The BIDs Bang Theory: ¿una nueva vuelta de tuerca a la mercantilización de la ciudad?

Fuente: laservices.ca

Este artículo fue publicado originalmente el pasado día 13/11/2017 en El Salto Diario.

The BIDs Bang Theory: ¿una nueva vuelta de tuerca a la mercantilización de la ciudad?

En febrero de 2002, Jordi Pujol aun presidia la Generalitat de Catalunya y ostentaba el título de Molt Honorable. Pasqual Maragall llevaba tres años en el Parlament y había sido el candidato con mayor cantidad de votos, no así en escaños, en las elecciones de 1999. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), con él a la cabeza, registraba una proposición no de ley con el objetivo de regular las, desde entonces, conocidas como APEU, Áreas de Promoción Ecónomica Urbana, “constituidas por propietarios e inquilinos con una actividad económica y comercial que se dedican a promover el desarrollo empresarial y la mejora de una determinada área diferenciada y delimitada, compartiendo los costos para disfrutar de los resultados, mediante el pago de un tributo”. La mayoría conservadora de la cámara, sin embargo, tumbó la medida. Comenzaba, así, el recorrido de este tipo de organizaciones en la historia de Catalunya, aunque también en la del resto del Estado. Habría que esperar más de una década para ser testigos de la implantación de este tipo de iniciativas en nuestros pueblos y ciudades.

Según la profesora Helena Villarejo, de la Universidad de Valladolidad, las APEU, o BIDs (Business Improvement Districts), por sus siglas en inglés, serían “organizaciones dirigidas privadamente y autorizadas públicamente que prestan servicios públicos adicionales dentro de una determinada área geográfica gracias a la generación de ingresos anuales provenientes de las contribuciones de los propietarios y/o comerciantes”. Estas instituciones surgieron en Canadá en 1969, comenzando su andadura al año siguiente en la ciudad de Toronto. La colaboración entre comerciantes de una zona de la ciudad, el Bloor West Village, se veía entorpecida por los conocidos como free-riders, empresarios del área que se beneficiaban de la acción conjunta de la asociación local pero no participaban en su financiación. La solución planteada pasó por obligar a esos free-riders a costear las actividades de revitalización de la economía local que llevaban a cabo el resto de participantes. Nace así el primer BID mediante la modificación, primero, de la Ley Municipal de la Provincia de Ontario, y, posteriormente, de la Ordenanza Municipal 170/70 del Ayuntamiento de Toronto. Desde entonces, estas entidades han proliferado enormemente, sobre todo en Norteamérica, aunque también en el Reino Unido, Países Bajos y Alemania. De hecho, se calcula que, solo en Estados Unidos, hay entre 1000 y 2000 BIDs, siendo los más conocidos, y los que han servido de modelo al resto, los de Time Square, Gran Central Partnership o Bryant Park, todos ellos en Manhattan.

Las razones para la aparición de los BIDs son numerosas y variadas. El declive de los centros urbanos acontecido, sobre todo, después de la II Guerra Mundial y las consecuencias generadas por las políticas fordistas-keynesianas, las cuales pusieron el acento en la suburbanización, así como en creación de infraestructuras de transporte y comunicaciones; los nuevos formatos comerciales, como los centros comerciales o malls, los hipermercados y los supermercados; las políticas neoliberales implementadas a raíz de la crisis capitalista de los años 70, que contemplaban la ciudad como el sustrato ideal para la extracción de plusvalías; la necesidad de crear comunidad como forma de dinamizar la economía urbana; los problemas de financiación pública, sobre todo municipal, que dieron lugar a la aparición de los partenariados público-privados (PPP), entre otros. Es, de hecho, este último factor, los PPP, los que le dan el soporte teórico, técnico y organizativo a los BIDs.

En el ámbito del Estado español solo hemos conocido, hasta ahora, a sus parientes cercanos los Centros Comerciales Abiertos (CCC). Estos dispositivos, basados principalmente en la implementación de estrategias de márquetin conjuntas, en actividades de animación de calles y plazas del centro de la ciudad y en el establecimiento de líneas de imagen corporativa común, perseguían imitar algunas de las características de las grandes superficies mediante cierta oferta integrada, así como la cooperación entre distintos comercios compartiendo servicios y aprovechando economías de escala. Sin embargo, su éxito ha sido relativo. Se han profesionalizado escasamente, no ha habido un implicación importante por parte de algunos de los agentes económicos aludidos, sobre todo las grandes marcas, y han tenido problemas de financiación debido a la presencia en su seno de los ya mencionado free-riders.

