El Turó de la Rovira de Barcelona, ¿coherencia con el modelo de ciudad?

Fuente: Ajuntament de Barcelona

Este artículo fue publicado originalmente en el diario El Salto el día 06/08/2019.

El Turó de la Rovira de Barcelona, ¿coherencia con el modelo de ciudad?

En 2009, el Gobierno del entonces alcalde por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Jordi Hereu, aprobó el primer Pla Estratétic de Turisme de la Ciutat de Barcelona, con horizonte 2015. La iniciativa respondía a uno de los aspectos recogidos en el Pla d’Actuació Municipal (2008-2011): promover un modelo de turismo que potenciara el equilibrio entre residentes y turistas, preservando los valores de la ciudad. Entre sus tres principios básicos se encontraba una apuesta decidida por un tipo de turismo coherente con el modelo de ciudad; un equilibrio en la relación existente entre visitantes y turistas, y la búsqueda, bajo cualquier circunstancia, de la sostenibilidad social, económica, medioambiental y patrimonial de Barcelona. El Pla perseguía evitar los guetos y los barrios exclusivamente turísticos y apostaba firmemente por la cultura como eje vertebrador de la oferta turística.

A Hereu, y a su Gobierno de coalición con Iniciativa per Catalunya – Els Verds (ICV), no les dio mucho tiempo a ver como crecía y se desarrollaba su criatura, ya que en 2011, el PSC abandonaba, por primera vez desde la reinstauración de la democracia en 1979, la sede de la Casa Consistorial. Eso sí, en el trayecto pudo de llevar a cabo algunas de las propuestas recogidas en el Pla Estratègic, en concreto, la idea de fomentar la distribución de las rentas generadas por el turismo, como actividad básicamente económica, al conjunto del territorio de Barcelona, esto es, desconcentrar el turismo. Para ello, entre otras cuestiones, Hereu impulsó la recuperación de las baterías antiaéreas del Turó de la Rovira, las cuales, tras un proyecto de dignificación y mejora de los accesos, llegó incluso a ganar, en 2012, el Premio Europeo del Espacio Público Urbano otorgado por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) en colaboración con otras instituciones similares de nivel europeo.

La llegada de Convergència i Unió (CiU) y el alcalde Trias a la principal institución de la ciudad solo unos meses después de la inauguración de los, también conocidos, como bunkers del Carmel, con una visión business friendly y una intención decidida por dejar su impronta, desarticuló, en gran medida, los tímidos intentos realizados por los socialistas por gobernar el turismo de la ciudad. Para Trias, el Pla Estratègic había realizado un buen diagnóstico de la situación pero había errado en sus conclusiones y propuestas. Los convergentes creían que la capital de Catalunya tenía que apostar claramente por la Marca Barcelona; convertirse en uno de los principales destinos de turismo internacional; atraer a los cruceros –y los cruceristas- a su Puerto; definir claramente la oferta turística; valorizar sus infraestructuras y mejorar y ampliar el abanico de recursos gastronómicos y hoteleros. Para ello, la estrategia era clara: descongestionar el centro de la ciudad; mejorar las conexiones internacionales del Aeropuerto; eliminar la excesiva burocracia administrativa para el sector turístico; aplicar con firmeza la normativa municipal existente (como la Ordenanza Cívica); mejorar la financiación de la promoción turística; luchar contra la negativa percepción sobre el turismo que empezaba a instalarse entre los vecinos y vecinas de Barcelona, y elaborar un plan de movilidad y señalización adecuado. Todo ello sin olvidar algunas de las máximas típicas de las formaciones de tinte conservador: la mejora de la seguridad, la limpieza y la iluminación de su espacio público y el fomento de la colaboración público-privada. Los resultados de este tipo de política no se hicieron esperar. Proliferaron las solicitudes de licencias para nuevos equipamientos hoteleros (hoteles, hostels, albergues, etc.) y se alcanzaron cotas nunca vistas en la privatización del espacio urbano (mesas y sillas de terrazas) y en la masificación de determinados lugares emblemáticos, hecho que llevó, incluso a la institución de controles de acceso en sitios como el Parc Güell. En lo que respecta al Turó de la Rovira, su conversión en nuevo referente turístico y simbólico de la ciudad bajo la excusa de la distribución de las rentas y la desconcentración turística, fue más allá de la inicial solicitud y participación del vecindario en procesos en post de la merecida dignificación de la memoria de un lugar que simbolizaba la labor de los perdedores de la Guerra Civil, así como la aportación de la inmigración de otras partes del Estado al desarrollo y al crecimiento económico de la propia ciudad de Barcelona.

La llegada de Barcelona en Comú al Ajuntament en 2015 supuso un antes y un después en las políticas turísticas que venía viviendo la ciudad desde hacía décadas. La aprobación del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT), instrumento legal que perseguía regular la implantación de establecimientos turísticos –hoteles, hostales, albergues, residencias colectivas de alojamiento temporal y apartamentos de usos turísticos-, así como la elaboración y el desarrollo de un nuevo Pla Estratègic de Turisme 2020 que, con sus limitaciones, volvía a poner en el centro del debate la gobernanza turística, se encuentran en el Haber de su actuación municipal. En el Debe, una Ordenanza de Terrazas que no acabó de limitar la privatización del espacio público urbano y no contentó a nadie, ciertas contradicciones con respecto al desarrollo de infraestructuras como el Puerto o la generación de un efecto centrifugador en instalaciones y visitantes ocasionada por algunas de las medidas adoptadas. Con respecto al Turó, los comunes respetaron la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) de 2010 que habían impulsado los socialistas, el cual, entre otras cuestiones, contemplaba la expropiación de 300 viviendas y la pavimentación-urbanización de actuales zonas verdes con el objetivo de establecer definitivamente el Parc dels Tres Turons, al cual se le añadía la celebración de un concurso internacional de idas.

