(Leroy) Merlín vuelve a Camelot

Fuente: yelp.es

Leroy Merlín, pero también Ikea y otras marcas dedicadas a la venta de muebles y decoración, han comenzado a abrir tiendas en el centro de las ciudades. Si bien, en lo que concierne al Estado español, la combinación de las políticas desarrollistas del Franquismo con el interés de las nuevas clases medias, siguiendo el modelo estadounidense, de mudarse a las afueras, desplazaron, a lo largo de los años 60 y 70, el eje del consumo y producción generales a la periferia, una nueva combinación, un coctel de precariedad milenial y revanchismo urbano, parece empujar a las grandes superficies destinadas al ocio y el consumo a modificar sus prácticas y dimensiones habituales y buscar ubicación en -volver a- los centros urbanos.

La ciudad, de nuevo, se muestra como principal epicentro del proceso de acumulación capitalista en Occidente. Una vez expulsada la industria y convertidas las urbes en verdaderos emplazamientos de consumo, turismo y ocio, con la consiguiente atomización del trabajo y sus organizaciones, la competencia por acceder a esos potenciales consumidores ha llegado, también, a las antiguas grandes superficies. La lógica podría ser la siguiente: estos librecompradores tienen una capacidad de consumo limitada, precaria, no poseen vehículos privados propios por lo que no pueden acceder a los grandes polígonos industriales de las afueras donde tradicionalmente se han instalado estas empresas. Por otro lado, su gusto por lo urbano les hace aborrecer, en cierta medida, la vida del extrarradio. De este modo, la opción que les queda a estas multinacionales es desplazarse ellas mismas en busca del cliente en una nueva versión del clásico: “Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahona”.

Ahora bien, ¿qué consecuencias puede tener este tipo de iniciativas para el paisaje urbano actual? Elucubrando un poco habría que señalar, en primera instancia, una mayor competencia y, por tanto, un incremento del precio, por el siempre escaso suelo urbano. Por pequeñas que sean, estas empresas necesitan espacio suficiente como para mostrar, tocar, oler, sus productos; lo virtual está muy bien, pero cuando se trata de un mueble, mejor es ver cómo queda/es físicamente. Y en segunda instancia, esa subida del coste del metro cuadrado acabará por mermar la capacidad, siempre limitada, competitividad del tejido comercial tradicional. Si bien hasta ahora podían sobrevivir por incomparecencia del competidor, desde ahora pasarán a jugar en la misma liga; y no una liga cualquiera, sino en la premier league de los empleados precarios, la casi infinita capacidad de financiación, las inteligentes campañas de marketing, la economía de escala, etc.

De esta forma daremos un paso más en la uniformidad de nuestro paisaje urbano, en la precariedad de los trabajadores -nosotros mismos-, en la disminución, cuando no directa eliminación, del comercio tradicional y, claro, en el desplazamiento de los propios habitantes de las ciudades, incapaces de subirse al carro de esta nueva senda de consumo. Eso sí, todos y todas podremos tener unos muebles bonitos y baratos en nuestros pequeños y caros hogares.

Así que bienvenido (Leroy) Merlín, de nuevo, a Camelot.

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¿Por qué las autopistas de peaje quebradas eran una buena idea y para quién?

Fuente: nacionrotonda.com

Fuente: nacionrotonda.com

Artículo publicado originalmente el pasado día 13/12/2016 en el diario digital Nueva Tribuna.

¿Por qué las autopistas de peaje quebradas eran una buena idea y para quién?

Aunque pueda parecer lo contrario, el fomento de la construcción de obras como las autopistas de peaje durante los años del Gobierno Aznar, aunque no solo, si bien, desde posiciones políticas distintas a las del Partido Popular son profundamente criticables, desde la lógica del sistema capitalista en su fase neoliberal actual no pueden por menos que considerase dentro de la más profunda racionalidad.

