El manifiesto del capitalismo de plataforma

Este artículo fue publicado originalmente en el diario Nueva Tribuna el pasado día 27/06/2018

El manifiesto del capitalismo de plataforma

En su libro El capitalismo y la moderna teoría social, el sociólogo británico Anthory Giddens describe el desarrollo de la historia social a través de la visión de Karl Marx en el Manifiesto comunista. Así, señala:

“En toda sociedad relativamente estable hay un equilibrio entre el modo de producción, las relaciones sociales que integran este modo de producción, y la ‘superestructura’ a él vinculada por medio del dominio clasista. Cuando ocurren cambios progresivos en el ámbito de la actividad productiva, surge una tirantez entre estas nuevas fuerzas productivas y las relaciones de producción que subsisten. Entonces éstas últimas obstaculizan cada vez más a las nuevas fuerzas de producción que sobresalen. Estas ‘contradicciones’ llegan a expresarse abiertamente como conflictos de clase, terminan en luchas revolucionarias reñidas en el ámbito político, y aparecen a nivel ideológico como choques entre ‘principios’ opuestos. Estas luchas dan como resultado, o bien ‘el hundimiento de las clases beligerantes’, como sucedió en Roma, o bien, ‘la profunda reorganización revolucionaria de la sociedad’, como ocurrió con la retirada del feudalismo ante el capitalismo. La clase que se empeña en una lucha revolucionaria por el poder, combate en nombre de derechos humanos absolutos y presenta sus ideas como ‘las únicas racionales y dotadas de vigencia absoluta’.

Este relato del surgimiento del capitalismo coincide casi palabra por palabra con la versión del modo de producción capitalista neoliberal, también denominado capitalismo de plataforma, que estamos viviendo actualmente. Airbnb, Deliveroo, Glovo, Uber y tantas otras suponen esas nuevas fuerzas productivas que friccionan claramente con los restos de las relaciones de producción todavía existes provenientes del modelo fordista. Las últimas noticias, como la recogida por eldiario.es o Nueva Tribuna en torno a la consideración por parte de la Inspección de Trabajo de Barcelona de los trabajadores de Deliveroo como “falsos autónomos”, parecen reforzar la postura de resistencia de una clase social depauperada, esto es, unos trabajadores precarios, explotados, externalizado, etc. que ofrecen, en este caso, su beligerancia a la revolución conservadora que supone el capitalismo de plataforma.

Estos nuevos rebeldes cuentan, además, y como no podía ser de otra manera, con sus defensores en la esfera de la superestructura social. En el caso del Estado español, el partido político Ciudadanos ha pedido recientemente adecuar la legislación vigente “a estas nuevas formas de trabajo” y lo hace mediante un discurso plagado de referencias a la racionalidad económica de carácter liberal, por supuesto.

El viejo manifiesto marxista, que precisamente cumple 170 años, parece mantenerse aún vigente. De esta forma, podríamos estar asistiendo a una de esas etapas que Bertolt Brecht representó tan bien cuando señaló aquello de “la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer”, aunque lo que acabe por nacer no sea tan conveniente como nos quieren hacer creer.

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Desposesión por acumulación en torno al Partido Popular

Este artículo fue publicado originalmente en el CTXT.es el pasado día 20/04/2017

Desposesión por acumulación en torno al Partido Popular

En tiempos de Tramabuses y libros -como el de Rubén Juste, Ibex 35 Una historia herética del poder en España- que intentan desenmascarar el modo de funcionamiento ordinario de nuestro capitalismo patrio, me viene a la cabeza la actualización que el geógrafo David Harvey hace del concepto de acumulación primitiva de Marx. Para Harvey, la necesidad del sistema capitalista de proseguir con su necesaria senda de expansión continua le lleva a emprender distintas estrategias. Una de ellas es la denominada solución espacial, esto es, la fijación de grandes cantidades de capital en el territorio mediante la construcción de infraestructuras, viviendas, etc., como forma de ralentizar la dinámica de sobreacumulación inherente al funcionamiento del sistema. Otra de ellas es lo que Harvey denomina acumulación por desposesión y, quizás, es la que se presenta como más interesante en relación a los últimos acontecimientos en torno a las corruptelas del Partido Popular (PP).

Por acumulación por desposesión entenderíamos aquellas prácticas que permiten la expansión del capital mediante su introducción en campos que, hasta ese momento, le permanecían ajenos. En concreto, esto se llevaría a cabo mediante privatizaciones (de empresas públicas, la desregularización de sectores productivos, la apertura al mercado de sectores como la sanidad, la educación, etc.), mediante la financiarización (la expansión del crédito, etc.), mediante la gestión y manipulación de las crisis (como formas de reajuste de la estructura de clases, por ejemplo) y, finalmente, mediante las redistribuciones estatales de renta (la priorización de las retribuciones al capital frente a las rentas del trabajo). Sin duda, la más acorde a los hechos recientes es la primera de las mismas, aquellas relacionadas con las privatizaciones de empresas públicas.

Precisamente es en torno a la expansión de las actividades internacionales del Canal de IsabeI II y su intento de privatización –comisiones incluidas- que ha sido puesto entre rejas –aunque solo sea por una noche- el ex Presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Sin embargo, y como no podía ser de otra manera en nuestro gran solar patrio –lo de solar no es comentario inocente- estas prácticas de privatización alcanzan en Madrid un carácter distintivo, aunque no único, como hemos podido ver en situaciones similares en torno al Caso Gürtel, las investigaciones sobre el 3% en Catalunya, etc.