Las últimas elecciones han dado como resultado el denominado Acord d’Esquerres per al Govern de Barcelona entre Barcelona en Comú y los socialistas. Tras el reparto de carteras, estos últimos han vuelto a ostentar responsabilidades en el área de turismo con, entre otros, el encargo de desarrollar el Pla Estratègic aprobado en el mandato anterior, mantener y revisar parcialmente el PEUAT, renovar y ampliar sectorial y territorialmente el Consorci de Turisme, mantener la línea de trabajo desarrollada hasta el momento en el control de los apartamentos turísticos irregulares y avanzar en la gestión del montante correspondiente a Barcelona de la tasa turística recaudada por la Generalitat. Con respecto al Turó, el Acord señala dar continuidad a las acciones en torno al Parc, pero sin mencionar una revisión de la propuesta del MPGM 2010.

Mientras, el proceso de turistificación de los bunkers ha desencadenado, como era de prever, toda una serie dinámicas contraproducentes para la zona y sus vecinos y vecinas: gentrificación, masificación, especulación inmobiliaria, disneyficación, homogeneización comercial, etc. La inclusión del Turó en los circuitos del Capital han conllevado la mercantilización de su espacio, su conversión, desde la memoria de un espacio (republicano, obrero, furtivo), a una nueva atracción incrustada en las principales guías y mapas de Barcelona.

Su coherencia con el modelo de ciudad es total, pero no con aquel que siempre representó el sueño húmedo de la clase política progresista de la ciudad –vibrante y dinámica ciudad del Mediterráneo-, sino otra al servicio de la atracción de inversiones y turistas.

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El turismo como hecho social total

Fuente: Propia. Festes de Gràcia, Maó.

El presente artículo fue publicado originalmente en el Diario Nueva Tribuna el pasado día 14/09/2018.

El turismo como hecho social total

El turismo es un fenómeno altamente complejo. Hasta aquí nada nuevo, como actividad productiva engloba una cantidad ingente de actores y procesos: clientes y/o turistas, empresas y empresarios, trabajadores, intermediarios, leyes y normativas, tecnología, territorio, recursos, etc. Todos ellos conforman un entramado, a veces altamente difuso, que se ha convertido, hoy en día, en una de las principales industrias a nivel global.

Desde su inicio, las ciencias de lo humano se han interesado por los fenómenos sociales, tratando de vincular actos aparentemente individuales con aquellas regularidades o pautas que subyacen a los comportamientos y a las relaciones que se establecen entre las personas. Así, la vida social humana está repleta de los conocidos como hechos sociales totales, esto es, aquellos que “expresan, a la vez y de golpe todo tipo de instituciones: religiosas, jurídicas, morales –en estas tanto las políticas como las familiares- y económicas, las cuales adoptan formas especiales de producción y consumo, o mejor de prestación y de distribución, y a las cuales hay que añadir los fenómenos estéticos a que estos hechos dan lugar, así como los fenómenos morfológicos que éstas instituciones producen”, en palabras de Marcel Mauss.

Y eso es el turismo, un hecho social total en cuanto que como acción humana de índole colectiva acoge en su seno un conjunto de prácticas de carácter amplio que nos obligan, a la hora de analizarlo correctamente, a realizar un esfuerzo por comprender su naturaleza holística.

De esta forma, y a modo de ejemplo, cuando un antiguo mercado de abastos del centro de cualquier ciudad deviene una atracción turística, no solo hay que observar y analizar las consecuencias que esta acción tiene para el balance de pagos de las empresas locales vinculadas, sino que hay que tener en consideración, además, los efectos sobre el consumo del entramado social de la zona, los cambios estéticos que se generan, muchas veces dirigidos a la población transeúnte que supone el turista, las modificaciones regulatorias a las que, en ocasiones, se ven empujadas las administraciones competentes, las nuevas luchas partidistas, las trasformaciones en el comportamiento de las familias, al ver alterados sus pautas de abastecimiento cotidiano, y otras tantas variables.

O, cuando una fiesta popular comienza a aparecer en los folletos de las agencias de promoción turística y escapa de las manos de su público objetivo tradicional, esto es, la comunidad local, no solo estamos poniendo en valor un recurso de los denominados infrautilizados, sino que se está jugando, también, con las dinámicas tradicionales de renovación de la identidad local, con las prácticas religiosas individuales y colectivas, la renovación de la promesa de solidaridad social que suponen, etc.

En definitiva, el turismo es un fenómeno que lleva incrustado una maraña de instituciones y prácticas sociales que, como un gigantesco mecano, ven su estructura alterada, sus acciones y relaciones humanas modificadas, cuando entra, en mayor o menor medida, en juego. Esto no tiene porqué ser inicialmente negativo ni positivo, los cambios son inherentes a la sociedad y de ello somos testigos con solo echar la vista atrás. Pero cualquier transformación tiene sus consecuencias y eso es algo que nunca debemos olvidar.

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Es un lujo hacer turismo

Este artículo fue publicado originalmente el día 28/09/2017 en el Diario Nueva Tribuna.

Es un lujo hacer turismo

En el reciente monográfico del Institut Català d’Antropología (ICA) dedicado al turismo, Diàlegs d’antropologia i turismo. Etnografies i debats contemporanis, las autoras del mismo señalaban como “el turismo contemporáneo deviene un caleidoscopio, un refractor contra el cual nos observamos a nosotros mismos”. Con esta acertada frase, las antropólogas se referían al hecho de que el turismo, como cualquier otra actividad humana, reflejaría la naturaleza, las características, de la propia sociedad que lo produce y lo recibe.