Vamos por partes. Para comenzar, entre las características propias del neoliberalismo, desde su triunfo a finales de la década de los 70 del pasado siglo, se encuentra la apuesta por el factor territorial, esto es, la expansión del proceso de acumulación al propio espacio. Además de la liberalización de fuerzas y sectores productivos que, hasta entonces, habían quedado más o menos regulados o directamente gestionados por el Estado (caso de la sanidad, la educación, la vivienda, etc.), la búsqueda por la continuación de la producción de plusvalías se centró principalmente en el espacio dentro de sus diferentes concreciones, esto es, el suelo urbano, la construcción de infraestructuras, transportes y equipamientos relacionados, etc. Es lo que David Harvey, siguiendo las intuiciones del sociólogo y filósofo Henri Lefebvre, ha estudiado como el segundo circuito de producción del capital. La finalidad de este segundo circuito es, por un lado, permitir la continuación y reactivar un proceso expansivo de crecimiento económico de base capitalista que había quedado momentáneamente detenido a consecuencia de las distintas crisis acaecidas durante la mencionada década y, por otro, anclar grandes cantidades de capital de forma que, aparte de producir réditos en el futuro, se postergue al máximo la llegada de la siguiente crisis.

En este sentido, la construcción de grandes infraestructuras de trasporte, como las autopistas de peaje ahora quebradas, los aeropuertos en los que no aterrizan aviones, los túneles del AVE por los que no pasan trenes, las rotondas y aparcamientos que esperan, pacientes, la llegada de los coches, mantienen una profunda lógica, eso sí, inserta en el modelo neoliberal imperante en España desde hace más de tres décadas. El ejemplo más palpable de ello, y del cual hemos sufrido las consecuencias hasta hace bien poco de forma directa –e incluso ahora, de forma indirecta- es la modificación de la Ley del Suelo llevada a cabo por el primer Gobierno del PP. Su objetivo final no era más que impulsar y eliminar las posibles trabas que permitieran la constitución de dicho segundo circuito.

Ahora bien, la forma en que desde el Estado y sus resortes se llevó a cabo la cuestión, es decir, mediante el establecimiento de las conocidas como cláusulas de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (APA), donde éste aparece como responsable último de las infraestructuras desarrolladas, asumiendo los costes en caso de quiebra en un ejemplo más de denunciable de socialización de pérdidas –y privatización de las ganancias-, ya no forma parte del mencionado circuito (¿o sí?), sino de la especial variante del capitalismo implantado en nuestro país: el capitalismo de amiguetes y la más que palpable relación existente entre el mundo de la política y el de la gran empresa.

En definitiva, pese a que a alguien le pueda sorprender, la construcción de autopistas de peaje con una utilidad más que dudosa no es un hecho irracional, sino todo lo contrario. Y más cuando las políticas de Fomento y Obras Públicas se deciden mediante ese eufemismo denominado colaboración público-privada, concepto que, parece ser, tiene mucho más de Ibex 35 que de Administración General del Estado.

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La nueva Barcelona también se ceba con las clases medias

Fuente: PropiaEste

Este artículo fue publicado originalmente el 27/05/2017 en el diario Público. También en català en el siguiente enlace.

La nueva Barcelona también se ceba con las clases medias

El año 1976, en su libro Tots els barris de Barcelona, los periodistas Jaume Fabre y Josep Maria Huertas Claveria describían, bajo el epígrafe “Nuñez i Navarro ‘construeix’ una nova Barcelona”, como los inquilinos de un inmueble de la calle Aragó, entre Calabria y Rocafort, en su mayoría jubilados, recibieron la siguiente oferta por parte de la inmobiliaria: 3.000 euros por marcharse o 4.500 si querían quedarse alguno de los nuevos pisos que se pondrían a la venta cuando ellos se marcharan. Los periodistas describían el hecho como “muy natural dentro del mercado inmobiliario” y añadían “una manera de actuar que ha sido posible a lo largo de muchos años de tráficos urbanísticos”. Sus quejas, entonces, se dirigían a una administración local franquista con claras y directas vinculaciones con el sector de la construcción de la ciudad. Ahora bien, más de cuarenta años después, y ya en supuesta democracia, ¿en qué punto estamos en la construcción de esta nueva Barcelona?