La cuestión es que lo que en principio se plantearía, desde el punto de vista teórico, como un nuevo proceso de acumulación por desposesión, en este caso, se tornaría, más bien, una dinámica de desposesión por acumulación, esto es, una práctica continua y sistemática del robo, la rapiña y el latrocinio de parte del capital acumulado por parte de una serie de individuos que, en este caso, aunque como he señalado anteriormente no de forma exclusiva, están vinculados al PP. Es más, en algunas ocasiones el destinatario de estas acumulación ha sido el propio partito gobernante, recordemos, en el Estado.

Y así estamos. No solo ante una más que cuestionable estrategia de expansión del capitalismo nacional mediante la venta, muchas veces a saldo, de parte de unos bienes y servicios que una vez fueron de todos, y que economistas nada sospechosos de antisistema como Joseph Stiglitz se han encargado de poner en duda, sino también ante una práctica consolidada de enriquecimiento personal y corporativo ilícito basado en el fraude y el pillaje. Siempre nos quedará la duda de si, como más de uno puede llegar a pensar, se trata de dos fenómenos que están indefinida e íntimamente unidos desde su nacimiento, de forma que algo que ha sido presentado como una opción ideológica no sería otra cosa que su cobertura técnica de legitimación.

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Consideraciones sobre el proyecto de Ley de las Áreas de Promoción Económico Urbana (APEU)

El siguiente texto ha sido elaborado en forma de aportación a los miembros de la ponencia del proyecto de Llei d’Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) en la Comissió d’Empressa i Coneixement del Parlament de Catalunya.

Texto

La propuesta de legislación sobre las Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) responde al interés de la Generalitat de Catalunya por dotar de instrumentos legales, pero sobre todo financieros, a presentes o futuras organizaciones empresariales vinculadas al comercio en las distintas ciudades y pueblos del territorio catalán. El objetivo de la Ley pasa por eliminar o, al menos, minimizar parte de los costes sociales, ambientales y económicos de la deslocalización de los diferentes tipos de actividad comercial ligada al territorio que las normales dinámicas del mercado pueden llegar a ocasionar. Sin embargo, es precisamente en esta inicial aproximación a una posible solución donde aparecerían los primeros indicios de cierta incoherencia en el planteamiento propuesto. Sí, porque si de lo que se trata es de que, tal como relata la exposición de motivos de la Ley, “[…] no ens podem permetre…” (pág. 1) dichos costos, la solución a tal cuestión no puede venir de una iniciativa parcial dirigida a un único sector en concreto; la problemática necesitaría, para una correcta solución, de un proyecto de ámbito global. El actual tejido comercial de los pueblos y ciudades de Catalunya no se halla en peligro únicamente por una cuestión de “competitivitat” o “degradació” (págs. 1 y 3) sino por muchos otros factores, como la orientación hacia el monocultivo turístico que soportan algunas de estas localidades (cuando no podemos olvidar que los servicios que ofrece este tipo de comercio no tienen nada que ver con las necesidades locales, sino con la de los visitantes y las empresas turísticas); por la existencia de grandes centros comerciales situados, en su mayoría, en las periferias de los núcleos urbanos (con el importante coste ambiental, social y económico que también esto supone), etc. Es decir, es la ausencia de una planificación territorial y una ordenación de actividades de rango superior a la ciudad, además de su gobernabilidad y gestión política, la que determina esta falta de competitividad, no las características del comercio en sí. Podría aparecer como una incongruencia, de este modo, seguir fomentando el desarrollo de centros comerciales vinculados a grandes promotores y marcas por la totalidad del territorio catalán y, a la vez, avanzar en el desarrollo de las APEU. Si se quiere apostar, tal y como cita el texto de la ley, por evitar los costes sociales, ambientales y económicos, esto pasa por una mayor capacidad por gestionar el territorio.

Otro tema a destacar en el desarrollo de la Ley es la apuesta política clara por la colaboración público-privada; una colaboración que, como se cita expresamente en la página 3 “[…] persegueix finalitats publiques […]” pero que, un poco más adelante, y haciendo referencia a este tipo de relación acaba por señalar que, en las APEU, “[…] els beneficiaris directes d’aquestes iniciatives són les persones titulars d’activitats econòmiques d’una àrea delimitada […]” (pág. 4), a lo que me atrevería a añadir, en concreto, a los propietarios de los inmuebles ubicados en esas zonas. Es curioso como, en este sentido, y, tal y como se cita, en ausencia de un Libro Blanco, se mencione un único documento de referencia previo (2016) a toda la Ley, el informe titulado ““Las Áreas para la Promoción de Iniciativas Empresariales (APIEs)” elaborado bajo la iniciativa de la Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos (AGECU), es decir, una entidad completamente privada donde, aunque con algunos socios pertenecientes a la administración pública local de todo el Estado, prima el interés empresarial. Se obvia, de esta manera, otras aportaciones de carácter académico.

En la definición misma de la finalidad de las APEU (pág. 3) encontramos otra de las incoherencias del espíritu de la Ley. Así tal y como se cita, las APEU persiguen “[…] consolidar [un] model de ciutat compacta, complexa i cohesionada i mediambientalment eficient […]”. Ahora bien, la puesta en marcha de este tipo de iniciativa generará, más bien, todo lo contrario a una ciudad compacta y cohesionada, ya que los efectos, que veremos más adelante, de la misma no pueden, por menos, que acabar por poner en marcha una fragmentación del tejido urbano. De esta forma, la diferenciación daría inicio entre las zonas que son objeto de una APEU y las que no, las que mejoran y atienden a su tejido comercial por hallarse bajo la consideración de APEU y las que no. Esto, además de una competitividad interior en cada centro urbano, acaba por generar fragmentación, no compacidad o cohesión.