Así, si miramos nuestro entorno más cercano, el propio Estado español, podemos ver como su sociedad es cada vez más dual, más diferenciada, y como esta dualidad se agranda con el paso del tiempo. Según un reciente informe elaborado por la Comisión Europea, la desigualdad, el riesgo de pobreza y la exclusión social son los grandes retos con los que se enfrenta la cuarta economía continental, la española. La desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es de las más elevadas de la Unión Europea (UE) y, además, continúa en alza. El Índice de Gini -un número entre 0 y 1, donde el 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno)- también es de los más altos de la UE, tanto antes y después de aplicar los efectos redistributivos de los impuestos y las transferencias sociales de su mermado Estado de bienestar. El informe de la Comisión continúa diciendo que, pese al ritmo de crecimiento económico que se ha registrado durante los últimos años, la caída de las tasas de pobreza y exclusión social ha sido mínima y, en todo caso, únicamente desde el año 2015. Un hecho alarmante, a la vez que significativo, es que ya no basta con contar con un empleo para salir de dicha situación, pues el 13,1% de los y las trabajadoras se encuentra en situación de riego de pobreza. Esto significa que, aun trabajando, no pueden mantenerse por sí mismos, desmintiendo la conocida soflama neoliberal de que “la mejor política social es un puesto de trabajo”, y menos aún marcharse de vacaciones.

Es más, según un estudio publicado en agosto de 2017 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuatro de cada diez españoles no pueden permitirse el lujo de cogerse una semana de vacaciones al año. Esto no quiere decir, tal y como señalan las encuestas, que la recuperación económica no haya traído, a su vez, una mayor presencia de los españoles y españolas en los índices de consumo turístico –un 4,6% más de viajes, un 3,5% más de pernoctaciones y un incremento en el gasto total del 5,3%-, sino que los que lo pueden hacer no son los mismos que lo hacían antes de la crisis y, además, lo hacen en condiciones diferentes, como indica el hecho significativo del incremento de facturación de los campings en un 9,9%.

Mientras, sin embargo, se incrementa en nuestro país el denominado turismo de lujo. Así, también según el INE, durante los primeros meses de 2017, los turistas que pernoctaron los hoteles de 5 estrellas incrementaron su número una media del 8,35% con respecto al 2016, alcanzando, para el caso de los y las españolas las 108.739, un 4,14% más que el año anterior y 15 mil pernoctaciones más que en 2015, el peor año de la serie. España es, además, el séptimo país del mundo por número de hoteles de esta categoría, con un precio medio de estancia hotelera general de 141 €/noche, aunque superando los 214 €/noche en Comunidades Autónomas como las Islas Baleares.

Aun así, el turismo de lujo no es aún un segmento relevante para el general de las agencias españolas, si bien éstas señalan que existen algunas que están especializadas en atender a este tipo de viajeros. Este sería el caso de Catai Tours, una empresa que cerró su facturación en 2016 con más de 105 millones de euros, por encima de los 73 registrados solo un par de años antes, algo que supone un incremento del 20% anual. Un informe de 2014 denominado BlueRoom Project citaba, entre los principales destinos de los turistas del lujo españoles los siguientes: Emirato Árabes Unidos, Estados Unidos

India, Vietman, Myanmar, Australia, Sri Lanka, Dubai, Brasil, Laos, Malasia, China, Argentina y Japón, algo que indica, en línea con este mismo tipo de turista de otros emplazamientos, un gusto por lo exótico a la hora de viajar.

En definitiva, mientras la economía parece salir de la agonía en la que se encontraba sumergida, la recuperación no ha llegado de igual manera para todos y todas: los índices de desigualdad y exclusión así lo manifiestan, con distancias cada vez mayores entre los que más y menos tienen. Como no podía ser de otra manera, esto se ve reflejado también en el turismo donde, pese a la recuperación general del sector, también es posible intuir un proceso de reestructuración que manifiesta la estrecha vinculación entre esta actividad económica, aunque también de ocio, y la propia sociedad que la lleva a cabo pudiendo afirmar que, hoy en día, es un lujo hacer turismo.

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Las manadas de MENAs

Fuente: eldiario.es

El presente artículo fue publicado en el diario Público el pasado día 07/11/2019.

Las manadas de MENAs

El pasado lunes, la portavoz del partido ultraderechista VOX en la Asamblea de Madrid, y una de sus caras más visibles y últimamente noticiables, Rocío Monasterio, junto a la candidata al Congreso por Sevilla en las elecciones del 10N, Reyes Romero, y el juez Francisco Serrano, presidente del Grupo Parlamentario del mismo partido en el Parlamento de Andalucía, se acercaron a las instalaciones del Centro para Menores no Acompañados (MENA) de la calle Los Polancos, en el sevillano barrio de la Macarena. Entre otras declaraciones, la Sra. Monasterio señaló que su presencia allí se debía a la necesidad de defender a los vecinos y vecinas de la zona de las “manadas de menas” que, supuestamente, degradaban el entorno con su mera presencia y actividades. Más allá del más que evidente carácter electoralista de la visita, y de las mentiras e intenciones que se ocultan tras este tipo de mensajes –según datos del Ministerio del Interior, solo el 0,54% de los delitos se encuentran vinculados a este grupo de población -, resulta de interés, por el carácter simbólico del mismo, la expresión manada de menas usada por la política neofascista.

