo de iniciativas; aquellas sólo buscan conseguir la multiplicación exponencial de las plusvalías a costa de romper las costuras del modelo económico actual, es decir, tratando a sus ciudadanos como colonos interiores.

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Jóvenes y vivienda: una cuestión de clase

Fuente: eltambor.es

Este artículo fue publicado originalmente en catalán en la revista Papers de Joventut 137. Podéis consultar el artículo original en el siguiente enlace.

Jóvenes y vivienda: una cuestión de clase

El pasado mes de diciembre, el diario El País publicaba un artículo con el título “‘Viejenials’: el gran negocio de disfrutar la vejez” (López, 2019). En este se daban a conocer algunos datos interesantes. Por ejemplo, España aparecía como el segundo país, a nivel global, en esperanza de vida, únicamente superado por Japón. Además, se mostraba como, según las últimas estimaciones realizadas, desde 1840 la esperanza de vida se estaba viendo incrementada en 2,5 años cada década, lo que supondría que, en 2050, la población española llegaría a 91,5 años de media. El periodista señalaba como esto supondría todo un handicap para los sistemas sanitario y de pensiones públicos, ya que, actualmente, los mayores de 64 años ya supone el 19% de la población. Sin embargo, el artículo no quería mostrarse pesimista, al menos con la situación actual de nuestros mayores. Más bien, señalaba la enorme oportunidad que esto suponía para… hacer negocios. Sí, porque tal y como subrayaba uno de los expertos citados en el artículo, “la creciente longevidad, gestionada adecuadamente, es el baby boom que buscamos desesperadamente, si es que no es mejor aún: es el greyny boom“, para luego añadir “es cómo aprovecharemos el maná de la longevidad y no con sobornos para que las parejas tengan más hijos (…), es más eficaz deshacerse de la tiránica barrera de los 65 años [en la edad de jubilación] que fomentar la natalidad para que los jóvenes nos pagan las pensiones “(sic!). El texto continuaba aportando datos y realizando valoraciones supuestamente técnicas sobre la enorme oportunidad que podría llegar a suponer el hecho de contar con una sociedad envejecida. Sin embargo, en una lectura desde el otro lado de la pirámide poblacional sería posible sacar unas conclusiones no tan favorables. La primera de ellas sería que, según este relato, el futuro de nuestros jóvenes parece pasar por una especie de gerontoeconomía, es decir, todo un sector productivo dedicado a la gente mayor. Mientras que, por otra parte, las políticas de mejora de las oportunidades y calidad de vida para las nuevas generaciones aparecen como simples “sobornos” y el retraso progresivo en la edad de jubilación podría suponer un nuevo obstáculo en las oportunidades laborales los trabajadores y trabajadoras jóvenes.

Pocos días después, el mismo diario publicaba otro artículo aparentemente sin relación con la anterior: “La desigualdad en patrimonio aumenta y lastra a los jóvenes” (Maqueda, 2020). El panorama que mostraba era desolador. A la evidente fractura social existente en España, acentuada después de la mal llamada Gran Recesión de 2008, la cual había aumentado de forma notable las diferencias de renta entre clases sociales, se sumaba una brecha generacional que estaba situando precisamente a los más jóvenes como protagonistas destacados de la desigualdad. Es decir, ser pobre hoy es, en gran medida, ser joven. Así, si en 2014, el 20% de los hogares más ricos poseía 15 veces más renta que el 20% más pobre, sólo tres años después, en 2017, esta distancia había aumentado hasta 28 veces, casi el doble. Y, aunque el texto señalaba cómo los salarios estaban recuperando, muy lentamente, los niveles previos a la crisis -evidentemente, no en todos los grupos de edad y clase-, no estaba pasando lo mismo con el patrimonio, representado éste, de manera fundamental, por la vivienda. En cuestiones patrimoniales, la Encuesta Financiera a las Familias, informe elaborado por el Banco de España (2017), situaba, para este año, a aquellos hogares con jefes de familia menores de 35 años con una riqueza media neta de 5.300 euros, mientras que, en 2011, el mismo grupo de edad contaba con 71.600 euros de riqueza, es decir, un descenso de hasta 13,5 veces en el intervalo de sólo siete años. La incapacidad de los hogares jóvenes para ahorrar, dados los mencionados insuficientes niveles salariales, y la tipología de empleo creado, imposibilitaría a los jóvenes el acceso a la vivienda en propiedad, lo que se manifiesta en importantes desigualdades en renta y patrimonio. Los intereses de las grandes compañías inmobiliarias se encuentran centrados en volver al mítico pasado donde el ladrillo era fuente de ingentes plusvalías, pero la realidad tozuda se empeña en lo contrario.

Si nos centramos en el mercado de alquiler, la situación tampoco es mucho mejor. En ciudades como Madrid o Barcelona, ​​donde la media de la renta mensual del alquiler se sitúa, respectivamente, en torno a los 819 y 769 euros según Hacienda -casi 1.000 euros para Barcelona, ​​según otras fuentes (Castán, 2020)-, el 49,9% de los jóvenes entre 16 y 24 años cobra únicamente 1.047 euros, mientras que, si consideramos el grupo comprendido entre los 25 y los 34 años de edad, este porcentaje se sitúa en el 24,5% (Cinco Días, 2019). Es evidente que esto, a simple vista, imposibilita la más elemental vida con dignidad. De este modo, si no se da pronto una contundente intervención pública, nos arriesgamos a que generaciones completas tengan muy difícil acceso a la vivienda y, por tanto, un futuro menos desigual. Y esta urgencia viene prescrita porque, entre otras cuestiones, las dinámicas de concentración de la propiedad inmobiliaria se están acelerando; sólo las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI), vehículos de inversión que gozan de exención fiscal a cambio de repartir todo su dividendo, por el que sí tributan sus perceptores, cuentan ya con un patrimonio de 50 mil millones de euros, más de un 4% del total del PIB español (Aranda, 2020), lo que hace muy difícil intervenir en su contra.

En definitiva, el futuro de nuestros jóvenes pasa por situar en primer plano unas necesidades que son compartidas por otros grupos etarios pero protagonizadas por estos. Así, es obligatorio diseñar e implementar políticas públicas que sitúen su problemática en el centro de la esfera pública, lo que, en relación con la vivienda, pasa por constituir un gran parque de vivienda social al servicio de las necesidades generales de la población -tenemos hasta 10 veces menos vivienda social que otros países de Europa-, pero también para mejorar un sistema productivo que, hasta este momento, sólo está ofreciendo salarios de miseria a consecuencia del proceso de reestructuración productiva convertido durante la última década.