Por último, más allá del mencionado informe elaborado por iniciativa de la AGECU, existen evidencias académicas que destacan que, más bien, las APEU descansan sobre modelos escasamente democráticos, ya que se trata de una democracia de propietarios/arrendatarios (donde no tienen voz ni voto los vecinos y vecinas de los inmuebles donde hay locales comerciales, por ejemplo); pueden llegar a presentar problemas de rendición de cuentas, pese a la fiscalización del propio Ayuntamiento (de hecho, en un artículo escrito por la profesora Helena Villarejo (2013), de la Universidad de Valladolid, se cita que su puesta en marcha “supondría una suerte de publificación de estas entidades, lo que generaría notables dificultades institucionales y organizativas. Igualmente, en la implantación del modelo BID/APEU, habría de exigirse una ineludible acción pública en la recaudación de los fondos y en el control de los gestos” (pág. 270); generan fragmentación del espacio público, polarización social y estructura dual de la ciudad, como se ha citado antes; puede generar incrementos notables del precio del suelo y, por tanto, dinámicas especulativas y gentrificación, esto es, expulsión de los y las vecinas con menos capacidad de resistir los incrementos del precio de la vivienda; limpieza de indeseados; privatización del espacio público, ya que los anteriormente usuarios pasarían a considerarse como simples consumidores; disneyficación y tematización de áreas completas de la ciudad; ciudades cada vez más parecidas unas a otras; esterilización del espacio público y, para finalizar, estrategias securitarias puestas en marcha para garantizar el desarrollo del consumo, único y fundamental motivo para el que estarían concebidas las calles (Villarejo, 2016; Mansilla, 2017).

Los comentarios aquí señalados responden única y exclusivamente a consideraciones de tipo general sobre los efectos de la delimitación de una APEU en el tejido urbano de una ciudad. No me corresponde a mí, por escapar al área de mi experiencia y conocimiento, responder o alertar sobre consideraciones de otro tipo (como la redefinición del papel del sector público y el privado en el ámbito de las APEU, pues no siempre tienen porqué coincidir en intereses o la propia estructura organizativa y la financiación) que también pudieran surgir.

Bibliografía

Mansilla, J. A. (2017). “The bid bang theory”. Nuevas practices para la mercantilización de la ciudad. El Salto Diario. Disponible en https://www.elsaltodiario.com/ciudad/areas-promocion-economica-urbana-mercantilizacion-de-la-ciudad

VVAA (2016). Las Áreas para la Promoción de Iniciativas Empresariales (APIEs). AGECU. Disponible en https://www.agecu.es/agecu/wp-content/uploads/2016/10/CONCLUSIONES_GRUPO_DE_EXPERTOS_PROGRAMA_DE_DINAMIZACION_MOD2_09122010_DEF.pdf

Villarejo, H. (2014). Colaboración público-privada y contratación precomercial para el impulso de la I+D+i y la transferencia del conocimiento, en Ciencia, tecnología e innovación: nuevo régimen jurídico, Antonio Calonge Velázquez (dir.), págs. 133-145.

Villarejo, H. (2016). Espacios públicos gobernados públicamente. Revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 101, págs. 101-116.

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Mercados de acumulación simbólica

Este texto es un extracto del artículo “Un rollo muy hípster”. Turismo, consumo y mercados de acumulación simbòlica en Madrid y Barcelona. Cuadernos Geográficos 60(1), 54-79, e-ISSN: 2340-0129, escrito junto a Stoyanka Andreeva Eneva y Adrián Hernández Cordero.

Fuente: Propia

El capitalismo ha extendido sus intereses más allá de los mercados tradicionales y, en los últimos años, han aparecido nuevas tipologías comerciales que suponen una vuelta de tuerca a la mercantilización de la ciudad a partir de la acumulación de capital simbólico.

Estos nuevos mercados no se encontrarían ya ubicados en las antiguas instalaciones de los de abastos, sino que habrían pasado a ocupar otros emplazamientos, en la mayoría emblemáticos, cuyo contexto urbano se vería, de esta manera, reposicionado. El objetivo de estas novedosas significaciones del espacio estaría relacionado con el deseo de atraer a un público con un gusto sofisticado y cosmopolita, muy al hilo de las clases creativas; algo que podría proporcionar un catalizador para la regeneración de la zona basada en “una economía emergente de visitantes […] dirigida por el mercado” y cuyos comportamientos serían aquellos que Baudrillard señalaría como modeladores de “las actitudes sociales y necesidades”.

De este modo, si algo caracterizaría a estos nuevos mercados es la búsqueda de la autenticidad y la originalidad, la generación de experiencias, algo que se vería plasmado, entre otras cuestiones, en el cuidado, la presentación, preservación y decoración de las paradas de los vendedores y el fomento de la identidad, pero también en el recinto mismo, en un intento de dotar la actividad de cierta distinción, singularidad y novedad.

Dentro de los mismos, podríamos citar mercados como Palo Alto Market en Barcelona y el Mercado de Motores en Madrid, que serán analizados a continuación.

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Cabify y el unicornio del colonialismo interior

Fuente: eldiario.es

Este artículo fue publicado originalmente en el Diario Público el día 08/03/2019. También en catalán en el Diari Públic.