Hoy día, los medios de comunicación juegan un papel fundamental a la hora de establecer categorías sociales y clasificaciones. Por ello, el uso que se pueda hacer de los mismos se aparece como de enorme importancia a la hora de producir realidad social. En cierta medida sería posible decir que los medios contribuyen a crear nuestro mundo cotidiano. En este sentido, la utilización del acrónimo MENA para designar, virtualmente, a un colectivo concreto de población con la comisión, sea real o no, de determinados delitos o, incluso, con su participación en la degradación de un barrio completo, tendría dos objetivos fundamentales. Por un lado, mediante un mensaje simple -y simplificador- contribuir a descomplejizar la realidad de un territorio –una ciudad, un barrio, una calle- que mantiene una historia concreta de carencias y necesidades y un presente siempre complicado. Y, por otro, a través del uso de una denominación técnica –MENA-, deshumanizar al grupo social que se encuentra detrás para, posteriormente, poder cargar sobre él unas culpas y males determinados, independientemente de si responden a la realidad o no. Así, UNICEF define a los MENA como aquellos menores no acompañados de un Estado no miembro de la Unión Europea (UE), o al apátrida menor de 18 años, que al entrar en territorio español no viene acompañado de un adulto. Se trata, por tanto, de chicos y chicas menores, niños y adolescentes, de los que los supuestos adultos garantes de su integridad han declinado cualquier responsabilidad. Tal estado de desprotección les conduce, en gran cantidad de ocasiones, a vivir situaciones realmente duras donde se pone en peligro su propia supervivencia,  a abusos y agresiones sexuales, principalmente las niñas, a caer en las redes de organizaciones criminales de trata de personas y a situaciones de estrés y crisis inimaginables.

Sin embargo, no deja de ser curioso que la Sra. Monasterio haya añadido otro término de triste actualidad, manada, a la hora de llevar a cabo su estrategia política estigmatizadora. Y es curioso porque, en este caso, la deshumanización de los componentes del grupo a los que inicialmente se conoció así –el caso de los condenados a 15 años de cárcel por el Tribunal Supremo por un delito de violación a una chica en las fiestas de San Fermín del 2016- opera precisamente en sentido contrario: desdibujando la gravedad del contenido de su acción. Es decir, como hace poco señaló la abogada Carla Vall en un programa de la Televisión Autonómica catalana (TV3), “es necesario dejar de decir que son una manada, son violadores globales o depredadores sexuales” ya que, únicamente de este modo, será posible situar de forma correcta en el mapa de la opinión pública la enormidad de un problema que no deja de estar presente entre nosotros.

En definitiva, la portavoz de VOX en Madrid mediante una especie de oxímoron simbólico evidenció que las palabras y los discursos contribuyen a crear nuestra realidad, a determinarla y que, sobre todo en determinados momentos de tensión política y social –como unas elecciones-, nunca son neutras, sino intencionadas. Pero, sobre todo, que para la construcción de la realidad el hecho de que los enunciados sean ciertos no tiene ninguna relevancia.

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La ciudad como espacio de y para la lucha de clases

Este artículo fue publicado originalmente en catalán en La Realitat el pasado día 19/02/2021.

Hace unos años, una amiga trasladó su pequeña tienda de vinos desde una de esas anodinas calles de la zona no costera de la Vila Olímpica a la Rambla del Poblenou. Al poco, le pregunté qué tal le estaba yendo en el nuevo emplazamiento y si había notado mejoras con el cambio. “Pues me va genial”, me respondió, “aunque, de hecho, no me vine porque en el otro lado me fuera mal, sino porque mi casero me dejó caer que no me renovaría el contrato”, añadió. Ante mi sorpresa de que, en plena Crisis del Ladrillo, el dueño del local no quisiera renovar una relación que le aseguraría unos ingresos, ella respondió: “Sí, porque se rumorea que, justo en frente, van a abrir unas dependencias públicas que atraerán a mucha gente. El tío prefiere tener el local sin uso, sin ingresos, en espera de ofertarlo más tarde a mayor precio cuando abra esta nueva institución”.

Este pequeño, y totalmente verídico, relato muestra una de las características principales de la economía urbana de las ciudades capitalistas; el hecho de que el suelo, más allá de su valor de uso, es, principalmente, valor de cambio y genera unas rentas que son apropiadas –y apropiables- por una cierta minoría propietaria. El geógrafo David Harvey, siguiendo las aportaciones de Marx en el Libro III de El Capital, denominó a esta situación renta monopólica. Para Harvey, este tipo de renta se da cuando “es posible cobrar un precio monopolista ‘que se determina exclusivamente por la apetencia de compra y la capacidad de pago de los compradores, independientemente del precio determinado por el precio general de producción o por el valor de los productos’. La posibilidad de imponer un precio monopolista crea, para el propietario del suelo, la oportunidad de obtener una renta monopolista” (1977: 187). Es decir, y para el caso del ejemplo destacado, el precio del alquiler del local de la antigua tienda de vinos no se establecería tanto por su valor de producción –materiales, mano de obra, mantenimiento, etc.-, sino por su localización, hecho que genera que haya una multitud de actores interesados en su explotación debido, en este caso, a la próxima inauguración de unas dependencias administrativas que generarán un importante trasiego de futuros clientes.