Bibliografía

Aranda, J. L. (2020) Las socimis ya controlan 50.000 em activos. El País. Recuperat de https://elpais.com/economia/2020/01/02/actualidad/1577990877_861126.html?ssm=TW_CC

Banco de España (2017). Encuesta Financiera de las Familias 2017. Métodos Resultados y Cambios desde 2014. Banco de España. Madrid.

Castán, P. (2020). Alquilar un piso en Barcelona ya supera los 1000 euros de media. El Periódico. Recuperat de https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20200103/alquilar-piso-barcelona-ya-supera-los-1000-de-media-7792710

Cinco Días. (2019). El 50% de los jóvenes cobra menos de 1.047 euros. Cinco Días. Recuperat de https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/08/economia/1573211572_933439.html

López, S. (2019). ’Viejenials’: el gran negocio de disfrutar la vejez. El País. Recuperat de https://elpais.com/economia/2019/12/13/actualidad/1576232831_768222.html

Maqueda, A. (2020). La desigualdad en patrimonio aumenta y lastra a los jóvenes. El País. Recuperat de https://elpais.com/economia/2020/01/05/actualidad/1578240036_472293.html

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Vecin@s en peligro de extinción

Esto es el extracto final del artículo “Vecinos en peligro de extinción. Turismo urbano, movimientos sociales y exclusión socioespacial en Barcelona” publicado por la Revista PASOS.

Conclusiones

A lo largo de los anteriores párrafos he intentado demostrar que los movimientos sociales urbanos no son ajenos a las dinámicas de acumulación del capital que, bajo el neoliberalismo, han tomado la ciudad como uno de sus principales nichos de actuación. Ya sea mediante la confrontación de auténticos frentes de clases, siguiendo la concepción marxista más clásica adoptada por gente como Jean Pierre Garnier (2017), ya mediante una influencia indirecta que se manifestaría a través de dinámicas consideradas bajo el prisma de una exclusión socio‑espacial –precarización laboral, incompatibilidades sociales e ideológicas, etc. ‑ las, actividades de movimientos como la plataforma #EnsPlantem no obviarían en ningún momento esta consideración, suponiendo una respuesta tanto a nivel de acción directa, como discursivo.

Ahora bien, la contestación de la plataforma del Poblenou contra el fenómeno del turismo coincide en el análisis de las consecuencias finales del mismo, esto es, el incremento del precio de la vivienda, los cambios en la fisionomía tradicional del barrio y las consecuentes tendencias de desplazamiento socio‑espacial, aunque éstas vendrían a sumarse a las ya generadas por anteriores proyectos urbanísticos, no pudiendo achacarse las mismas, en solitario, al turismo. Quedaría por dilucidar si los próximos pasos de #EnsPlantem acabarán por abarcar también dicha cuestión.

Por otro lado, hay que destacar que dicho análisis no ha caído, hasta ahora en relatos turismofóbicos, más cercanos al fenómeno NIMBY que a consideraciones de tipo material, que sí se han visto en plataformas de barrios cercanos.

Por último, destacar la importancia de este tipo de movimientos, así como sus acciones, para la consecución de cambios en el poder urbano actual. Como me dijeron Clara y Robert, dos de las personas que participan en la plataforma, en una de las asambleas a las que pude asistir: “No se han cumplido al 100% nuestras expectativas. Si acaso hemos alcanzado el 60‑70%, así que no podemos verlo todo de color de rosa, que tenemos que seguir con las acciones en la calle […] tenemos que hacer cosas, hacerlas entre todos.

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Grandes eventos en Barcelona, una cuestión de clase

Fuente: publico.es

Este artículo fue publicado originalmente en el diario Público el pasado día 03/04/2019 y en catalán en el diario Públic el 02/04/2019.

Grandes eventos en Barcelona, una cuestión de clase

Todavía no ha comenzado la campaña electoral y los distintos candidatos empiezan a mostrar parte de sus programas. Entre las medidas más llamativas se encuentra la celebración de una nueva olimpiada, por parte de Manuel Valls, o una Exposición Universal, esto de la mano de Collboni. Para un sector de los estudios urbanos, decir que Barcelona es una ciudad que ha crecido a golpe de mega evento se ha convertido en parte del relato hegemónico sobre el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, parece indudable que la celebración de grandes acontecimientos de tipo cultural, artístico, religioso o deportivo ha formado, y forma, parte del adn de la ciudad y de la forma que tienen de entender ésta sus dirigentes.

Echando un ojo a la historia reciente de Barcelona, el primero de los eventos dignos de mención sería la celebración de la Exposición Universal de 1888. Aún es posible notar su presencia en la ciudad: desde el Arc de Triomf hasta el propio Parc de la Ciutadella, pasando por el Passeig de Lluis Companys como gran arteria urbana contemporánea. La idea de celebrar este tipo de exhibiciones había nacido en 1851 en la Inglaterra de la Revolución Industrial y el despegue capitalista cuando la, cada vez más consolidad, burguesía inglesa decidió exhibir su enorme poder a través del despliegue de una Gran Exposición de los Trabajos de la Industria de Todas las Naciones. Barcelona fue la siguiente ciudad en acoger un acontecimiento de tales características, no en balde, la capital de Catalunya llegó a alcanzar una enorme concentración de actividad industrial, de forma que parte de su entramado urbano fue conocido como el Manchester catalán.

El siguiente evento destacable es la organización de la Exposición Internacional de 1929. En esta ocasión, la transformación alcanzó parte de la montaña de Montjuïc. La Plaza de Espanya o las actuales instalaciones de la Fira de Barcelona, entre otras, son hijas de aquel momento. La enorme cantidad de población de otras partes del Estado que había acudido a trabajar en la industria de Barcelona o en la construcción del Metro, además de en la propia Exposición, y que ocupaba, con sus infraviviendas, parte de aquella zona, se vio desplazada, entre otros, a barrios de nueva creación, como Bon Pastor, con el consecuente obtención de enormes plusvalías mediante la generación de procesos especulativos que beneficiaron enormemente a los prebostes locales con conexiones con el poder del Estado.