Cabify y el unicornio del colonialismo interior

En el ambiente de las start-ups, los business angel, las rondas de financiación y el resto de la neo-lengua vinculada al mundo de los negocios hay una expresión, un concepto, que se ha convertido en una meta, una aspiración, para muchos y muchas emprendedoras: el unicornio. Un unicornio es una empresa, generalmente una pequeña iniciativa, que alcanza una valoración de más de 1.000 millones de euros en el mercado. Esto no quiere decir que la compañía dé beneficios por valor de esa cantidad, o que haya creado riadas de empleos bien remunerados, o que pague cuantiosos impuestos en las arcas públicas del territorio donde se encuentra asentada. No, ser un unicornio no tiene nada que ver con eso. Un unicornio es una star-up que manifiesta la potencialidad de dar beneficios en el medio-largo plazo, es decir, de comenzar a generar dividendos para sus accionistas en un futuro más o menos cercano. Los 1.000 millones de euros de valoración son una estimación, una proyección elaborada desde el presente, del valor de la empresa según dicha potencialidad.

Los unicornios suelen ser compañías emergentes que dicen haber localizado nichos de mercado, productos o servicios, que, hasta ese momento, nadie había sido capaz de ver. Esta habilidad para encontrar nuevas posibilidades para la reproducción ampliada del capital es, además, normalmente proyectada sobre nuestro imaginario como algo realizable sólo con esfuerzo y tesón. Son conocidos mundialmente los casos de los creadores de Airbnb en su apartamento de San Francisco o el propio Jeff Bezos abandonando su puesto en un hedge fund –otro palabro- para crear, de la nada, Amazon. Ahora bien, muchos de estas exitosas iniciativas tienen poco que ver con profundas investigaciones que vengan a solventar las necesidades o los problemas de la vida cotidiana de las personas, y mucho con indagar sobre los resquicios, las zonas oscuras, los límites y la flexibilidad de la normativa actual, aprobada de forma democrática por las distintas instituciones, la cual rige el funcionamiento de los mercados en nuestras sociedades. Su éxito está basado, precisamente, en ser capaz de surfear la regulación vigente y presionar, en caso de que sea necesario, a las instancias políticas para que éstas modifiquen la legislación que les afecta, en su favor. Se trata de un puro colonialismo interior; un proceso según el cual la asignación y distribución de recursos, así como las relaciones en el ámbito social y productivo, se realiza bajo criterios análogos a los de una colonia, esto es, bajo un régimen de explotación.

En el Estado español tenemos un único unicornio: Cabify. Esta plataforma tecnológica de movilidad está valorada, actualmente, en torno a los 1.400 millones de euros. Sin embargo, la recién aprobada legislación en torno a su funcionamiento por parte de la Generalitat de Catalunya hizo que la empresa abandonara, con profunda pena y una gran proyección mediática, el territorio catalán. El Gobierno de Catalunya había actuado separando, mediante un Decreto, claramente el modelo de negocio de las licencias VTC, en el cual está basado Cabify, y el de los tradicionales taxis, de forma que, a partir de su publicación y entrada en vigor, sería necesario un periodo mínimo de 15 minutos de antelación para solicitar sus servicios, además de otras cuestiones. El Decreto permitía, además, a los diferentes niveles administrativos municipales, ampliar, si así lo consideraban, esos 15 minutos. De esta forma, el Área Metropolitana de Barcelona elevó el periodo de tiempo hasta la hora, manifestando, aún más, su intención de separar ambos tipos de actividad económica.

El abandono de su actividad en Catalunya, por parte de Cabify, ha durado poco. Este jueves 7 de marzo ha anunciado la vuelta a sus carreteras, solo que, de nuevo, estirando la interpretación del Decreto catalán. La justificación de Cabify, en este caso, es que la firma de un contrato por un año con cada uno de los clientes la primera vez que se soliciten sus servicios, les eximiría de respetar los límites de 15 o 60 minutos exigidos por la normativa, en las siguientes solicitudes.

El unicornio Cabify es solo un ejemplo, pero podríamos citar más –Glovo y Deliveroo aprovechándose de sus trabajadores supuestos autónomos, Airbnb y el turismo neighbor friendly y sus efectos sobre los incrementos del precio de la vivienda, etc.- forman parte del mismo tipo de iniciativas; aquellas sólo buscan conseguir la multiplicación exponencial de las plusvalías a costa de romper las costuras del modelo económico actual, es decir, tratando a sus ciudadanos como colonos interiores.

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Jóvenes y vivienda: una cuestión de clase

Fuente: eltambor.es

Este artículo fue publicado originalmente en catalán en la revista Papers de Joventut 137. Podéis consultar el artículo original en el siguiente enlace.

Jóvenes y vivienda: una cuestión de clase

El pasado mes de diciembre, el diario El País publicaba un artículo con el título “‘Viejenials’: el gran negocio de disfrutar la vejez” (López, 2019). En este se daban a conocer algunos datos interesantes. Por ejemplo, España aparecía como el segundo país, a nivel global, en esperanza de vida, únicamente superado por Japón. Además, se mostraba como, según las últimas estimaciones realizadas, desde 1840 la esperanza de vida se estaba viendo incrementada en 2,5 años cada década, lo que supondría que, en 2050, la población española llegaría a 91,5 años de media. El periodista señalaba como esto supondría todo un handicap para los sistemas sanitario y de pensiones públicos, ya que, actualmente, los mayores de 64 años ya supone el 19% de la población. Sin embargo, el artículo no quería mostrarse pesimista, al menos con la situación actual de nuestros mayores. Más bien, señalaba la enorme oportunidad que esto suponía para… hacer negocios. Sí, porque tal y como subrayaba uno de los expertos citados en el artículo, “la creciente longevidad, gestionada adecuadamente, es el baby boom que buscamos desesperadamente, si es que no es mejor aún: es el greyny boom“, para luego añadir “es cómo aprovecharemos el maná de la longevidad y no con sobornos para que las parejas tengan más hijos (…), es más eficaz deshacerse de la tiránica barrera de los 65 años [en la edad de jubilación] que fomentar la natalidad para que los jóvenes nos pagan las pensiones “(sic!). El texto continuaba aportando datos y realizando valoraciones supuestamente técnicas sobre la enorme oportunidad que podría llegar a suponer el hecho de contar con una sociedad envejecida. Sin embargo, en una lectura desde el otro lado de la pirámide poblacional sería posible sacar unas conclusiones no tan favorables. La primera de ellas sería que, según este relato, el futuro de nuestros jóvenes parece pasar por una especie de gerontoeconomía, es decir, todo un sector productivo dedicado a la gente mayor. Mientras que, por otra parte, las políticas de mejora de las oportunidades y calidad de vida para las nuevas generaciones aparecen como simples “sobornos” y el retraso progresivo en la edad de jubilación podría suponer un nuevo obstáculo en las oportunidades laborales los trabajadores y trabajadoras jóvenes.