Solo hace unos años, Inma vivía en un inmueble situado en la calle Torrijos, en el popular barrio de Gràcia. Las mensualidades no eran precisamente bajas, en torno a la media de la ciudad, unos 770 euros por un piso de 70 m2. Era el año 2012 y ya hacía dos años que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero había anunciado el inicio oficial de la crisis con un paquete de medidas y recortes presupuestarios que alcanzaban unos 15.000 millones de euros aproximadamente. Al finalizar ese año, el Producto Interior Bruto (PIB) del Estado español caía un 2,9% y no volvería a recuperarse hasta dos años después. Sin embargo, las dinámicas inmobiliarias especulativas, aunque hibernadas, no habían cesado en ningún momento. Inma acababa de separarse y no le dio tiempo de acceder a una oferta que sí cayó de pleno sobre su ex compañero y todavía residente en el inmueble. Una empresa compraba el edificio completo y le ofrecía no tres mil, sino diez mil euros por abandonar el inmueble antes de la finalización del contrato. Entonces, la Ley Arrendamientos Urbanos establecía un periodo mínimo de duración de éstos de cinco años. Dos más que los actuales tres contemplados en la reforma de 2013 llevada a cabo por el Gobierno popular de Mariano Rajoy. También estaba la posibilidad de comprarlo, pero tal circunstancia ni siquiera se pasaba por la cabeza de su ex, trabajador del sector creativo y constante precario. Así que, como no podía ser de otra manera, éste cogió el dinero y corrió. Inma todavía recuerda como algún amigo suyo sí que llegó a aceptar la oferta y, hoy día, es propietario de su vivienda. En tono irónico lamenta “me quedé sin indemnización, y ahora me la podría inventar un poco”. Todo el proceso transcurrió de forma más o menos indolora tanto para los compradores como para los inquilinos. Ella, por ejemplo, universitaria, votante de partido emergente, treintañera y, digamos, ejemplo de nueva clase media, contaba con un sueldo cercano a los dos mil euros netos en una entidad del tercer sector, lo que le permitió mudarse, sin muchos problemas, a un barrio cercano.

Sin embargo, esto es siempre así, tal y como evidencian casos como el conocido Lancaster 13, en el barrio del Raval, también en Barcelona y ya en la actualidad. Aunque Lancaster 13 saltó a los medios cuando la Regidora del Distrito de Ciutat Vella, Gala Pin, se enfrentó en directo en Els Matins de TV3 al propietario de la inmobiliaria MK Premium, la situación del cocinero Ahmed Shiplu, su hijo de diez años y su mujer embarazada de siete meses ya era conocido por los activistas de la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS). Estos hicieron un llamamiento en las redes el mismo día, 20 de marzo de este mismo año, que los operarios contratados por la empresa entraron en el edificio y comenzaron la realización de una serie de obras sin permiso municipal supuestamente destinadas a amedrantar al último de los vecinos resistentes. Ahmed contaba con un contrato vigente hasta 2019 y no había aceptado las condiciones de los nuevos propietarios para marcharse. Sin embargo, sus limitados ingresos, su necesaria vinculación al barrio –el restaurante donde trabaja se encuentra en el mismo Raval, así como su red social-, y el embarazo de su mujer hacían imposible un cambio tranquilo de vivienda.

Los habitantes de Barcelona están, en los últimos tiempos, demasiado acostumbrados a este tipo de relatos. No solo es que estén presentes en los medios de comunicación, sino que ocurren a cada momento a su alrededor, les tocan de forma cercana. Lo que comenzó como el rumor lejano de unas prácticas que les ocurrían siempre a otros y otras -en Distritos como Nou Barris donde a Ciutat Meridiana, con una renta familiar disponible de 34,5 sobre el 100 que representa la media de la ciudad, se la llegó a conocer como Villa Desahucio-, ha acabado llegando a todos. Nadie está a salvo, todo el mundo conoce a alguien, o a alguien que conoce a alguien, que ha tenido que abandonar su vivienda habitual durante los últimos años ya sea porque, con la caducidad del contrato de alquiler, las mensualidades han subido de forma notoria o bien porque, simplemente, no se les permite renovar el contrato. Algunos, los que se lo pueden permitir, suportan los incrementos de las rentas o buscan, como Inma, en la proximidad de su anterior ubicación, una nueva vivienda que les resulte asequible. Otros, sin embargo, no pueden hacer ni una cosa ni la otra. Sin embargo, la forma en que los afectados, individuos o familias, enfrentan la situación es diferente según el caso y, en la mayoría de las ocasiones, esta diferencia está marcada por su origen social, sus niveles de ingresos y la situación social y económica de los mismos. En definitiva, en función de una clase social que ya no sirve de salvaguarda, como veremos a continuación.