La ciudad habría de esperar a después de la Guerra Civil, en concreto a 1952 y al Congrés Eucarístic, para poder celebrar su siguiente gran acontecimiento. Con él, las élites franquistas buscaron cierto reconocimiento internacional, así como, de nuevo, transformar parte de la ciudad. Las inversiones se centraron, en esta ocasión, en la apertura de las Avenidas Príncipe de Asturias y Josep Tarradellas, y en monumentalizar parte de la Gran Via y la actual Plaça Francesc Macià. Se creó, también, un nuevo barrio: el actual Congrés i els Indians, en el Distrito de Sant Andreu.

Sin embargo, nada de esto podría compararse al evento de los eventos, la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992. Aunque la idea de llevar a cabo una celebración de tal dimensión ya había pasado por la cabeza del exalcalde franquista Josep Maria de Porcioles –el cual había llegado tarde a la fiesta del Congrés Eucarístic-, hubo que esperar a la llegada de la democracia y a la legitimidad que esta otorgaba a las nuevas instituciones y poderes locales para poder desplegar tan enorme metamorfosis de forma desconflictivizada. Hoy día no es una exageración decir que existe una Barcelona de antes y después del 92. La ciudad, que abrió sus puertas al mar y fue capaz de poner en marcha una serie de potentes e importantes infraestructuras, como las Rondas, creó también un nuevo barrio, la Vila Olímpica, epítome del anti-tejido urbano y representante manifiesto de aquello que se ha venido en denominar ciudad dormitorio. La zona, actualmente, cuenta con una de las rentas familiares disponibles más altas de Barcelona, a gran distancia de barrios vecinos como el Besòs, del mismo Distrito. La deuda generada por la celebración de las Olimpiadas, de más de 5.500 millones de euros de presupuesto y financiado en un 66% por las administraciones públicas, principalmente, el Ayuntamiento y el Estado, no se acabó de pagar hasta el año 2009, es decir, más de 17 años después de su celebración, con el consiguiente apalancamiento y restricción de inversiones necesarias a nivel local.

Y eso sin sumar la ruina que supuso el Fòrum de les Cultures, enorme inversión en cemento y hormigón que ha dado lugar a una de las zonas de menos intensidad de uso de la ciudad: la Zona Fòrum. Sin embargo, la actuación sirvió para romper con la consideración de Barcelona como una ciudad consolidada, quebrar la continuidad de su entramado y crear un nuevo, elitista y diferenciado barrio en la ciudad, Diagonal Mar, además de intentar esconder, tras una nueva fachada urbana, barrios como La Mina.

Los proyectos de renovación y planificación urbana implementados como origen y resultado de la celebración de estos eventos manifiestan, además, otra característica: que la historia urbana de esta ciudad es, principalmente, la de unas élites, políticas y económicas, que han tratado de moldearla a su imagen y semejanza. Cualquier intento de dividir su historia urbanística, al menos la más reciente, en etapas más o menos consistentes –con fabulosos pasados de urbanismo progresista incluidos- o en función de la escala de la intervención, choca con el evidente carácter de clase de estas grandes transformaciones, las cuales han ido ahondando en las diferencias y desigualdades de los diferentes grupos sociales que conforman la ciudad. Barcelona es, cada vez más, un mosaico social y espacial, entre otras cuestiones, debido a estas intervenciones.

Por eso, cualquier propuesta de celebración de un mega evento –sea una olimpiada o una Exposición Universal- debe ser tomada con bastante cautela. Barcelona tiene enormes problemas –falta de vivienda asequible, bajos sueldos, saturación y privatización de espacios urbanos, etc.-, como para retomar dinámicas que abundarían en los mismos. No podemos olvidar que los grandes eventos en Barcelona han sido, y serán siempre, una cuestión de clase.

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Manifest: Contra el racisme, aquí i allà, acció i reflexió

Arran del brutal assassinat d’en George Floyd a Minneapolis, la campanya de protestes contra el biaix racial que acostuma a adoptar la violència policíaca als Estats Units –i no únicament allà, penseu en els casos recents de Sant Feliu Sasserra o Premià de Mar– ha derivat en una onada global d’indignació que pren els símbols més il·lustres del projecte colonial com a diana. Res no és casual, res no és gratuït. Richmond, Bristol, Houston, Londres, Miami o Anvers ja han experimentat accions iconoclastes contra les imatges de reis, conqueridors i altres protagonistes d’una vasta estructura de dominació de la qual el comerç d’esclaus cap al continent americà va ser-ne la manifestació més deshumanitzadora.

De de l’Institut Català d’Antropologia ens afegim a aquest moviment manifestant la nostra solidaritat amb les protestes que sovintegen arreu, com també la nostra comprensió respecte a les agressions que estan rebent les estàtues que commemoren la discriminació i l’oprobi colonials. I ho volem fer tot assenyalant que creiem arribat el moment d’encetar un debat públic, serè, sobre el sentit d’aquestes figures també als nostres espais públics, un debat que comprometi la ciutadania oferint-li tota la informació necessària per tal que pugui jutjar l’oportunitat de mantenir, o en cas contrari enderrocar, les imatges de personatges que encarnen una història tèrbola i complexa. Si les nostres administracions es mostren obertes a assumir un repte que en aquests moments trobem inajornable, que no tinguin cap dubte que les antropòlogues d’aquest país hi participarem amb esforç i responsabilitat.

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Gentrificación en el corazón de la excepción sueca

Fuente: Propia

Artículo publicado originalmente en El Salto, el pasado día 17/10/2017

Gentrificación en el corazón de la excepción sueca

“Recuerdo cuando un día, un amigo mío que trabajaba como camionero me dijo, ‘oye, se ha mudado a mi bloque un tipo que, me dicen, es presentador de televisión’. Ambos nos extrañamos, ¿quién vendría a vivir a un sitio como Södermalm, lleno de antiguas fábricas y viviendas obreras? Más tarde nos enteramos de que un músico muy popular también había comenzado a vivir en el barrio. Y una periodista… Un continuo goteo de gente conocida y con recursos. Así comenzó todo”. El relato de Toni sobre la reciente historia de la isla de Södermalm, en Estocolmo, forma ya parte de los cánones de los procesos de gentrificación que han vivido –y viven- muchas de las grandes ciudades de Europa y Norteamérica, aunque también en América del Sur y Asia. Sin embargo, este caso cuenta con una característica añadida: Estocolmo es la capital de Suecia, el paradigma del Estado de bienestar y la socialdemocracia, la excepción sueca.