Pocos días después, el mismo diario publicaba otro artículo aparentemente sin relación con la anterior: “La desigualdad en patrimonio aumenta y lastra a los jóvenes” (Maqueda, 2020). El panorama que mostraba era desolador. A la evidente fractura social existente en España, acentuada después de la mal llamada Gran Recesión de 2008, la cual había aumentado de forma notable las diferencias de renta entre clases sociales, se sumaba una brecha generacional que estaba situando precisamente a los más jóvenes como protagonistas destacados de la desigualdad. Es decir, ser pobre hoy es, en gran medida, ser joven. Así, si en 2014, el 20% de los hogares más ricos poseía 15 veces más renta que el 20% más pobre, sólo tres años después, en 2017, esta distancia había aumentado hasta 28 veces, casi el doble. Y, aunque el texto señalaba cómo los salarios estaban recuperando, muy lentamente, los niveles previos a la crisis -evidentemente, no en todos los grupos de edad y clase-, no estaba pasando lo mismo con el patrimonio, representado éste, de manera fundamental, por la vivienda. En cuestiones patrimoniales, la Encuesta Financiera a las Familias, informe elaborado por el Banco de España (2017), situaba, para este año, a aquellos hogares con jefes de familia menores de 35 años con una riqueza media neta de 5.300 euros, mientras que, en 2011, el mismo grupo de edad contaba con 71.600 euros de riqueza, es decir, un descenso de hasta 13,5 veces en el intervalo de sólo siete años. La incapacidad de los hogares jóvenes para ahorrar, dados los mencionados insuficientes niveles salariales, y la tipología de empleo creado, imposibilitaría a los jóvenes el acceso a la vivienda en propiedad, lo que se manifiesta en importantes desigualdades en renta y patrimonio. Los intereses de las grandes compañías inmobiliarias se encuentran centrados en volver al mítico pasado donde el ladrillo era fuente de ingentes plusvalías, pero la realidad tozuda se empeña en lo contrario.

Si nos centramos en el mercado de alquiler, la situación tampoco es mucho mejor. En ciudades como Madrid o Barcelona, ​​donde la media de la renta mensual del alquiler se sitúa, respectivamente, en torno a los 819 y 769 euros según Hacienda -casi 1.000 euros para Barcelona, ​​según otras fuentes (Castán, 2020)-, el 49,9% de los jóvenes entre 16 y 24 años cobra únicamente 1.047 euros, mientras que, si consideramos el grupo comprendido entre los 25 y los 34 años de edad, este porcentaje se sitúa en el 24,5% (Cinco Días, 2019). Es evidente que esto, a simple vista, imposibilita la más elemental vida con dignidad. De este modo, si no se da pronto una contundente intervención pública, nos arriesgamos a que generaciones completas tengan muy difícil acceso a la vivienda y, por tanto, un futuro menos desigual. Y esta urgencia viene prescrita porque, entre otras cuestiones, las dinámicas de concentración de la propiedad inmobiliaria se están acelerando; sólo las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI), vehículos de inversión que gozan de exención fiscal a cambio de repartir todo su dividendo, por el que sí tributan sus perceptores, cuentan ya con un patrimonio de 50 mil millones de euros, más de un 4% del total del PIB español (Aranda, 2020), lo que hace muy difícil intervenir en su contra.

En definitiva, el futuro de nuestros jóvenes pasa por situar en primer plano unas necesidades que son compartidas por otros grupos etarios pero protagonizadas por estos. Así, es obligatorio diseñar e implementar políticas públicas que sitúen su problemática en el centro de la esfera pública, lo que, en relación con la vivienda, pasa por constituir un gran parque de vivienda social al servicio de las necesidades generales de la población -tenemos hasta 10 veces menos vivienda social que otros países de Europa-, pero también para mejorar un sistema productivo que, hasta este momento, sólo está ofreciendo salarios de miseria a consecuencia del proceso de reestructuración productiva convertido durante la última década.

Bibliografía

Aranda, J. L. (2020) Las socimis ya controlan 50.000 em activos. El País. Recuperat de https://elpais.com/economia/2020/01/02/actualidad/1577990877_861126.html?ssm=TW_CC

Banco de España (2017). Encuesta Financiera de las Familias 2017. Métodos Resultados y Cambios desde 2014. Banco de España. Madrid.