La solución a esto ha pasado por retomar la idea de los BIDs, tanto a nivel catalán como a nivel estatal. De esta forma, el Grupo Parlamentario del Partido Popular presentó, en el año 2014, una proposición no de ley en la Comisión de Economía del Congreso instando al Gobierno a poner en marcha este instrumento y a desarrollar “los programas de incentivos […], propiciando todos los cambios normativos que para ello fueran necesario”. Sin embargo, su recorrido fue escaso. Al año siguiente se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones, las cuales se repitieron en 2016, de forma que el tema, a fecha de hoy, no se ha vuelto a retomar.

No ha sido así, no obstante, en el caso de Catalunya. El Govern català de Junts Per Sí (JxS) ha desarrollado parte de sus competencias en promoción económica mediante la Llei de Comerç, Serveis i Fires, aprobada por el Parlament en el verano de este año 2017. En el artículo 54 de esta ley se contemplaba la creación de las Áreas de Promoción Económica Urbana, APEUs. La finalidad de las mismas, según la citada normativa, pasaba por conseguir mejoras específicas de carácter económico; complementar los servicios que prestan las administraciones, y favorecer el asociacionismo y la participación en las políticas económicas públicas. Sin embargo, una posterior Disposición Adicional Tercera emplazaba al propio Govern a, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la Ley, aprobar un marco regulador específico para las APEUs estableciendo, como mínimo, su delimitación, el apoyo necesario para su creación, su presupuesto, la necesidad de aprobación de un plan estratégico, su forma jurídica y su gestión profesionalizada. Los 18 meses aun no han concluido, pero estos no ha sido un obstáculo para que el Ayuntamiento de Barcelona haya dado los primeros pasos a la hora de poner en marcha estas APEU en la capital de Catalunya.

Para Daniel Pardo, miembro del colectivo Ciutat Vella no està en Venda (CVNEV), la forma en que el actual Gobierno de Barcelona está llevando a cabo la puesta en marcha de este tipo de mecanismo en la ciudad es “opaca, no hay información pública al respecto. Aunque habíamos tenido noticias de que algo estaba en marcha hace tiempo, es a raíz de los movimientos de la oposición -el Partit Demòcrata Europeo Català, PdeCAT, ex CiU-, que pedían información detallada al respecto, que nos interesamos más por el tema”. La necesidad de informarse y formarse al respecto ha llevado a cabo a este colectivo a realizar una serie de acciones, entre otras, la organización de una charla abierta al vecindario en plena Plaça Comercial, en el barrio del Born, el pasado sábado 4 de noviembre.

Y es que, de hecho, los primeros movimientos en el Ayuntamiento de Barcelona para desarrollar las APEUs se producen en 2016, justo después de que el PSC firmara el Pacto de Gobierno con Barcelona en comú (BeC), se hiciera cargo, entre otras, de la Concejalía de Comercio y pusiera a Montserrat Ballarín al frente. El programa electoral con el que el PSC, con Jaume Collboni a la cabeza, se presentó a las elecciones de 2015, el “Plan Collboni para Barcelona”, incluía, en su acción 16, “potenciar las áreas de promoción de la economía urbana, APEUs”, hecho que se pretendía lograr facilitando que los comerciantes propusieran “actuaciones de dinamización, de horarios (en el caso de poder acreditar una afluencia turística), de seguridad o de limpieza, entre otros, que quieran priorizar y desarrollar en su área”. Así que lo que está haciendo el PSC es, básicamente, poner en marcha parte de su ideario. Sin embargo, dicho programa podría incidir en algunas de las controversias detectadas hasta ahora en el funcionamiento de los BIDs por investigadores como la profesora Helena Villarejo: escaso control democrático, privatización encubierta del espacio público, fragmentación del espacio urbano, incremento del valor del suelo, efecto bola de nieve, o big bang, ya que el comercio limítrofe a éstas áreas también quieren beneficiarse de sus efectos positivos mediante la instauración de su propio BID, gentrificación, etc. La principal preocupación de Daniel Pardo pasa por que es “el privado administrando lo público, de forma que lo público acaba aceptando su pérdida de poder ante los intereses privados, algo que puede degenerar, además, en la exclusión de determinados colectivos del espacio público, así como de todos aquellos y aquellas que se considere que no mantienen actitudes correctas”.