Al comienzo de la década de los 90, la vivienda en alquiler en Suecia suponía un 57% del total. De este porcentaje, un 22% se encontraba gestionado por la administración, principalmente local, a través empresas públicas; el 16% formaba parte del sector cooperativo y un 18% pertenecía al sector privado. Para el año 1992, Suecia invertía en políticas de vivienda un 4,10% de su Producto Interior Bruto (PIB) cuando, a modo de comparación, España solo dedicaba a ello un 0,98% un par de años antes. Tal y como recogían diversos informes europeos (European Parliament, 12/1996), la política de vivienda sueca se caracterizaba, junto a la de los Países Bajos y el Reino Unido, por una intensa intervención estatal, contando con el sector de provisión de viviendas públicas de alquiler más extenso de la Unión Europea (UE), y niveles de inversión superiores al 3% del PIB.

Sin embargo, la crisis económica que vivió el mundo a comienzos de la citada década y la necesidad de cumplir los criterios de convergencia fijados por el Tratado de Maastricht, unidos al cambio ideológico general sufrido tras la caída del Muro y la desintegración de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), llevaron a Suecia, entre otros, a emprender un potente y dirigido proceso de reestructuración general. El cambio llegó a Suecia para quedarse con la victoria del Partido Moderado, liberal de centro-derecha, el cual gobernó entre los años 1991 y 1994 e introdujo cambios fundamentales en las políticas socialdemócratas tradicionales: recortes de impuestos, disminución en el gasto público, cheques-escolares, privatizaciones parciales en el sistema de salud, la liberalización del mercado de las telecomunicaciones y la energía, así como la privatización de grandes empresas públicas. Cuando los socialdemócratas volvieron al poder de la mano de Göran Persson, no solo no revertieron dichas políticas, sino que abundaron en ellas.

En relación a la vivienda, los sucesivos gobiernos suecos promovieron una notable expansión de la propiedad, redujeron las ayudas al alquiler y fomentaron y liberalizaron el mercado hipotecario, algo que facilitó las condiciones de acceso a la financiación, sobre todo mediante las consecuentes reducciones de los tipos de interés resultado de la convergencia europea. En lo referente al sector público de alquiler, se pusieron en marcha políticas de privatización y reformas legales que permitieron, a modo de ejemplo, transformar las empresas municipales sin ánimo de lucro en ordinarias empresas capitalistas. La vivienda pasó, de este modo, de suponer como señala David Harvey en el artículo adjunto, “un techo sobre tu cabeza, un buen lugar, rodeado de gente agradable”, a una simple mercancía en manos del capital local e internacional.

El proceso relatado por Toni comienza justo entonces, a finales de los 90, cuando Södermalm, tras un periodo inicial en el que sus antiguos edificios y calles -rastros de un pasado industrial- habían atraído a colectivos de artistas y representantes de la contracultura local, pasó a convertirse en un área con fuerte presencia de clases medias y altas, bohemios y miembros de las clases creativas que pueblan sus galerías, calles peatonalizadas y terrazas con privilegiadas vistas al Báltico y sus islas. Un simple paseo por Södermalm muestra, además, como su paisaje urbano ha cambiado. Las antiguas tiendas han dado paso a franquicias de conocidas cafeterías y tiendas de productos naturales y bioresponsables, además de agencias inmobiliarias que muestran pisos de 56m2 y una sola habitación a 4,39 millones de coronas, unos 450 mil euros al cambio actual.

El caso sueco demuestra que el desplazamiento socio-espacial, la gentrificación, solo es posible mediante una intervención estatal que, a veces, puede llegar al paroxismo. Este es el caso de aquellas políticas urbanas que emplean directamente la intimidación, el mobbing o la violencia simbólica con el objeto de forzar el destierro de una parte de su población, como en el caso de la ciudad de Landskrona, una ciudad de tamaño medio del sur de Suecia donde el alcalde ha llegado a realizar declaraciones en la prensa –Sydsvenskan, 23/09/2012- pidiendo a los inmigrantes y los receptores de ayudas sociales que se marchen de la ciudad.

Actualmente, el país se encuentra en una situación controvertida. Las políticas emprendidas han conllevado una importante reducción en la producción de vivienda nueva a pesar de la alta demanda existente. Las medidas destinadas a suplir las necesidades están basadas en el fomento del mercado a través de la agilización de los procesos de planificación y gestión urbanística, ayudas a los constructores privados de viviendas, etc. Sin embargo, los precios continúan altos, los inquilinos de alquiler público, siguiendo una lógica aplastante, se niegan a abandonar sus viviendas, aunque muchos se han subido al carro de la privatización.

Tal y como me recordara Toni, “la vieja socialdemocracia sueca no existe, acabó con la liberalización de capitales”. En definitiva, posiblemente estemos antes el fin de la excepción sueca.

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Los olvidos del derecho a la ciudad

Los olvidos del derecho a la ciudad

Reseña del libro: Apropiaciones de la ciudad. Género y producción urbana: la reivindicación del derecho a la ciudad como práctica espacial. María Gabriela Navas Perrone y Muna Makhlouf de la Garza (Coords.). Pol·len Editorial, 2018