El caso de la tienda de vinos es interesante, además, por dos razones que hemos normalizado. La primera de ellas es que, en general, en las ciudades, existen una gran cantidad de inmuebles, destinados tanto a actividades productivas como a vivienda, que no se ponen en circulación en el mercado inmobiliario, no porque no vayan a generar beneficios en forma de rentas, sino porque esos beneficios no son considerados, en el momento actual, como suficientes. Las expectativas de mayores plusvalías determinan el uso presente del local o vivienda. Ejemplo de ello serían la gran cantidad de apartamentos anteriormente dedicados al uso turístico que se encuentran vacíos o son alquilados para estancias medias –periodos inferiores, normalmente, a los doce meses-, incluso en ciudades como Madrid o Barcelona donde la demanda de vivienda es muy elevada. El segundo de los fenómenos que evidencia este tipo de dinámicas es que el suelo urbano, así como la urbanización, es uno de los elementos clave en la lucha de clases que se da constantemente en las ciudades capitalistas contemporáneas. Cuando un propietario actúa de esa manera, el resultado final no es más que su apropiación y el control de unos excedentes que son generados por el sistema productivo total, lo que, en una situación similar a la que se produce en el interior de las fábricas, nos encontramos con una clase propietaria y otra trabajadora que ve como las plusvalías generadas son, de nuevo, apropiadas y gestionadas de forma privada.

De esta forma, el mercado inmobiliario, ya opere con protagonismo dentro de la esfera productiva –fábricas, comercio- o de la esfera reproductiva –vivienda, educación, sanidad- no deja de ser un aspecto más del sistema capitalista global. Comportamientos aparentemente irracionales, como el del dueño del local de la tienda de vinos, no dejan de mostrar que la ciudad es el espacio de y para la lucha de clases.

Referencias bibliográficas

Harvey, D. (1977). Urbanismo y desigualdad social. Madrid: Siglo XXI.

Marx, K. (2020). El Capital. Libro III: Madrid: Siglo XXI.

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El manifiesto del capitalismo de plataforma

Este artículo fue publicado originalmente en el diario Nueva Tribuna el pasado día 27/06/2018

El manifiesto del capitalismo de plataforma

En su libro El capitalismo y la moderna teoría social, el sociólogo británico Anthory Giddens describe el desarrollo de la historia social a través de la visión de Karl Marx en el Manifiesto comunista. Así, señala:

“En toda sociedad relativamente estable hay un equilibrio entre el modo de producción, las relaciones sociales que integran este modo de producción, y la ‘superestructura’ a él vinculada por medio del dominio clasista. Cuando ocurren cambios progresivos en el ámbito de la actividad productiva, surge una tirantez entre estas nuevas fuerzas productivas y las relaciones de producción que subsisten. Entonces éstas últimas obstaculizan cada vez más a las nuevas fuerzas de producción que sobresalen. Estas ‘contradicciones’ llegan a expresarse abiertamente como conflictos de clase, terminan en luchas revolucionarias reñidas en el ámbito político, y aparecen a nivel ideológico como choques entre ‘principios’ opuestos. Estas luchas dan como resultado, o bien ‘el hundimiento de las clases beligerantes’, como sucedió en Roma, o bien, ‘la profunda reorganización revolucionaria de la sociedad’, como ocurrió con la retirada del feudalismo ante el capitalismo. La clase que se empeña en una lucha revolucionaria por el poder, combate en nombre de derechos humanos absolutos y presenta sus ideas como ‘las únicas racionales y dotadas de vigencia absoluta’.

Este relato del surgimiento del capitalismo coincide casi palabra por palabra con la versión del modo de producción capitalista neoliberal, también denominado capitalismo de plataforma, que estamos viviendo actualmente. Airbnb, Deliveroo, Glovo, Uber y tantas otras suponen esas nuevas fuerzas productivas que friccionan claramente con los restos de las relaciones de producción todavía existes provenientes del modelo fordista. Las últimas noticias, como la recogida por eldiario.es o Nueva Tribuna en torno a la consideración por parte de la Inspección de Trabajo de Barcelona de los trabajadores de Deliveroo como “falsos autónomos”, parecen reforzar la postura de resistencia de una clase social depauperada, esto es, unos trabajadores precarios, explotados, externalizado, etc. que ofrecen, en este caso, su beligerancia a la revolución conservadora que supone el capitalismo de plataforma.

Estos nuevos rebeldes cuentan, además, y como no podía ser de otra manera, con sus defensores en la esfera de la superestructura social. En el caso del Estado español, el partido político Ciudadanos ha pedido recientemente adecuar la legislación vigente “a estas nuevas formas de trabajo” y lo hace mediante un discurso plagado de referencias a la racionalidad económica de carácter liberal, por supuesto.

El viejo manifiesto marxista, que precisamente cumple 170 años, parece mantenerse aún vigente. De esta forma, podríamos estar asistiendo a una de esas etapas que Bertolt Brecht representó tan bien cuando señaló aquello de “la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer”, aunque lo que acabe por nacer no sea tan conveniente como nos quieren hacer creer.

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Desposesión por acumulación en torno al Partido Popular

Este artículo fue publicado originalmente en el CTXT.es el pasado día 20/04/2017

Desposesión por acumulación en torno al Partido Popular

En tiempos de Tramabuses y libros -como el de Rubén Juste, Ibex 35 Una historia herética del poder en España- que intentan desenmascarar el modo de funcionamiento ordinario de nuestro capitalismo patrio, me viene a la cabeza la actualización que el geógrafo David Harvey hace del concepto de acumulación primitiva de Marx. Para Harvey, la necesidad del sistema capitalista de proseguir con su necesaria senda de expansión continua le lleva a emprender distintas estrategias. Una de ellas es la denominada solución espacial, esto es, la fijación de grandes cantidades de capital en el territorio mediante la construcción de infraestructuras, viviendas, etc., como forma de ralentizar la dinámica de sobreacumulación inherente al funcionamiento del sistema. Otra de ellas es lo que Harvey denomina acumulación por desposesión y, quizás, es la que se presenta como más interesante en relación a los últimos acontecimientos en torno a las corruptelas del Partido Popular (PP).