El modus operandi parece ser el siguiente. Las inmobiliarias interesadas localizan un edificio antiguo a poder ser en manos de un solo propietario. No importa si éste contiene aun los inquilinos. Es más, si los contiene, mejor aún pues más bajo puede llegar a ser el precio final de la operación de compraventa. Acto seguido se ofrece a los aún vecinos y vecinas del inmueble una cantidad, escasa en un principio, más alta al final, por abandonar el mismo. Las cuantías de inicio giran en torno a los mil o tres mil euros, pero pueden alcanzar cifras mayores. También se ofrece la posibilidad de comprar la vivienda en la que se habita, aunque, en este caso, la adquisición se realiza según precios del mercado, después de un profundo proceso de rehabilitación que incrementa suculentamente el precio y sin tener en cuenta ningún tipo de romántico derecho adquirido por parte de los inquilinos e inquilinas. Si, aun así, los vecinos y vecinas se niegan a abandonar el inmueble, la empresa compradora puede emplear diversas tácticas para forzar el abandono. Desde comenzar molestas obras en viviendas que sí han sido desalojadas –como en el caso de Ahmed-, hasta cambiar, sin previo aviso, el número de cuenta donde los inquilinos suelen realizar el ingreso de las mensualidades del alquiler, pasando por las coacciones físicas y/o verbales, o llegar a colgar, incluso, un cartel en el balcón de una de las viviendas ya deshabitadas anunciando la disponibilidad de nuevos y flamantes apartamentos con la intención de crear un clima psicológico adverso para que marchen los afectados.

El caso de Pierre es similar al de Inma, aunque con un final menos feliz. Este treintañero francés, informático, tiene el privilegio de poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, esto no le libró de acabar yéndose a vivir a Manresa no hace tanto. Recuerda como, en la casa en la que vivía antes de marcharse, el propietario hacía mobbing a la última vecina que quedaba. Según sus palabras, “quería sacar a todo el mundo, derribar y volver a construir. Su intención era puramente especulativa, un mobbing clásico, sacar a los vecinos y ya”. Aunque el antiguo propietario no logró que la última de sus inquilinas abandonara el edificio, vendiendo el inmueble con el bicho dentro, los que sí lo lograron fueron los nuevos dueños –holandeses- del mismo. Tras un proceso de rehabilitación integral, hoy es habitado, en palabras de Pierre, “por una pareja de irlandeses y gente del norte de Europa con bastante poder adquisitivo”.

Algo similar ocurrió en un par de edificios de la calle Castanys, de nuevo en el Poblenou, frente al mercado del barrio. Rosaura, también ex vecina, recuerda como su amiga Marta, trabajadora social, llevaba años viviendo en el mismo edificio junto a otras familias, algunas de las cuales residían en la misma vivienda desde hacía más de dos décadas. “Veinte familias desesperadas por no irse del barrio, no hay ofertas de alquiler normal, no las sacan”, señala. Maite ha acabado marchándose a un municipio del Maresme, pero todos los casos no acabaron igual, la peor parte se la llevan siempre aquellos más vulnerables. En estos dos inmuebles, el ejemplo más notorio fue el protagonizado por Ramón, un vecino jubilado de 75 años que se vio obligado a abandonar su casa al fallecer su mujer. El contrato de alquiler, a nombre de ella, se dio por finalizado con el deceso, no fue renovado y Ramón tuvo que ir a vivir con alguno de sus hijos.