Entre los avances del Ayuntamiento de la ciudad en este ámbito está el planteamiento de dos proyectos piloto, uno en el mencionado Born y otro en el barrio de Sant Andreu del Palomar. También se ha llevado a cabo un encargo de consultoría al Área de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de Girona, relacionado con el desarrollo de los instrumentos legales necesarios para la autofinanciación de los BIDs, ya que la actual Ley de Haciendas Locales no recoge esta posibilidad, y se ha participado, entre otros, en el VIII Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, organizado en Madrid en septiembre de este año. Sin embargo, todo parece indicar que el desarrollo de los mismos se encuentra, cuando menos, estancado. Entre otras cuestiones, fuentes consultadas afirman que el Eix Comercial de Sant Andreu del Palomar -entidad encargada de poner en marcha el proyecto piloto-, carece del presupuesto necesario para cofinanciar la actividad solicitado desde el Ayuntamiento. Además, en la reunión del 14 de septiembre del Consell del Districte de Ciutat Vella -al que pertenece el barrio del Born- a la pregunta de la también miembro de CVNEV, Anna Moreno, sobre los peligros que podría tener una acción de estas características, la regidora del Districte, Gala Pin, se limitó a señalar que “estaban pendientes de reunirse con la Concejalía de Comercio para ver cómo avanzaba el proyecto […], aunque la medida más importante que se impulsaba desde el Districte no eran los APEUs sino los bajos de protección oficial”, medida que consiste en aprovechar bajos de edificios de titularidad pública para fomentar el comercio de proximidad.

A la espera tanto de que el Gobierno del Estado, como el Govern de la Generalitat, acaban de perfilar y aprobar las normativas correspondientes, municipios como el de Terrasa (Barcelona) o el de Madrid ya han dado los primeros pasos en la conformación de sus respectivos BIDs. Así, el municipio catalán puso en marcha en 2014 una iniciativa que permitía cogestionar la zona comercial del centro de la ciudad junto a sus comerciantes. Además, el gobierno municipal actual, una coalición entre el PSC y el PdeCAT, llevaba, en su Pla de Mandat, el Plan de Acción para la legislatura 2015-19, potenciar, desarrollar y definir las APEUs. Sin embargo, esto no ha sido óbice para que este noviembre de 2017 viera como se inauguraba una nueva gran superficie de más de 56 mil metros cuadrados en su extrarradio. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, durante el último gobierno del Partido Popular (PP), puso en marcha las denominadas Zonas de Iniciativa Emprendedora (ZIE), de forma que los comerciantes de estas áreas, al modo de las BIDs, pueden intensificar los servicios ofrecidos en base a una contribución especial recaudada por el propio municipio.

Sea como fuere, lo que todas iniciativas parecen indicar es que el recorrido de las nuevas formas de colaboración público-privadas va para largo en el ámbito de las economías urbanas. Algo que parece haber alcanzado finalmente, a las ciudades del Estado español. Quién sabe si estaremos asistiendo a las fases iniciales de un auténtico BID Bang Theory, algo que pueda suponer una nueva vuelta de tuerca en las políticas de gobernanza neoliberales a las que últimamente nos estamos acostumbrando en demasía.

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La vivienda como garantía de la vida urbana

Fuente:: Propia

Llegan las elecciones locales y los diferentes partidos políticos van haciendo públicos sus programas, así como sus primeras medidas en el caso hipotético de alcanzar el gobierno. Revisando esta particular literatura podemos encontrar un poco de todo: desde mejoras en el transporte público hasta promesas de celebración de grandes mega-eventos, como una nueva Exposición Universal o unos Juegos Olímpicos.