Publicada en la Revista de Antropología Social

El “derecho a la ciudad”, término acuñado por Henri Lefebvre en 1968 pocos meses antes del mayo francés, parece estar viviendo una nueva primavera. No es exagerado decir que su uso se ha vuelto casi cotidiano en medios de comunicación y debates políticos y académicos. Así, desde hace un tiempo es frecuente encontrar, incluso, alusiones reiteradas a este concepto entre aquellos y aquellas antiguas activistas que hoy se encuadran en los conocidos como “nuevos municipalismos” (Mansilla, 2017).En lo que respecta al Estado español, debido a las características propias de su marco competencial y de acción administrativa, el derecho a la ciudad tiene su principal campo de aplicación y batalla política entre los movimientos sociales urbanos (MSU) (Castells, 1997), así como en Ayuntamientos y corporaciones locales. Los ejemplos de su instrumentalización en ciudades como Barcelona y Madrid son elocuentes en este sentido. Así, en el Manifiesto de apoyo a Barcelona en comú, publicado en vísperas de las elecciones municipales de 2015, el derecho a la ciudad venía explícitamente recogido cuando se mencionaba que las ciudades se habían convertido en “un escaparate al servicio de las políticas neoliberales que dificultan la vida y la convivencia en la ciudad.[Poniendo] en riesgo el derecho a la ciudad de los vecinos y vecinas”[1]. Esta alusión directa no fue tan expresa en el programa de Ahora Madrid[2], la candidatura municipalista que actualmente gobierna la capital de España. Sin embargo, ésta si recogía algunos elementos vinculados a la concepción catalana del término. Expresiones como “vecinos y vecinas”, “ciudad al servicio de los intereses de unos pocos” o“convivencia” aparecían recogidos aquí y allá en las propuestas madrileñas. Algo común también a ambas candidaturas fue el hecho de dejar de lado en sus documentos expresiones que, tradicionalmente, se habían venido usando desde la izquierda para calificar las prácticas de gobernanza municipal de las últimas décadas. Así, términos como“capitalismo”, “neoliberal/neoliberalismo” (con la excepción arriba señalada) o “clases sociales” fueron aparcadas en aras de una aproximación pragmática centrada en los problemas directos de una ciudadanía[3] siempre presente.

En relación a esto, últimamente están apareciendo, desde la antropología, artículos y libros que abordan la cuestión desde una perspectiva amplia y no exclusivista que incorpora, además, las miradas de ciencias como la sociología o la geografía humana e, incluso, el urbanismo y la arquitectura. En relación a esto, la obra compilatoria Apropiaciones de la ciudad. Género y producción urbana. La reivindicación del derecho a la ciudad como práctica espacial viene a poner sobre la mesa dos cuestiones fundamentales: por un lado, el marcado carácter anticapitalista del concepto original lefebvriano, algo que tanto los relatos mediáticos como las visiones más institucionales parecen olvidar, y, por otro, la patente desigualdad que viven las ciudades, no solamente en relación a cuestiones vinculadas con la clase social, sino también a variables como el género, las expresiones no heteronormativas de sexualidad o los grupos sociales racializados; elementos estos que desenmascararían la concepción tradicional del derecho a la ciudad como fenómeno aplicable a un supuesto ciudadano modelo, individuo neutro e indiferenciado. Pero vayamos por partes.

Ya el prólogo escrito por Danielle Provansal se cuestionan elementos clave del pensamiento urbano actual que han sido aceptados de forma acrítica por gran parte de la academia[4]. Definiciones como la de “espacio público”, esto es, aquel espacio de y para la ciudadanía, lugar de encuentro y metáfora democrática, pero también de reconocimiento social y de poder, que, entre otras cuestiones,ocultaría ciertas dicotomías que le acompañan indefectiblemente, como la división entre espacio público y espacio privado. Para Provensal, aceptar esta segmentación supone naturalizar la actual jerarquía existente en las relaciones entre géneros, manteniendo el primero como ámbito por excelencia del hombre y situando a la mujer como reina del segundo.

A denunciar la apropiación institucional del derecho a la ciudad dedica María Gabriela Navas su capítulo introductorio. Para esta arquitecta y antropóloga, el recorte al que se ha sometido a este derecho oculta la actual “economía política del urbanismo neoliberal” (Navas, 2018: 28) y trastoca completamente la visión original de Lefebvre del derecho a la ciudad como “derecho a la vida urbana” (Lefebvre, 1978: 138)[5], esto es, a la prevalencia del valor de uso sobre el valor de cambio. Esta consideración parece legitimar, además, aquello que Laurence Coste denominó como la insalvable “gestión despolitizada y tecnocrática” (2012: 12) de la ciudad, de forma que afianzaría el discurso del fin de la Historia (Fukuyama, 1992) y el ‘thereis no alternative’ thatcheriano.

Por su parte, María Rodó-de-Zárate realiza, desde una perspectiva interseccional, una aproximación teórica feministaa este derecho. Mediante la presentación de un estudio comparativo entre las ciudades de Manresa (Barcelona-España) y Ponta Grossa (Paraná-Brasil), la geógrafa catalana señala que la conceptualización tradicional del derecho a la ciudadparece olvidaraspectos clave como el espacio privado -por ser aquél donde se manifiestan de forma más evidente las relaciones patriarcales de poder-;  el derecho sobre el propio cuerpo sexualizado-a veces excluyente en determinadas prácticas de participación-; y elementos emocionales como el ‘estar bien’ en los espacios urbanos abiertos, el cual propone analizar mediante una metodología innovadora, los Mapas de Relieve de la Experiencia.

Los siguientes dos capítulos se circunscriben a la realidad ecuatoriana. En el primero de ellos, las miembros del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador hacen hincapié en la responsabilidad institucional de la República del Ecuador en la violencia ejercida sobre las mujeres. Y para ello señalan la inexistencia de fuentes de información veraz y asequible que permitan realizar un seguimiento y, por tanto, aplicar políticas que garanticen la seguridad y el ejercicio del derecho a la ciudad por parte de las mujeres ecuatorianas. Tras un periodo de reflexión y articulación con otras organizaciones de la sociedad civil del país, el propio Colectivo emprendió la tarea de elaborar una cartografía que permitiera mostrar aquello que han denominado la “Geografía del Feminicidio en Latino América” (Zaragozinet al, 2018: 90). Entre los apuntes teóricos planteados destaca el uso de una terminología considerada más adecuada para subrayar la mencionada desatención y corresponsabilidad por parte del Estado en la violencia ejercida sobre las mujeres[6]. El segundo de los capítulos con protagonismo ecuatoriano pone su foco sobre la realidad cotidiana que padecen parte de las vendedoras callejeras de la ciudad de Quito. Tras una serie de políticas de carácter neoliberal implementadas en el país durante la década de los 80′ y los 90′, el tan recordado Consenso de Washington (Stiglitz, 2003), gran cantidad de mujeres se vieron empujadas a buscar el sustento familiar como comerciantes informales en las calles y plazas de las principales ciudades del Ecuador. Sin embargo, en el caso de Quito, la determinación del Gobierno local por hacer que la ciudad pasara a ser considerada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO conllevó, además, una serie de medidas punitivas e higienistas que acabaron, finalmente, por desplazar la informalidad que representaban estas mujeres más allá del centro histórico. Este auténtico UNESCOCIDIO (D’Erasmo, 2014) vivido por las vendedoras, las lleva a ocupar nuevos emplazamientos y a desarrollar novedosas formas de reciprocidad y ayuda mutua, ejemplo de las cuales representa la constitución de su propia agrupación de comerciantes, la Asociación Matha Bucaram, vehículo democrático y representativo que las empodera y las hace conscientes de su propia realidad frente a instituciones y otros colectivos.