Por acumulación por desposesión entenderíamos aquellas prácticas que permiten la expansión del capital mediante su introducción en campos que, hasta ese momento, le permanecían ajenos. En concreto, esto se llevaría a cabo mediante privatizaciones (de empresas públicas, la desregularización de sectores productivos, la apertura al mercado de sectores como la sanidad, la educación, etc.), mediante la financiarización (la expansión del crédito, etc.), mediante la gestión y manipulación de las crisis (como formas de reajuste de la estructura de clases, por ejemplo) y, finalmente, mediante las redistribuciones estatales de renta (la priorización de las retribuciones al capital frente a las rentas del trabajo). Sin duda, la más acorde a los hechos recientes es la primera de las mismas, aquellas relacionadas con las privatizaciones de empresas públicas.

Precisamente es en torno a la expansión de las actividades internacionales del Canal de IsabeI II y su intento de privatización –comisiones incluidas- que ha sido puesto entre rejas –aunque solo sea por una noche- el ex Presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Sin embargo, y como no podía ser de otra manera en nuestro gran solar patrio –lo de solar no es comentario inocente- estas prácticas de privatización alcanzan en Madrid un carácter distintivo, aunque no único, como hemos podido ver en situaciones similares en torno al Caso Gürtel, las investigaciones sobre el 3% en Catalunya, etc.

La cuestión es que lo que en principio se plantearía, desde el punto de vista teórico, como un nuevo proceso de acumulación por desposesión, en este caso, se tornaría, más bien, una dinámica de desposesión por acumulación, esto es, una práctica continua y sistemática del robo, la rapiña y el latrocinio de parte del capital acumulado por parte de una serie de individuos que, en este caso, aunque como he señalado anteriormente no de forma exclusiva, están vinculados al PP. Es más, en algunas ocasiones el destinatario de estas acumulación ha sido el propio partito gobernante, recordemos, en el Estado.

Y así estamos. No solo ante una más que cuestionable estrategia de expansión del capitalismo nacional mediante la venta, muchas veces a saldo, de parte de unos bienes y servicios que una vez fueron de todos, y que economistas nada sospechosos de antisistema como Joseph Stiglitz se han encargado de poner en duda, sino también ante una práctica consolidada de enriquecimiento personal y corporativo ilícito basado en el fraude y el pillaje. Siempre nos quedará la duda de si, como más de uno puede llegar a pensar, se trata de dos fenómenos que están indefinida e íntimamente unidos desde su nacimiento, de forma que algo que ha sido presentado como una opción ideológica no sería otra cosa que su cobertura técnica de legitimación.

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Consideraciones sobre el proyecto de Ley de las Áreas de Promoción Económico Urbana (APEU)

El siguiente texto ha sido elaborado en forma de aportación a los miembros de la ponencia del proyecto de Llei d’Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) en la Comissió d’Empressa i Coneixement del Parlament de Catalunya.

Texto

La propuesta de legislación sobre las Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) responde al interés de la Generalitat de Catalunya por dotar de instrumentos legales, pero sobre todo financieros, a presentes o futuras organizaciones empresariales vinculadas al comercio en las distintas ciudades y pueblos del territorio catalán. El objetivo de la Ley pasa por eliminar o, al menos, minimizar parte de los costes sociales, ambientales y económicos de la deslocalización de los diferentes tipos de actividad comercial ligada al territorio que las normales dinámicas del mercado pueden llegar a ocasionar. Sin embargo, es precisamente en esta inicial aproximación a una posible solución donde aparecerían los primeros indicios de cierta incoherencia en el planteamiento propuesto. Sí, porque si de lo que se trata es de que, tal como relata la exposición de motivos de la Ley, “[…] no ens podem permetre…” (pág. 1) dichos costos, la solución a tal cuestión no puede venir de una iniciativa parcial dirigida a un único sector en concreto; la problemática necesitaría, para una correcta solución, de un proyecto de ámbito global. El actual tejido comercial de los pueblos y ciudades de Catalunya no se halla en peligro únicamente por una cuestión de “competitivitat” o “degradació” (págs. 1 y 3) sino por muchos otros factores, como la orientación hacia el monocultivo turístico que soportan algunas de estas localidades (cuando no podemos olvidar que los servicios que ofrece este tipo de comercio no tienen nada que ver con las necesidades locales, sino con la de los visitantes y las empresas turísticas); por la existencia de grandes centros comerciales situados, en su mayoría, en las periferias de los núcleos urbanos (con el importante coste ambiental, social y económico que también esto supone), etc. Es decir, es la ausencia de una planificación territorial y una ordenación de actividades de rango superior a la ciudad, además de su gobernabilidad y gestión política, la que determina esta falta de competitividad, no las características del comercio en sí. Podría aparecer como una incongruencia, de este modo, seguir fomentando el desarrollo de centros comerciales vinculados a grandes promotores y marcas por la totalidad del territorio catalán y, a la vez, avanzar en el desarrollo de las APEU. Si se quiere apostar, tal y como cita el texto de la ley, por evitar los costes sociales, ambientales y económicos, esto pasa por una mayor capacidad por gestionar el territorio.