Los casos descritos son solo un botón de muestra de la realidad de una ciudad que parece no tener la clave para detener la expulsión de sus vecinos y vecinas, algo que ha acabado alcanzando a aquellos y aquellas a los que parecía que esta situación parecía que nunca iba a llegar. El mismo año en el que Fabre y Huertas-Claveria escribían el libro con el que da comienza este artículo, se aprobaba el Plan General Metropolitano (PGM) de Barcelona. Este importante documento urbanístico, todavía parcialmente vigente, señalaba la necesidad de mejorar la calidad ambiental para “permitir el mantenimiento en la comarca de personas y actividades de renta media y elevada”. Después de más de cuarenta años, y ante lo visto, parece necesario plantear una nueva e inquietante pregunta: si, como todo parece indicar, no era a las clases medias, ¿a quién iba dirigida esta nueva Barcelona?

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Reflexiones en torno al turismo y el espacio público

Este artículo fue publicado originalmente en el diario online Nueva Tribuna el pasado día 21/03/2017.

Reflexiones en torno al turismo y el espacio público

Decía un amigo mío que, cuando era pequeño, su madre nunca le decía: “Niño, vete al espacio público a jugar”, sino a la calle, a la plaza o a cualquier otro sitio fuera de su casa, como un descampado o un solar. El concepto de espacio público, que parece aposentado entre nosotros desde siempre, cuenta sin embargo con escasas tres décadas de presencia en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. Los grandes clásicos del pensamiento urbano, gente como Lefebvre o la propia Jane Jabocs, apenas lo mencionan. Sí es más frecuente encontrárselo en referencias provenientes de la filosofía política liberal, en pensadores como Habermas o Hanna Arendt, aunque como sinónimo de esfera pública.

Se trata, pues, de un elemento de reciente incorporación al discurso sobre lo urbano que proviene de un ámbito ajeno tradicionalmente al mismo. Autores como Manuel Delgado achacan la popularización de su uso a la necesidad de plantear el espacio urbano –las calles, plazas y descampados a los que antes hacía referencia- como un elemento dispuesto a la inversión, objeto de compraventa y como un recurso más para la continuación del proceso de acumulación que ahora se desarrolla en las ciudades con más protagonismo que nunca.

Sea como fuera, es bien cierto que cada vez es más frecuente encontrar referencias al enfrentamiento existente entre usuarios y consumidores de ese espacio. Y dentro de estos consumidores podríamos citar a los turistas que visitan, por ejemplo, Barcelona. La capital de Catalunya es una ciudad que, desde las primeras elecciones municipales tras el Franquismo, realizó una apuesta clara por dicho espacio. En los discursos de los gobiernos de la ciudad durante los años 80 y 90 es frecuente encontrar constantes llamamientos a la necesidad de recuperación de “su espacio público”. Es a esto –al menos en parte- a lo que se refería uno de los primeros Delegados de Urbanismo de Barcelona, Oriol Bohigas, cuando dijo aquello de que había que “dignificar el centro y monumentalizar la periferia”.

El éxito de aquellas políticas es patente. La ciudad es reconocida hoy mundialmente, además de como una ciudad de ferias y congresos, por su relación con el diseño, el urbanismo y el espacio público. Sin embargo, esta promoción y, por tanto, atracción de los visitantes a la llamada a su consumo, no deja de presentar contradicciones. Me estoy refiriendo a las relativas a la necesidad de compaginar las dos esferas elementales de la vida en la ciudad: la de la producción, en la que englobaríamos, junto a otros, el fenómeno del turismo, y la de la reproducción, es decir, la vida vecinal y la más elemental de las socializaciones. Estas fricciones no son, en todo caso, singulares de la capital de Catalunya. Más bien al contrario, se producen en todas las grandes capitales, tanto de Europa como de América, aunque también más en Asia, y son debidas, entre otras cuestiones, a sus características como ciudades globales: centros de mando y nodos de flujos de información y toma de decisiones, como nos señalara Manuel Castells.

Sería en este sentido en el que habría que interpretar algunas de las últimas decisiones tomadas por el Gobierno municipal de Barcelona en comú. Entre ellas tendríamos los Planes de Barrios del Gòtic y el Raval sur, la adquisición de algunos inmuebles con la finalidad de construir equipos municipales de carácter social y cultural, o la oportuna y problemática Ordenança de Terrasses –aprobada inicialmente por el Gobierno de Trias- que, hoy día, aun no se acaba de aplicar plenamente.