Pienso honestamente que el principal problema y el que debería ser objeto de especial y esforzada atención ha de ser la cuestión de la vivienda. Sin vivienda no hay nada más: no hay vida de calle, no hay usos mixtos, no hay espontaneidad en las relaciones sociales, no hay, en definitiva, vida urbana. Es más, con vivienda, me atrevería a decir, no existirían, al menos no con la fuerza que los estamos sintiendo últimamente, procesos de gentrificación y turistificación.

La vivienda, de por sí, es la garantía de un tejido social fuerte y diverso. Para ello, no puede ser calificada como una mercancía, igualándola al resto de bienes y servicios que caracterizan nuestra sociedad capitalista. Igual que consideramos, después de mucho esfuerzo y lucha, que la salud no se puede dejar al albur de las fuerzas del mercado, y para ello tenemos un magnífico –aunque siempre mejorable- sistema público sanitario, la vivienda debe ser considerada bajo el mismo prisma.

Solo mediante la consideración de la vivienda como un derecho inalienable avanzaremos verdaderamente hacía el tan manido –y poco comprendido- derecho a la ciudad. Este derecho, hijo del mayo del 68, no es, como han intentado algunos y algunas, alcanzar el cumplimiento de los derechos humanos en el ámbito territorial que supone la ciudad. Pese a las voluntariosas aproximaciones que han perseguido objetivarlo e incluirlo en códices legales, el derecho a la ciudad escapa siempre a dicha consideración porque, en realidad, hablamos del derecho mismo a la vida urbana y ésta no puede ser garantizada por ley. Así, la vida urbana significa situar, por encima de todo y todos, el valor de uso en la ciudad, esto es, considerar la sociabilidad como un fin en sí mismo, escapando de cualquier atisbo de mercantilización. Lamentablemente avanzamos en sentido contrario. Ahora bien, lo que sí puede ser protegido mediante medidas legales es el acceso a una vivienda digna para todos y todas. La vivienda es la garantía del posible desarrollo, de la simiente, de la vida urbana.

De este modo, en las cercanas elecciones locales hay que saber buscar, elegir bien, entre las distintas propuestas quienes están a favor de la expansión y el fomento de esta vida urbana. O más fácil aun, quien está a favor de garantizar el derecho a la vivienda.

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Software y hardware urbano en Barcelona

Este artículo fue publicado originalmente en catalán en el Diari Públic el pasado día 08/01/2017

Software y hardware urbano en Barcelona

¿Qué está pasando en Barcelona? ¿Por qué la tibia reactivación del ciclo productivo general está afectando de esa manera a los vecinos y vecinas de la capital catalana? ¿Cómo es que palabras hasta ahora ajenas al vocabulario popular –gentrificación, turistificación, etc.- aparecen en las conversaciones cotidianas? ¿Qué hay en la historia reciente de Barcelona que nos pueda ayudar a comprender esta situación?

Una ciudad es más que sus edificios, su entramado urbano, sus calles y plazas, sus jardines, equipamientos, accesos, carreteras, fábricas y comercios. Una ciudad es también su gente. Esto, aunque parezca una obviedad, es frecuentemente olvidado por arquitectos y urbanistas, por políticos y tecnócratas, cuando piensan sobre el futuro de la ciudad. Quizás sea un poco cruel incluirlos a todos en el mismo saco pues, al fin y al cabo, los primeros se encuentran al servicio de los segundos. Sin embargo, esto no quita que éstos frecuentemente piensen la ciudad desde el plano, desde la simple bi o tridimensionalidad que ofrece el papel o los programas informáticos usados, en la mayoría de ocasiones, en la soledad de oficinas, gabinetes y estudios, olvidando la complejidad de la vida urbana.

Políticos y tecnócratas, en gran número de ocasiones, no en todas, también obedecen a alguien. Podríamos concluir, de forma un tanto naif, que este alguien serían sus votantes, los vecinos y vecinas de la ciudad -odio la palabra ciudadanía-, pero no es así. En realidad, podría ser que, como decía Marx, el “poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”. Entiendo que esta aseveración es fácil de criticar, sobre todo en nuestros días, donde el discurso hegemónico pasa por obviar la más que evidente desigualdad que rige las democracias liberales en las que vivimos y donde mencionar conceptos como clase o burguesía queda de lo más anacrónico. Lo confieso, soy un anacrónico, pero sinceramente pienso que esto es así.