Castán, P. (2020). Alquilar un piso en Barcelona ya supera los 1000 euros de media. El Periódico. Recuperat de https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20200103/alquilar-piso-barcelona-ya-supera-los-1000-de-media-7792710

Cinco Días. (2019). El 50% de los jóvenes cobra menos de 1.047 euros. Cinco Días. Recuperat de https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/08/economia/1573211572_933439.html

López, S. (2019). ’Viejenials’: el gran negocio de disfrutar la vejez. El País. Recuperat de https://elpais.com/economia/2019/12/13/actualidad/1576232831_768222.html

Maqueda, A. (2020). La desigualdad en patrimonio aumenta y lastra a los jóvenes. El País. Recuperat de https://elpais.com/economia/2020/01/05/actualidad/1578240036_472293.html

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Vecin@s en peligro de extinción

Esto es el extracto final del artículo “Vecinos en peligro de extinción. Turismo urbano, movimientos sociales y exclusión socioespacial en Barcelona” publicado por la Revista PASOS.

Conclusiones

A lo largo de los anteriores párrafos he intentado demostrar que los movimientos sociales urbanos no son ajenos a las dinámicas de acumulación del capital que, bajo el neoliberalismo, han tomado la ciudad como uno de sus principales nichos de actuación. Ya sea mediante la confrontación de auténticos frentes de clases, siguiendo la concepción marxista más clásica adoptada por gente como Jean Pierre Garnier (2017), ya mediante una influencia indirecta que se manifestaría a través de dinámicas consideradas bajo el prisma de una exclusión socio‑espacial –precarización laboral, incompatibilidades sociales e ideológicas, etc. ‑ las, actividades de movimientos como la plataforma #EnsPlantem no obviarían en ningún momento esta consideración, suponiendo una respuesta tanto a nivel de acción directa, como discursivo.

Ahora bien, la contestación de la plataforma del Poblenou contra el fenómeno del turismo coincide en el análisis de las consecuencias finales del mismo, esto es, el incremento del precio de la vivienda, los cambios en la fisionomía tradicional del barrio y las consecuentes tendencias de desplazamiento socio‑espacial, aunque éstas vendrían a sumarse a las ya generadas por anteriores proyectos urbanísticos, no pudiendo achacarse las mismas, en solitario, al turismo. Quedaría por dilucidar si los próximos pasos de #EnsPlantem acabarán por abarcar también dicha cuestión.

Por otro lado, hay que destacar que dicho análisis no ha caído, hasta ahora en relatos turismofóbicos, más cercanos al fenómeno NIMBY que a consideraciones de tipo material, que sí se han visto en plataformas de barrios cercanos.

Por último, destacar la importancia de este tipo de movimientos, así como sus acciones, para la consecución de cambios en el poder urbano actual. Como me dijeron Clara y Robert, dos de las personas que participan en la plataforma, en una de las asambleas a las que pude asistir: “No se han cumplido al 100% nuestras expectativas. Si acaso hemos alcanzado el 60‑70%, así que no podemos verlo todo de color de rosa, que tenemos que seguir con las acciones en la calle […] tenemos que hacer cosas, hacerlas entre todos.

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Grandes eventos en Barcelona, una cuestión de clase

Fuente: publico.es

Este artículo fue publicado originalmente en el diario Público el pasado día 03/04/2019 y en catalán en el diario Públic el 02/04/2019.

Grandes eventos en Barcelona, una cuestión de clase

Todavía no ha comenzado la campaña electoral y los distintos candidatos empiezan a mostrar parte de sus programas. Entre las medidas más llamativas se encuentra la celebración de una nueva olimpiada, por parte de Manuel Valls, o una Exposición Universal, esto de la mano de Collboni. Para un sector de los estudios urbanos, decir que Barcelona es una ciudad que ha crecido a golpe de mega evento se ha convertido en parte del relato hegemónico sobre el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, parece indudable que la celebración de grandes acontecimientos de tipo cultural, artístico, religioso o deportivo ha formado, y forma, parte del adn de la ciudad y de la forma que tienen de entender ésta sus dirigentes.

Echando un ojo a la historia reciente de Barcelona, el primero de los eventos dignos de mención sería la celebración de la Exposición Universal de 1888. Aún es posible notar su presencia en la ciudad: desde el Arc de Triomf hasta el propio Parc de la Ciutadella, pasando por el Passeig de Lluis Companys como gran arteria urbana contemporánea. La idea de celebrar este tipo de exhibiciones había nacido en 1851 en la Inglaterra de la Revolución Industrial y el despegue capitalista cuando la, cada vez más consolidad, burguesía inglesa decidió exhibir su enorme poder a través del despliegue de una Gran Exposición de los Trabajos de la Industria de Todas las Naciones. Barcelona fue la siguiente ciudad en acoger un acontecimiento de tales características, no en balde, la capital de Catalunya llegó a alcanzar una enorme concentración de actividad industrial, de forma que parte de su entramado urbano fue conocido como el Manchester catalán.

El siguiente evento destacable es la organización de la Exposición Internacional de 1929. En esta ocasión, la transformación alcanzó parte de la montaña de Montjuïc. La Plaza de Espanya o las actuales instalaciones de la Fira de Barcelona, entre otras, son hijas de aquel momento. La enorme cantidad de población de otras partes del Estado que había acudido a trabajar en la industria de Barcelona o en la construcción del Metro, además de en la propia Exposición, y que ocupaba, con sus infraviviendas, parte de aquella zona, se vio desplazada, entre otros, a barrios de nueva creación, como Bon Pastor, con el consecuente obtención de enormes plusvalías mediante la generación de procesos especulativos que beneficiaron enormemente a los prebostes locales con conexiones con el poder del Estado.