Son estos ejemplos del insoslayable conflicto que encontramos en las ciudades debido a que, en sus espacios, tanto aquellos dedicados al acogimiento presente o futuro de volúmenes construidos, como al que existe entre ellos, espacio urbano o público, confluyen infinidad de intereses, muchos de ellos contrapuestos, que constituyen el elemento principal del que están hechas las urbes.

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Llegamos tarde

Fuente: Propia

Fuente: Propia

Este artículo fue publicado originalmente en catalán en el diario Público el pasado día 18/12/2016.

Llegamos tarde

Llegamos tarde. La cercavila había comenzado a las 11.30 justo al lado del solar que, si nada lo evita, acabará ocupando un nuevo hotel en las inmediaciones del Museu Marítim de Barcelona, en Drassanes. Eran más de las 13.00 h.- y nosotros ya estábamos al final del recorrido viendo como preparaban una paella popular miembros de los colectivos que organizaban la manifestación. Imposible quedarnos a esperar por dos motivos: primero, porque en la esquina de la Ronda Sant Pau, donde se encuentra esta improvisada cocina, en el edificio de la Rimaia, no hay un solo sitio para sentarse decentemente y, segundo, porque llevábamos tres niñas menores de ocho años que solo querían jugar y jugar. Decidimos buscar un parque y sumarnos al final de la cercavila un poco más tarde.

Podría decirse que el proceso de turistificación que vive Barcelona es de todo menos inesperado. La apuesta por una ciudad con una economía estrechamente vinculada al turismo tiene décadas y saltó de un régimen político a otro. Aunque la Barcelona ciudad global es un fenómeno relativamente reciente, al menos desde las Olimpiadas del año 1992, las primeras iniciativas con el objetivo de convertir la capital de Catalunya en un referente turístico provienen de principios del siglo XX. Sin ir más lejos, la invención del Barri Gòtic como parque temático podría, incluso, remitirnos al proyecto de dotar a Barcelona de un centro histórico acorde a la ambición política y cultural de arquitectos como Puig i Cadafalch y partidos como la Lliga Regionalista. La ciudad ya puso en marcha, por aquel entonces, su Societat d’Atracció de Forasters, iniciativa municipal que contó con la participación de la Diputació y de capitales provenientes de la banca, el comercio y la industria, en una especie de previa de la colaboración público-privada que caracterizaría el Modelo Barcelona años después, y que editó incluso películas con nombres tan ilustrativos como el de Barcelona, perla del mediterráneo.

Habría que esperar hasta la tímida apertura Franquista después del primer periodo autárquico de la Dictadura y al alcalde Porcioles, en los años 60, para volver a presenciar una apuesta política por el turismo de similares características. La Barcelona ciudad de Congresos, que también contó con su correspondiente publicidad audiovisual institucional, apostó por una Barcelona atractiva para los visitantes y el capital centrada, sobre todo, en las ferias y convenciones empresariales, mediante aquello que, hoy día, se denomina Turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions, por sus siglas en inglés). Pero también con intentos de transformar grandes áreas de la ciudad -a través de profundas reformas urbanísticas, como la del Plan de la Ribera en el popular barrio del Poblenou-, de forma que la Perla del Mediterráneo se convirtiera en una auténtica Copacabana Barcelonesa. Fueron precisamente estos intentos de transformación de la ciudad desde un tipo de capitalismo fordista e industrial a otro flexible vinculado al sector terciario (comercio, turismo, etc.) los que desataron los primeros e importantes movimientos sociales urbanos después de décadas de sometimiento político: las asociaciones de vecinos.