Otro tema a destacar en el desarrollo de la Ley es la apuesta política clara por la colaboración público-privada; una colaboración que, como se cita expresamente en la página 3 “[…] persegueix finalitats publiques […]” pero que, un poco más adelante, y haciendo referencia a este tipo de relación acaba por señalar que, en las APEU, “[…] els beneficiaris directes d’aquestes iniciatives són les persones titulars d’activitats econòmiques d’una àrea delimitada […]” (pág. 4), a lo que me atrevería a añadir, en concreto, a los propietarios de los inmuebles ubicados en esas zonas. Es curioso como, en este sentido, y, tal y como se cita, en ausencia de un Libro Blanco, se mencione un único documento de referencia previo (2016) a toda la Ley, el informe titulado ““Las Áreas para la Promoción de Iniciativas Empresariales (APIEs)” elaborado bajo la iniciativa de la Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos (AGECU), es decir, una entidad completamente privada donde, aunque con algunos socios pertenecientes a la administración pública local de todo el Estado, prima el interés empresarial. Se obvia, de esta manera, otras aportaciones de carácter académico.

En la definición misma de la finalidad de las APEU (pág. 3) encontramos otra de las incoherencias del espíritu de la Ley. Así tal y como se cita, las APEU persiguen “[…] consolidar [un] model de ciutat compacta, complexa i cohesionada i mediambientalment eficient […]”. Ahora bien, la puesta en marcha de este tipo de iniciativa generará, más bien, todo lo contrario a una ciudad compacta y cohesionada, ya que los efectos, que veremos más adelante, de la misma no pueden, por menos, que acabar por poner en marcha una fragmentación del tejido urbano. De esta forma, la diferenciación daría inicio entre las zonas que son objeto de una APEU y las que no, las que mejoran y atienden a su tejido comercial por hallarse bajo la consideración de APEU y las que no. Esto, además de una competitividad interior en cada centro urbano, acaba por generar fragmentación, no compacidad o cohesión.

Por último, más allá del mencionado informe elaborado por iniciativa de la AGECU, existen evidencias académicas que destacan que, más bien, las APEU descansan sobre modelos escasamente democráticos, ya que se trata de una democracia de propietarios/arrendatarios (donde no tienen voz ni voto los vecinos y vecinas de los inmuebles donde hay locales comerciales, por ejemplo); pueden llegar a presentar problemas de rendición de cuentas, pese a la fiscalización del propio Ayuntamiento (de hecho, en un artículo escrito por la profesora Helena Villarejo (2013), de la Universidad de Valladolid, se cita que su puesta en marcha “supondría una suerte de publificación de estas entidades, lo que generaría notables dificultades institucionales y organizativas. Igualmente, en la implantación del modelo BID/APEU, habría de exigirse una ineludible acción pública en la recaudación de los fondos y en el control de los gestos” (pág. 270); generan fragmentación del espacio público, polarización social y estructura dual de la ciudad, como se ha citado antes; puede generar incrementos notables del precio del suelo y, por tanto, dinámicas especulativas y gentrificación, esto es, expulsión de los y las vecinas con menos capacidad de resistir los incrementos del precio de la vivienda; limpieza de indeseados; privatización del espacio público, ya que los anteriormente usuarios pasarían a considerarse como simples consumidores; disneyficación y tematización de áreas completas de la ciudad; ciudades cada vez más parecidas unas a otras; esterilización del espacio público y, para finalizar, estrategias securitarias puestas en marcha para garantizar el desarrollo del consumo, único y fundamental motivo para el que estarían concebidas las calles (Villarejo, 2016; Mansilla, 2017).

Los comentarios aquí señalados responden única y exclusivamente a consideraciones de tipo general sobre los efectos de la delimitación de una APEU en el tejido urbano de una ciudad. No me corresponde a mí, por escapar al área de mi experiencia y conocimiento, responder o alertar sobre consideraciones de otro tipo (como la redefinición del papel del sector público y el privado en el ámbito de las APEU, pues no siempre tienen porqué coincidir en intereses o la propia estructura organizativa y la financiación) que también pudieran surgir.

Bibliografía

Mansilla, J. A. (2017). “The bid bang theory”. Nuevas practices para la mercantilización de la ciudad. El Salto Diario. Disponible en https://www.elsaltodiario.com/ciudad/areas-promocion-economica-urbana-mercantilizacion-de-la-ciudad

VVAA (2016). Las Áreas para la Promoción de Iniciativas Empresariales (APIEs). AGECU. Disponible en https://www.agecu.es/agecu/wp-content/uploads/2016/10/CONCLUSIONES_GRUPO_DE_EXPERTOS_PROGRAMA_DE_DINAMIZACION_MOD2_09122010_DEF.pdf

Villarejo, H. (2014). Colaboración público-privada y contratación precomercial para el impulso de la I+D+i y la transferencia del conocimiento, en Ciencia, tecnología e innovación: nuevo régimen jurídico, Antonio Calonge Velázquez (dir.), págs. 133-145.

Villarejo, H. (2016). Espacios públicos gobernados públicamente. Revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 101, págs. 101-116.

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Mercados de acumulación simbólica

Este texto es un extracto del artículo “Un rollo muy hípster”. Turismo, consumo y mercados de acumulación simbòlica en Madrid y Barcelona. Cuadernos Geográficos 60(1), 54-79, e-ISSN: 2340-0129, escrito junto a Stoyanka Andreeva Eneva y Adrián Hernández Cordero.

Fuente: Propia

El capitalismo ha extendido sus intereses más allá de los mercados tradicionales y, en los últimos años, han aparecido nuevas tipologías comerciales que suponen una vuelta de tuerca a la mercantilización de la ciudad a partir de la acumulación de capital simbólico.