A cómo las jerarquías en el uso del espacio comienzan a una edad muy temprana, y en lugares considerados inocuos, como los patios de las escuelas, dedica el equipo de la Asociación Equal Saree su capítulo llamado Espacios de juego y desigualdades de género en la infancia. A través una metodología de Acción Investigación Participativa, y un proyecto llevado a cabo en el colegio Joan Solans del municipio de Granollers (Barcelona), las autoras reflexionan sobre cómo la disposición física de los diferentes elementos que conforman el espacio del recreo de esta escuela conllevan profundas implicaciones de género. Así, las autoras denuncian hechos como que las principales y mayores áreas del patio se encuentren dedicadas a deportes competitivos, agresivos y activos, típicos de los niños, mientras que las niñas han de buscar ciertas áreas de carácter intersticial para poder desarrollar sus propias modalidades de juego, más tranquilas, con el agravante de que esto no se considera un efecto del propio diseño del espacio, sino como algo ‘natural’ y ‘consustancial’ a la propia realidad de ambos grupos. El trabajo realizado por Equal Saree muestra, además, la potencialidad que este tipo de investigaciones tiene a la hora de implementar medidas reguladoras y preventivas en aras de una mejor y más eficaz política de igualdad desde la Escuela.

El capítulo escrito por la antropóloga Helena Fabré también incide en la realidad de la diferenciación de género y el uso del espacio desde edades muy tempranas. Tomando como punto de partida una investigación previa dedicada a la desaparición de la fiesta de las hogueras de Sant Joan de la ciudad de Barcelona (Contijoch y Fabré, 2016), la investigadora barcelonesa subraya como esta cultura infantil, hoy desaparecida, era sobre todo masculina,delimitando el papel de las niñas a tareas de carácter secundario. La calle, por tanto, no es –y era- ese espacio público y neutral que nos señalan constantemente, sino uno desigual y subordinado para una parte muy importante de la población infantil, la femenina. De esta forma, en los días del #metoo y las huelgas feministas, Helena Fabré nos convida a recuperar cierta memoria de exclusión como elemento referencial de una lucha, la de la ocupación del espacio y, por tanto, del derecho a la ciudad para las mujeres, que todavía mantiene plena vigencia.

El último de los capítulos está dedicado a las nuevas formas de reivindicación del espacio público de parte del feminismo vasco. Tras un breve recorrido por la historia de dicho movimiento, la autora, Maribel Egizabal, centra su análisis en una serie de acciones llevadas a cabo por dos colectivos feministas específicos. El primero de ellos, con sede en el municipio vizcaíno de Portugalete, perseguía convertir un “espacio de temor” (Egizabal, 2018: 232) de la localidad, esto es, un área de escasa visibilidad e iluminación a determinadas horas del día, en otro plenamente accesible para las mujeres a través de medidas de recuperación del barrio, evitando aquellas de carácter securitario. En este sentido, la apuesta fue rescatar para la población aquel ‘ballet de las aceras’ (2011: 78) del que nos hablara Jane Jacobs.  En el segundo de ellos, la autora destaca las acciones desarrolladas por la Asamblea del Movimiento Feminista de Pamplona, la cual, mediante una serie de representaciones de alta carga performativa, pretendió realizar una impugnación colectiva a una situación que el colectivo consideraba generalizada: la sensación de inseguridad, así como las frecuentes agresiones sufridas por las mujeres durante la celebración de las fiestas, sobre todo en horario nocturno[7].

Para finalizar, este libro forma parte de la última línea de obras relacionadas con la antropología puesta en marcha por Pol·len Edicions y que se centran, principalmente, en cuestiones urbanas. Pese a algunas fallas de edición y corrección, el libro se presente como una oportunidad magnífica para recuperar un concepto, el derecho a la ciudad, aunque sin desnaturalizar su concepción original e incorporando una visión más amplia del mismo, teniendo en cuenta, sobre todo, que si no es un derecho para todos y todas, el derecho a la ciudad no dejará de ser exclusivo para una parte de la población y, por tanto, excluyente para el resto.

Bibliografía

Borja, Jordi. (2011). Espacio público y derecho a la ciudad. En VVAA, El derecho a la ciudad (pp. 139-164). Barcelona: Institut de Drets Humans de Catalunya.

Castells, Manuel. (1997).Movimientos sociales urbanos. Madrid: Ed. Siglo XXI.

Costes, Laurence. (2012). Del ‘derecho a la ciudad’ de Henri Lefebvre a la universidad de la urbanización moderna. Urban, sept.-feb.: 1-12.

Contijoch, Marta y Fabré, Helena. (2017).La ciutat de les fogueres. Els focs de Sant Joan i la cultura popular infantil de carrer a Barcelona. Barcelona: Pol·len Edicions.

Delgado, Manuel. (2016). Ciudadanismo. Una reforma ética y estética del capitalismo. Madrid: Ed. Catarata.

D’Eramo, Marco. (2014).Unescocidio. New LeftReview, 88: 52-59.

Egizabal, Maribel. (2018). Nuevas formas de reivindicación del derecho al espacio público desde el movimiento feminista. Haciendo frente a los lugares de temor. En Navas Perrone, M.G. y Makhlouf, M. (coords.) Apropiaciones de la ciudad. Género y producción urbana: la reivindicación del derecho a la ciudad como práctica espacial (pp. 217-252). Barcelona: Pol·lenEdicions.

Fuckuyama, Francis. (1992). El fin de la Historia y el último hombre. Barcelona: Planeta.

Jacobs, Jane. (2011). Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Capitán Swing.

Lagarde, Macelona (2006). Del femicidio al feminicio. Desde el Jardín de Freud, 6: 216-255.

Lefebvre, Henri. (1978).El derecho a la ciudad. Barcelona: Península.

Mansilla, José A. (2017). Los nuevos municipalismos y el fin de la Historia. Quaderns-e, 22(1): 1-4.