La Barcelona democrática salida de la Transición no solo no detuvo esa transformación sino que, mediante actuaciones como las desarrolladas con motivo de los Juegos Olímpicos o, posteriormente, la celebración del Fòrum de les Cultures, abundó en ella con las consecuencias hoy día por todos conocidas: la creación de una ciudad de y para las clases medias centrada en el consumo como privilegiada forma de relación social. Sin embargo, la semilla sembrada por el movimiento vecinal de los 70, aunque posteriormente absorbido éste por las dinámicas institucionales, llegó a producir resistencias incluso a unos Juegos que se presentaron como un verdadero ejemplo de consenso ciudadano. Ahí está el ejemplo de la Comissió Icària, iniciativa de contestación frente al modelo de ciudad poco conocido, pero no por ello menos importante, o la acción Paterem el Fòrum, organizada por toda una pléyade de colectivos, organizaciones y movimientos sociales de la ciudad en pro de un objetivo común: desmontar el mito del Modelo Barcelona.

La ciudad crece a golpe de mega evento, pero también a golpe de mega evento construye un tejido social denso que ha sido capaz de dar lugar a la #AcampadaBcn, del 15M, y a todas sus asambleas barriales; al movimiento V de Vivienda, de lucha contra la violencia urbanística y especulativa, y germen de la popular Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH); a la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), plataforma que agrupa a más de 27 entidades y colectivos e, incluso, a iniciativas políticas dirigidas a alcanzar el poder municipal como Barcelona en Comú (BeC). Sin embargo, ni unos ni otros han (hemos) conseguido detener el brutal proceso de expulsión y desplazamiento socio-espacial que vive la ciudad, aunque tampoco se les puede culpar exclusivamente ya que la dinámica, como he intentado mostrar, viene de lejos.

La cultura de la propiedad promocionada por la Dictadura (convertir a los proletarios en propietarios), alentada por unos partidos políticos que se dicen socialdemócratas pero que se han subido desde el primer momento al carro del neoliberalismo (es famosa la frase del ex Ministro Carlos Solchaga que señalaba que “España es el país de Europa donde es más fácil hacerse rico”), sitúa la ciudad como referente principal, entre otras cuestiones, de la continuidad del proceso de acumulación capitalista. Como decía Bourdieu, “el Estado es el Banco Central del capital simbólico”, él tiene la potestad casi monopólica de legitimar acciones, procesos e ideologías que, como el neoliberalismo, influyen de manera negativa en la vida de las ciudades.

Son las 14.15 y la cercavila ha llegado a su meta. Se lee el manifiesto “Defensem les persones, defensem els nostres barris contra la gentrificació”, y la gente comienza a hacer la cola para obtener el ticket con el que, posteriormente, acceder a su plato de paella. Las niñas tienen hambre  y no pueden esperar su plato, así que buscamos algo que atempere un poco la espera. El ambiente, más de 300 participantes, es animado, casi de fiesta, pese a la violencia urbana y simbólica que vive el entorno de la Ronda Sant Pau, el barrio del Raval, Sant Antoni y Poble-sec, últimos barrios céntricos de la ciudad que no han sido completamente turistificados.

Volviendo a Bourdieu, el sociólogo francés señalaba que “el derecho es siempre la codificación de la relación de fuerzas”. ¿Seremos capaces de girar dicha relación, de cambiar ese derecho?, ¿tendremos que abandonar, finalmente, nuestras calles y casas?, ¿hemos llegado tarde?

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Cuando lo único que te queda es el honor

Fuente: rtve.es

Hace escasamente dos semanas, algunos de los principales medios de comunicación abrían noticieros y editoriales con una noticia sobrecogedora: una pareja de ancianos llevaba dos noches durmiendo en un céntrico parque de Oviedo, Asturias, después de haber sido desahuciados por impago del alquiler de la casa que llevaban ocupando desde hacía más de diez años. Los distintos, y siempre débiles, protocolos habían fallado y las instancias implicadas, una vez solventada una situación que dista de ser coyuntural y hace tiempo que es estructural, comenzaron a buscar el origen del problema y a la institución responsable. Al parecer, el Juzgado asturiano correspondiente desconocía la edad de los afectados -solo les constaba que eran mayores de edad-, por lo que el convenio firmado entre éste y los servicios sociales del Principado para evitar estas situaciones no llegó nunca a activarse. Un pequeño desliz que acabó con dos personas mayores pasando un par de noches a la intemperie.