Estos nuevos mercados no se encontrarían ya ubicados en las antiguas instalaciones de los de abastos, sino que habrían pasado a ocupar otros emplazamientos, en la mayoría emblemáticos, cuyo contexto urbano se vería, de esta manera, reposicionado. El objetivo de estas novedosas significaciones del espacio estaría relacionado con el deseo de atraer a un público con un gusto sofisticado y cosmopolita, muy al hilo de las clases creativas; algo que podría proporcionar un catalizador para la regeneración de la zona basada en “una economía emergente de visitantes […] dirigida por el mercado” y cuyos comportamientos serían aquellos que Baudrillard señalaría como modeladores de “las actitudes sociales y necesidades”.

De este modo, si algo caracterizaría a estos nuevos mercados es la búsqueda de la autenticidad y la originalidad, la generación de experiencias, algo que se vería plasmado, entre otras cuestiones, en el cuidado, la presentación, preservación y decoración de las paradas de los vendedores y el fomento de la identidad, pero también en el recinto mismo, en un intento de dotar la actividad de cierta distinción, singularidad y novedad.

Dentro de los mismos, podríamos citar mercados como Palo Alto Market en Barcelona y el Mercado de Motores en Madrid, que serán analizados a continuación.

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Cabify y el unicornio del colonialismo interior

Fuente: eldiario.es

Este artículo fue publicado originalmente en el Diario Público el día 08/03/2019. También en catalán en el Diari Públic.

Cabify y el unicornio del colonialismo interior

En el ambiente de las start-ups, los business angel, las rondas de financiación y el resto de la neo-lengua vinculada al mundo de los negocios hay una expresión, un concepto, que se ha convertido en una meta, una aspiración, para muchos y muchas emprendedoras: el unicornio. Un unicornio es una empresa, generalmente una pequeña iniciativa, que alcanza una valoración de más de 1.000 millones de euros en el mercado. Esto no quiere decir que la compañía dé beneficios por valor de esa cantidad, o que haya creado riadas de empleos bien remunerados, o que pague cuantiosos impuestos en las arcas públicas del territorio donde se encuentra asentada. No, ser un unicornio no tiene nada que ver con eso. Un unicornio es una star-up que manifiesta la potencialidad de dar beneficios en el medio-largo plazo, es decir, de comenzar a generar dividendos para sus accionistas en un futuro más o menos cercano. Los 1.000 millones de euros de valoración son una estimación, una proyección elaborada desde el presente, del valor de la empresa según dicha potencialidad.

Los unicornios suelen ser compañías emergentes que dicen haber localizado nichos de mercado, productos o servicios, que, hasta ese momento, nadie había sido capaz de ver. Esta habilidad para encontrar nuevas posibilidades para la reproducción ampliada del capital es, además, normalmente proyectada sobre nuestro imaginario como algo realizable sólo con esfuerzo y tesón. Son conocidos mundialmente los casos de los creadores de Airbnb en su apartamento de San Francisco o el propio Jeff Bezos abandonando su puesto en un hedge fund –otro palabro- para crear, de la nada, Amazon. Ahora bien, muchos de estas exitosas iniciativas tienen poco que ver con profundas investigaciones que vengan a solventar las necesidades o los problemas de la vida cotidiana de las personas, y mucho con indagar sobre los resquicios, las zonas oscuras, los límites y la flexibilidad de la normativa actual, aprobada de forma democrática por las distintas instituciones, la cual rige el funcionamiento de los mercados en nuestras sociedades. Su éxito está basado, precisamente, en ser capaz de surfear la regulación vigente y presionar, en caso de que sea necesario, a las instancias políticas para que éstas modifiquen la legislación que les afecta, en su favor. Se trata de un puro colonialismo interior; un proceso según el cual la asignación y distribución de recursos, así como las relaciones en el ámbito social y productivo, se realiza bajo criterios análogos a los de una colonia, esto es, bajo un régimen de explotación.

En el Estado español tenemos un único unicornio: Cabify. Esta plataforma tecnológica de movilidad está valorada, actualmente, en torno a los 1.400 millones de euros. Sin embargo, la recién aprobada legislación en torno a su funcionamiento por parte de la Generalitat de Catalunya hizo que la empresa abandonara, con profunda pena y una gran proyección mediática, el territorio catalán. El Gobierno de Catalunya había actuado separando, mediante un Decreto, claramente el modelo de negocio de las licencias VTC, en el cual está basado Cabify, y el de los tradicionales taxis, de forma que, a partir de su publicación y entrada en vigor, sería necesario un periodo mínimo de 15 minutos de antelación para solicitar sus servicios, además de otras cuestiones. El Decreto permitía, además, a los diferentes niveles administrativos municipales, ampliar, si así lo consideraban, esos 15 minutos. De esta forma, el Área Metropolitana de Barcelona elevó el periodo de tiempo hasta la hora, manifestando, aún más, su intención de separar ambos tipos de actividad económica.

El abandono de su actividad en Catalunya, por parte de Cabify, ha durado poco. Este jueves 7 de marzo ha anunciado la vuelta a sus carreteras, solo que, de nuevo, estirando la interpretación del Decreto catalán. La justificación de Cabify, en este caso, es que la firma de un contrato por un año con cada uno de los clientes la primera vez que se soliciten sus servicios, les eximiría de respetar los límites de 15 o 60 minutos exigidos por la normativa, en las siguientes solicitudes.

El unicornio Cabify es solo un ejemplo, pero podríamos citar más –Glovo y Deliveroo aprovechándose de sus trabajadores supuestos autónomos, Airbnb y el turismo neighbor friendly y sus efectos sobre los incrementos del precio de la vivienda, etc.- forman parte del mismo tipo de iniciativas; aquellas sólo buscan conseguir la multiplicación exponencial de las plusvalías a costa de romper las costuras del modelo económico actual, es decir, tratando a sus ciudadanos como colonos interiores.

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