Navas Perrone, María Gabriela. (2018). La vida urbana como derecho a la ciudad. En Navas Perrone, M.G. y Makhlouf, M. (coords.) Apropiaciones de la ciudad. Género y producción urbana: la reivindicación del derecho a la ciudad como práctica espacial (pp. 25-44). Barcelona: Pol·len Edicions.

Stiglitz, Josepth. (2013).Los felices 90: la semilla de la destrucción. Barcelona: Taurus.

Zaragozin, Sofia. (2016).Interseccionalidad constituida en el Espacio. Escuela de Estudios de Género, Boletín Anual, 5: 40-48.

[1]Las cursivas son mías. Para más información sobre el ‘Manifiesto’ ver: https://barcelonaencomu.cat/es/manifiesto-de-apoyo. Sobre el programa electoral de Barcelona en común (BeC) ver: https://barcelonaencomu.cat/sites/default/files/programaencomun_cast.pdf. Es justo señalar que el programa de BeC sí recoge en una ocasión el término ‘clases sociales’ al referirse a los embarazos adolescentes (pág. 41).

[2] Para más información ver: https://ahoramadrid.org/ahora-madrid/programa/.  El Manifiesto por Madrid, publicado por el Observatorio Metropolitano, documento que actuó como base teórica-programática de una parte de lo que posteriormente fue Ahora Madrid, recoge en su última página “la gran oportunidad para reactualizar ese viejo ‘derecho a la ciudad’” (2009: 70)

[3] El antropólogo Manuel Delgado ser refiere a esta forma de actuar como “ciudadanista” (Delgado, 2016).

[4]Referentes intelectuales de los “nuevos municipalismos”, como Jordi Borja, vienen apostando desde hace tiempo por una visión del espacio público completamente desconflictualizada, presentando éste como “condición y expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos” (2011: 140).

[5]Para Pedro Jiménez-Pacheco, el derecho a la ciudad sería, más bien, la propia lucha por el valor de uso en el espacio urbano. Comunicación personal. Agradezco al Dr. Jiménez-Pacheco su aportación al debate sobre este tema.

[6]Así, se escoge el término fenimicidio, en cuentas de femicidio, por resaltar el primero la omisión del Estado (Lagarde, 2006)

[7]El desencadenante de ambas acciones, tanto la de Portugalete como la de Pamplona, fueron dos intentos de agresión a

mujeres. Habría que destacar, sin embargo, que ambas acciones se produjeron antes del conocido como ‘Caso de la Manada’, cuando una chica fue forzada y violada por un grupo de hombres el 7 de julio de 2016.

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Antropología, razas y COVID-19: la desinformación de un artículo de El País

Carta enviada al Defensor del Lector de El País en respuesta al artículo “No diga raza” de Javier Sampedro publicado el 13 de abril.

Este documento recoge las firmas hasta el día 4 de mayo, las firmas actualizadas después de ese día están disponibles en el enlace https://forms.gle/FRMKpAfMPdA72b4Z6

Antropología, razas y COVID-19: la desinformación de un artículo de El País

Como profesionales de la Antropología, desde la ASAEE (Asociación de Antropología del Estado Español) queremos llamar la atención sobre la necesidad de ser cautxs y dar una información muy precisa sobre la categoría “raza,” desterrada por los genetistas (y la Antropología) desde hace ya muchas décadas. El Sr. Sampedro no sólo no es cauto, sino que defiende el uso de esta categoría al tiempo que ridiculiza a quienes no la utilizamos en nuestros estudios científicos. El autor se descalifica a sí mismo afirmando, por ejemplo, que las personas de piel negra son buenos músicos de jazz debido a su exclusiva carga genética.

El artículo trata un tema importante, la vulnerabilidad al COVID-19 de la población hispana y afro-americana en Estados Unidos. Pero, para hacerlo, defiende la existencia de razas y critica a la Antropología porque “cambian raza por etnia y a seguir escribiendo tesis”. Cuestionar el término “raza” es imprescindible porque biológicamente no existen distintas razas y porque culturalmente sus efectos clasificatorios crean unas diferencias que se leen (como en la propia columna) en clave de superioridad y/o supremacismo racial con consecuencias nefastas.

Por último, nos parece completamente inexacta, desinformada y malintencionada la crítica que se hace a la Antropología. Sampedro se refiere a esta disciplina en tono caricaturesco y paternalista diciendo que sus profesionales “se pasan el día estudiando a tribus del Amazonas que no han tenido contacto con la civilización”. No, no nos “pasamos el día” con pueblos del Amazonas, y cuando lo hacemos, sin duda, no es para buscar “razas”. Este es un ejemplo más de un desconocimiento que el autor puede remediar si consulta la web de ASAEE (asaee-antropologia.org/antropologia/la-profesion) para ver la variedad de cosas que se hacen en Antropología.

En un momento tan difícil en el que la información veraz y contrastada es más necesaria que nunca, les pedimos que se contraste la información antes de publicar artículos como este, en el que se trasmite la idea de que “naturalmente” hay disciplinas superiores a otras y “razas” superiores a otras.

Para conocer el listado de firmantes, clica aquí.

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Los expertos son los nuevos sacerdotes

Fuente: elpaís.com

Si hay una palabra, un término que, estos días, ha adquirido notable relevancia, este es el de experto. Desde el Gobierno central se señala que la situación volverá poco a poco a la normalidad “cuando lo digan los expertos”. Cada día, esperamos frente al televisor, la radio, la prensa o el ordenador para ver, escuchar o leer la “opinión de los expertos”. Todos conocemos, en mayor o menor medida, los nombres de alguno de estos expertos. En un tiempo y un espacio sin fútbol, sin nuevas producciones musicales o cinematográficas, sin nuevas estrellas mediáticas, los expertos han tomado su lugar; estamos en sus manos, los expertos nos salvarán.

En la Introducción para la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, Marx nos señalaba cómo la reforma protestante iniciada por Lutero había “transformado los clérigos en laicos, porque ha convertido los laicos en clérigos. Ha liberado al hombre de la religiosidad extema, porque ha recluido la religiosidad en la intimidad del hombre. Ha emancipado al cuerpo de las cadenas porque ha encadenado al sentimiento.” Lo que el filósofo alemán nos quería aportar con estas palabras era que, con la desaparición del papel tradicional del sacerdote -el clérigo-, los individuos podían, por fin, relacionarse directamente con Dios, sin intermediarios. Así, habiendo liberado a la comunidad de creyentes de parte del poder terrenal de la Iglesia, la había emancipado, pero también dejado expuesta y desamparada sin una figura que pudiera, desde ese momento, interpretar y dar sentido a esta relación. Lo que Marx anunciaba era que Lutero, en cierta medida, había inaugurado la modernidad; una modernidad exenta de ritos y mediaciones que daría comienzo, como sería posible ver poco tiempo después, no solo al inicio de una novedosa forma de relación con lo sagrado, sino también al reinado de la razón, de la ciencia y la tecnología; a la era del hombre prescindiendo de Dios.