La ciudad habría de esperar a después de la Guerra Civil, en concreto a 1952 y al Congrés Eucarístic, para poder celebrar su siguiente gran acontecimiento. Con él, las élites franquistas buscaron cierto reconocimiento internacional, así como, de nuevo, transformar parte de la ciudad. Las inversiones se centraron, en esta ocasión, en la apertura de las Avenidas Príncipe de Asturias y Josep Tarradellas, y en monumentalizar parte de la Gran Via y la actual Plaça Francesc Macià. Se creó, también, un nuevo barrio: el actual Congrés i els Indians, en el Distrito de Sant Andreu.

Sin embargo, nada de esto podría compararse al evento de los eventos, la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992. Aunque la idea de llevar a cabo una celebración de tal dimensión ya había pasado por la cabeza del exalcalde franquista Josep Maria de Porcioles –el cual había llegado tarde a la fiesta del Congrés Eucarístic-, hubo que esperar a la llegada de la democracia y a la legitimidad que esta otorgaba a las nuevas instituciones y poderes locales para poder desplegar tan enorme metamorfosis de forma desconflictivizada. Hoy día no es una exageración decir que existe una Barcelona de antes y después del 92. La ciudad, que abrió sus puertas al mar y fue capaz de poner en marcha una serie de potentes e importantes infraestructuras, como las Rondas, creó también un nuevo barrio, la Vila Olímpica, epítome del anti-tejido urbano y representante manifiesto de aquello que se ha venido en denominar ciudad dormitorio. La zona, actualmente, cuenta con una de las rentas familiares disponibles más altas de Barcelona, a gran distancia de barrios vecinos como el Besòs, del mismo Distrito. La deuda generada por la celebración de las Olimpiadas, de más de 5.500 millones de euros de presupuesto y financiado en un 66% por las administraciones públicas, principalmente, el Ayuntamiento y el Estado, no se acabó de pagar hasta el año 2009, es decir, más de 17 años después de su celebración, con el consiguiente apalancamiento y restricción de inversiones necesarias a nivel local.

Y eso sin sumar la ruina que supuso el Fòrum de les Cultures, enorme inversión en cemento y hormigón que ha dado lugar a una de las zonas de menos intensidad de uso de la ciudad: la Zona Fòrum. Sin embargo, la actuación sirvió para romper con la consideración de Barcelona como una ciudad consolidada, quebrar la continuidad de su entramado y crear un nuevo, elitista y diferenciado barrio en la ciudad, Diagonal Mar, además de intentar esconder, tras una nueva fachada urbana, barrios como La Mina.

Los proyectos de renovación y planificación urbana implementados como origen y resultado de la celebración de estos eventos manifiestan, además, otra característica: que la historia urbana de esta ciudad es, principalmente, la de unas élites, políticas y económicas, que han tratado de moldearla a su imagen y semejanza. Cualquier intento de dividir su historia urbanística, al menos la más reciente, en etapas más o menos consistentes –con fabulosos pasados de urbanismo progresista incluidos- o en función de la escala de la intervención, choca con el evidente carácter de clase de estas grandes transformaciones, las cuales han ido ahondando en las diferencias y desigualdades de los diferentes grupos sociales que conforman la ciudad. Barcelona es, cada vez más, un mosaico social y espacial, entre otras cuestiones, debido a estas intervenciones.

Por eso, cualquier propuesta de celebración de un mega evento –sea una olimpiada o una Exposición Universal- debe ser tomada con bastante cautela. Barcelona tiene enormes problemas –falta de vivienda asequible, bajos sueldos, saturación y privatización de espacios urbanos, etc.-, como para retomar dinámicas que abundarían en los mismos. No podemos olvidar que los grandes eventos en Barcelona han sido, y serán siempre, una cuestión de clase.

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Manifest: Contra el racisme, aquí i allà, acció i reflexió

Arran del brutal assassinat d’en George Floyd a Minneapolis, la campanya de protestes contra el biaix racial que acostuma a adoptar la violència policíaca als Estats Units –i no únicament allà, penseu en els casos recents de Sant Feliu Sasserra o Premià de Mar– ha derivat en una onada global d’indignació que pren els símbols més il·lustres del projecte colonial com a diana. Res no és casual, res no és gratuït. Richmond, Bristol, Houston, Londres, Miami o Anvers ja han experimentat accions iconoclastes contra les imatges de reis, conqueridors i altres protagonistes d’una vasta estructura de dominació de la qual el comerç d’esclaus cap al continent americà va ser-ne la manifestació més deshumanitzadora.

De de l’Institut Català d’Antropologia ens afegim a aquest moviment manifestant la nostra solidaritat amb les protestes que sovintegen arreu, com també la nostra comprensió respecte a les agressions que estan rebent les estàtues que commemoren la discriminació i l’oprobi colonials. I ho volem fer tot assenyalant que creiem arribat el moment d’encetar un debat públic, serè, sobre el sentit d’aquestes figures també als nostres espais públics, un debat que comprometi la ciutadania oferint-li tota la informació necessària per tal que pugui jutjar l’oportunitat de mantenir, o en cas contrari enderrocar, les imatges de personatges que encarnen una història tèrbola i complexa. Si les nostres administracions es mostren obertes a assumir un repte que en aquests moments trobem inajornable, que no tinguin cap dubte que les antropòlogues d’aquest país hi participarem amb esforç i responsabilitat.