Sin embargo, más allá del típico tira y afloja que siempre aparece cuando los organismos, acuerdos y convenios diseñados para evitar este tipo de casos fallan estrepitosamente, la pregunta que rondaba la cabeza de más de uno y una -entre los que me incluyo- es, ¿por qué no comentó esta pareja su situación, no solo a las instituciones encargadas de ayudarles, sino a sus más íntimos allegados, sus familiares y amigos?, ¿es que acaso no tenían a nadie que pudiera echarles una mano? Ahondando en la noticia era posible descubrir que existía una familia que hubiera podido ayudarles. Entonces, ¿qué había pasado?

Decía Julian Pitt-Rivers, el antropólogo inglés que estudió en los años 60 del pasado siglo el pueblo andaluz de Grazalema y el papel que el honor jugaba en las sociedades mediterráneas, que socialmente es posible hablar de dos tipos de honores: el de precedencia y el de permanencia. El primero de los mismos hace referencia a “la posesión, o cuanto menos el usufructo, de elementos y atributos que encarnen implícitamente una representación de preeminencia y primacía, y cuyo requisito indispensable consiste, por definición, en la monopolización de sus rasgos fundamentales por un limitado estrato de población, más o menos amplio, pero siempre minoritario” (Maiza, 1995), mientras que el segundo de los mismos está relacionado con la difusión general del fenómeno.

El honor, de este modo, es un valor intangible que no te pertenece a los individuos, sino a su familia o linaje y es transmitido de generación en generación como un legado de carácter colectivo. Además, como bien de carácter especial puede verse incrementado o disminuido en función del comportamiento y actuación de los diferentes miembros del clan. Es decir, nadie está en posesión del honor más que temporalmente, de forma que la responsabilidad de cada miembro de la familia no le atañe únicamente a él o ella, sino a la totalidad del grupo social. Por otro lado, como auténtico capital simbólico, que diría Bourdieu, contribuye a situar a las personas dentro del espacio social que es la sociedad; un auténtico eje de coordenadas que no se encuentra únicamente determinado por el capital económico, sino también por otros elementos como el estatus, el nivel educativo, etc.

Bajo esta premisa, es posible entender, como primera y sencilla aproximación, que la pareja de ancianos asturianos no quisiera poner en conocimiento de sus familiares y amigos su situación: el honor de todos ellos estaba en juego. Todos podemos estar en una situación de emergencia económica en un momento u otro de la vida; puedes perder el empleo, la casa, el coche o cualquier otra cosa material. Pero cuando te han quitado todo eso, solo te queda una cosa que no puedes perder ya que no es tuya: tu honor.

Referencias

Maiza, C. (1995) Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, t. 8, págs. 191-209.

Pitt-Rivers, J. (1964) The people of the Sierra. Chicago: University Chicago Press.

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Turismo y terrorismo: Deconstruyendo el imaginario de la doble T en el caso de Túnez

Fuente: Fuente: I will come to Tunisia this summer #jesuisbardo

Son varias las razones que justifican estudiar la relación entre el turismo y el terrorismo en Túnez. Por una parte, ese país ha sido víctima de ataques yihadistas con importantes consecuencias para el sector turístico. Por otra parte, cuenta con uno de los números más altos de reclutamiento de voluntarios yihadistas a Siria e Iraq. Además, el sector turístico es una importante fuente de trabajo e ingresos para la economía tunecina, el cual se sustenta fundamentalmente en el mercado europeo. Con posterioridad a los atentados acaecidos en 2015 fueron varios los gobiernos europeos que desaconsejaron viajar al país norteafricano. En ese contexto, las consecuencias económicas fueron inmediatas. El año 2015 cerró con una reducción del 25,18% en la llegada de turistas y una caída del 38,56% en los ingresos del turismo internacional, todo ello en un sector que en 2014 había contribuido casi un 12% al PIB (Knoema, 2017a). En este escenario, el objetivo del presente artículo es contribuir al debate en torno a las campañas y mensajes promocionales elaborados en respuesta a los actos de terrorismo y violencia acontecidos en destinos turísticos internacionales y difundidos mediante poderosas imágenes a través
de medios de comunicación masivos.

Descarga AQUÍ el artículo completo.

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