Sin embargo, este abandono de lo sagrado no trajo consigo una laicización total de la sociedad si no, más bien, todo su sustitución. Como bien señalara el antropólogo Josep Ramon Llobera en El Díos de la Modernidad, el ser humano encontró pronto nuevas deidades a las que venerar, como la nación, la democracía o la misma ciencia, las cuales vendrían acompañadas de la figura carismática del político, el pensador, el técnico.., el experto.

En estos momentos de confinamiento impuesto, tiempos de zozobra social, económica y social, de angustia sobre nuestro futuro, vemos como, quizás, nunca disfrutamos realmente de esa teórica emancipación. Nos hemos sometido sin mucho cuestionamiento a las restricciones implantadas por unos políticos que, además, se encuentran en manos médicos, biólogos, epidemiólogos, virólogos y otros tantos -logos que deciden sobre nosotros desde una aproximación supuestamente neutra, la ciencia, pero que como toda obra humana no deja de ser política. De este modo, estos expertos median entre nosotros y nuestro futuro, convirtiéndose en los nuevos sacerdotes.

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Respuestas al Cuestionario sobre Protesta Juvenil

Respuestas al Cuestionario sobre Protesta Juvenil del Grup de Recerca en Joventut, Societat i Comunicació (JOVIScom).

Durant el seminari es va parlar de la gran capacitat de mobilització que ha demostrat la joventut en moments puntuals, però també en la seva menor implicació en el treball diari d’organitzacions polítiques. Com s’explica que hi hagi grans mobilitzacions, si els agents polítics més estables són tan febles? Fins a quin punt això és un fenomen nou o més accentuat que en el passat? Quines diries que en són les causes principals?

Yo creo que si algo caracteriza este tiempo en el que vivimos es, precisamente, el de la disolución de las grandes estructuras clásicas que han dado sentido -y estructurado- el comportamiento de las sociedades capitalistas de las últimas décadas. Podemos discutir los motivos, pero yo soy de los que piensan que es precisamente el giro neoliberal del capitalismo el principal factor para explicar algo así. Este es un fenómeno que explicó Marx en su momento para analizar la emergencia del capital; para que éste se produzca fue necesario, previamente, acabar con otras formas de relacionarse, de producir, etc. El nacimiento del capitalismo se construyó sobre las bases de un momento anterior. Algo así pasa con las nuevas formas políticas: el triunfo de los últimos 40 años de neoliberalismo se deben, en gran medida, a la eliminación de los mediadores clásicos como actores políticos, sociales y económicos: los sindicatos, los partidos políticos, etc. Pero esto no significa que la conflictividad haya desaparecido, todo lo contrario, pero los modos de expresión son distintos. Colectivos más efímeros, más espontáneos, con menos ímpetu por alcanzar el “poder”, sea eso lo que sea, sino más bien centrados es esferas no institucionales. Un ejemplo de esto sería que la conflictividad urbana ya no tiene como escenario la puerta de las grandes instituciones (Generalitat, Estado. etc.) a la que reclamar cambios, sino otros lugares más simbólicos que están relacionados, más bien, con elementos representativos del mundo actual, las sedes de los bancos, de los hoteles, etc. Los movimientos sociales saben dónde está realmente ostentado el poder, y este no es en los diferentes niveles de la administración de lo público.

També es va parlar de l’aparició -sobretot en les protestes post-sentència- de formes de participació més disruptiva o violenta. La literatura coincideix a identificar un allunyament de la joventut respecte les formes de participació més institucionalitzades, creus però, que això va acompanyat també d’una tendència cap a integrar/legitimar repertoris de protesta més disruptius?

La excepción a lo que he comentado antes sería, precisamente, la sentencia del procés. Aquí, serían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aquellas instituciones contra los que se dirigió esta conflictividad, en este caso, representada por la Jefatura de Policía de Via Laietana, pero no otros lugares como la Delegación del Gobierno, etc. Si desaparecen los modos tradicionales de vehicular la conflictividad social y política, es normal que ésta se manifieste de manera altamente expresiva, mediante violencia de todo tipo, física, simbólica, etc. Todo está relacionado.

Un altra aspecte molt present en el debat va ser el creixent distanciament de la joventut amb les institucions polítiques i com la protesta permet vehicular la participació a part de la política institucional. Segons el teu punt de vista, perquè es produeix aquest distanciament? Fins a quin punt diries que aquest descontent amb les institucions comporta també un qüestionament més profund de la democràcia liberal com a sistema?

Creo que he respondido a esto en la primera pregunta. Sí, hay un vaciamiento de la democracia y sus formas tradicionales de institucionalización con el neoliberalismo. El Estado y sus diferentes instrumentos están deslegitimados en la misma medida que el propio capitalismo, ya que se han mostrado como elementos útiles a él, no a los intereses de la mayoría. Es por esto que surgen nuevas propuestas y alternativas, que se vieron más profundamente también durante el 15M, en torno a asociaciones y redes de ayuda mutua a nivel de barrio, etc.

En el seminari, els i les activistes també van posar de manifest la contradicció que hi ha entre aquest distanciament institucional i el fet que gran part de les demandes dels moviments socials necessiten que les institucions prenguin determinades decisions. Fins a quin punt creus que aquestes mobilitzacions són efectives per transformar la realitat que critiquen? Quin paper juguen les polítiques públiques?

Yo creo que los poderes públicos se mueven por la presión social. Es decir, si de algo sirven son, precisamente, para mover la actitud y la dirección de las políticas. Otra cosa es si es ahí donde, verdaderamente, reside “el poder”, o es en otros agentes, como bancos, empresas multinacionales, etc. Esto por un lado, por otro, lo que sí manifiesta este tipo de movilización es una tendencia a un cierto “cambio cultural”, es decir, a resignificar valores, actitudes, etc, que hasta este momento tenían una consideración distinta.

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