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Gentrificación en el corazón de la excepción sueca

Fuente: Propia

Artículo publicado originalmente en El Salto, el pasado día 17/10/2017

Gentrificación en el corazón de la excepción sueca

“Recuerdo cuando un día, un amigo mío que trabajaba como camionero me dijo, ‘oye, se ha mudado a mi bloque un tipo que, me dicen, es presentador de televisión’. Ambos nos extrañamos, ¿quién vendría a vivir a un sitio como Södermalm, lleno de antiguas fábricas y viviendas obreras? Más tarde nos enteramos de que un músico muy popular también había comenzado a vivir en el barrio. Y una periodista… Un continuo goteo de gente conocida y con recursos. Así comenzó todo”. El relato de Toni sobre la reciente historia de la isla de Södermalm, en Estocolmo, forma ya parte de los cánones de los procesos de gentrificación que han vivido –y viven- muchas de las grandes ciudades de Europa y Norteamérica, aunque también en América del Sur y Asia. Sin embargo, este caso cuenta con una característica añadida: Estocolmo es la capital de Suecia, el paradigma del Estado de bienestar y la socialdemocracia, la excepción sueca.

Al comienzo de la década de los 90, la vivienda en alquiler en Suecia suponía un 57% del total. De este porcentaje, un 22% se encontraba gestionado por la administración, principalmente local, a través empresas públicas; el 16% formaba parte del sector cooperativo y un 18% pertenecía al sector privado. Para el año 1992, Suecia invertía en políticas de vivienda un 4,10% de su Producto Interior Bruto (PIB) cuando, a modo de comparación, España solo dedicaba a ello un 0,98% un par de años antes. Tal y como recogían diversos informes europeos (European Parliament, 12/1996), la política de vivienda sueca se caracterizaba, junto a la de los Países Bajos y el Reino Unido, por una intensa intervención estatal, contando con el sector de provisión de viviendas públicas de alquiler más extenso de la Unión Europea (UE), y niveles de inversión superiores al 3% del PIB.

Sin embargo, la crisis económica que vivió el mundo a comienzos de la citada década y la necesidad de cumplir los criterios de convergencia fijados por el Tratado de Maastricht, unidos al cambio ideológico general sufrido tras la caída del Muro y la desintegración de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), llevaron a Suecia, entre otros, a emprender un potente y dirigido proceso de reestructuración general. El cambio llegó a Suecia para quedarse con la victoria del Partido Moderado, liberal de centro-derecha, el cual gobernó entre los años 1991 y 1994 e introdujo cambios fundamentales en las políticas socialdemócratas tradicionales: recortes de impuestos, disminución en el gasto público, cheques-escolares, privatizaciones parciales en el sistema de salud, la liberalización del mercado de las telecomunicaciones y la energía, así como la privatización de grandes empresas públicas. Cuando los socialdemócratas volvieron al poder de la mano de Göran Persson, no solo no revertieron dichas políticas, sino que abundaron en ellas.

En relación a la vivienda, los sucesivos gobiernos suecos promovieron una notable expansión de la propiedad, redujeron las ayudas al alquiler y fomentaron y liberalizaron el mercado hipotecario, algo que facilitó las condiciones de acceso a la financiación, sobre todo mediante las consecuentes reducciones de los tipos de interés resultado de la convergencia europea. En lo referente al sector público de alquiler, se pusieron en marcha políticas de privatización y reformas legales que permitieron, a modo de ejemplo, transformar las empresas municipales sin ánimo de lucro en ordinarias empresas capitalistas. La vivienda pasó, de este modo, de suponer como señala David Harvey en el artículo adjunto, “un techo sobre tu cabeza, un buen lugar, rodeado de gente agradable”, a una simple mercancía en manos del capital local e internacional.

El proceso relatado por Toni comienza justo entonces, a finales de los 90, cuando Södermalm, tras un periodo inicial en el que sus antiguos edificios y calles -rastros de un pasado industrial- habían atraído a colectivos de artistas y representantes de la contracultura local, pasó a convertirse en un área con fuerte presencia de clases medias y altas, bohemios y miembros de las clases creativas que pueblan sus galerías, calles peatonalizadas y terrazas con privilegiadas vistas al Báltico y sus islas. Un simple paseo por Södermalm muestra, además, como su paisaje urbano ha cambiado. Las antiguas tiendas han dado paso a franquicias de conocidas cafeterías y tiendas de productos naturales y bioresponsables, además de agencias inmobiliarias que muestran pisos de 56m2 y una sola habitación a 4,39 millones de coronas, unos 450 mil euros al cambio actual.

El caso sueco demuestra que el desplazamiento socio-espacial, la gentrificación, solo es posible mediante una intervención estatal que, a veces, puede llegar al paroxismo. Este es el caso de aquellas políticas urbanas que emplean directamente la intimidación, el mobbing o la violencia simbólica con el objeto de forzar el destierro de una parte de su población, como en el caso de la ciudad de Landskrona, una ciudad de tamaño medio del sur de Suecia donde el alcalde ha llegado a realizar declaraciones en la prensa –Sydsvenskan, 23/09/2012- pidiendo a los inmigrantes y los receptores de ayudas sociales que se marchen de la ciudad.

Actualmente, el país se encuentra en una situación controvertida. Las políticas emprendidas han conllevado una importante reducción en la producción de vivienda nueva a pesar de la alta demanda existente. Las medidas destinadas a suplir las necesidades están basadas en el fomento del mercado a través de la agilización de los procesos de planificación y gestión urbanística, ayudas a los constructores privados de viviendas, etc. Sin embargo, los precios continúan altos, los inquilinos de alquiler público, siguiendo una lógica aplastante, se niegan a abandonar sus viviendas, aunque muchos se han subido al carro de la privatización.

Tal y como me recordara Toni, “la vieja socialdemocracia sueca no existe, acabó con la liberalización de capitales”. En definitiva, posiblemente estemos antes el fin de la excepción sueca.

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