Voy con otra anacronía, “la política no es más que la expresión más condensada de la economía”. Esto lo decía Lenin en la segunda década del siglo XX y, aunque le pese a gente como Antonio Elorza, sigue teniendo una gran vigencia. Podría parecer que no, pero estas aseveraciones, realizadas hace, en el mejor de los casos, cien años, están íntimamente emparentadas con lo que está ocurriendo en Barcelona.

La capital de Catalunya lleva años inmersa en un profundo proceso de transformación urbana que se pretende urbanística. Estos cambios obedecen al deseo de unos gobernantes que durante décadas se han empeñado en cambiar el paradigma productivo de la ciudad. De polo industrial a área terciarizada con preponderancia de actividades vinculadas al turismo. Del fordismo al post-fordismo sin estaciones intermedias. Unos cambios, además, que han contado con el beneplácito, cuando no con el aplauso, de poderosos sectores productivos locales que han crecido, precisamente, al calor de dichas políticas.

En esa dinámica ha jugado un papel especialmente preponderante la arquitectura de grandes firmas y el urbanismo higienizante. En Barcelona contamos con barrios –como la Vila Olímpica- donde cada uno de los edificios que lo conforman cuenta con la firma de un arquitecto o equipo de arquitectos galardonado con un Premio FAD. Con contenedores culturales como el Auditori, de Moneo, el Teatre Nacional, de Bofill o el MACBA, de Richard Meier, y con elementos singulares, como la Torre de Collserola, de Norma Foster, o el Puente de Bac de Roda, de Calatrava.

Tenemos la suerte, también, de haber convertido el centro histórico en un parque temático. Ya desde su temprana creación por parte de los políticos de la Lliga Regionalista, el Barri Gòtic ha desempeñado -con altibajos, eso sí- con eficiencia su papel de referente simbólico-ideológico y de elemento de atracción turística principal. Solo hay que darse hoy día una vuelta por su entramado para ver, hasta qué punto, el Gótico se ha convertido en una especie de Disneyland a cielo abierto donde los figurantes no cobran –son los vecinos y vecinas- o se encuentran en peligro de extinción. Para un turista que visita la calle Portaferrisa es mucho más fácil tropezarse con otro turista que con algún barcelonés.

Hay zonas completas, además, destinadas a convertirse en nuevas Mointain Views, como el Distrito 22@ en el Poblenou. O nuevas áreas de centralidad especializadas en el ocio y la recreación, como Diagonal Mar y las inmediaciones del Fòrum.

En definitiva, Barcelona cuenta con un hardware, una estructura compuesta con un número de elementos físicos que la dotan de presencia material. Este hardware, como decía, viene diseñándose desde hace mucho, aunque sin duda sus principales protagonistas han sido los equipos de gobierno municipales surgidos de la Transición –o Transacción como ironizara Julio Anguita- y que han gobernado la ciudad durante más de 30 años. Y entre ellos Pasqual Maragall, aquel que, como decía Manuel Vázquez Montalbán, había asumido el proyecto de la Gran Barcelona de Porcioles, ex alcalde franquista, “no porque coincida exactamente con su ideal urbanístico original, sino por mandato genético”.

Ahora bien, para ser perfectamente ejecutado, ese hardware necesita del software adecuado. Todos hemos sufrido el hecho de, continuando con la metáfora, contar con un ordenador anticuado e intentar ponerlo a funcionar con un programa excesivamente actualizado. Es literalmente imposible trabajar con él. Algo parecido pasa en sentido contrario. De nada sirve tener el mejor de los ordenadores disponibles en el mercado e intentar sacarle el máximo provecho ejecutando única y exclusivamente el MS-DOS. Pues algo así pasa con las ciudades. En Barcelona, contar con un hardware de máximo nivel no garantizaba su proyección internacional como ciudad global, su plena transformación post-fordista, así que fue necesario instalarle un software adecuado. La ciudad condal cuenta con varios de estos programas instalados, aunque el más destacado se llama Ordenanza Cívica.

La Ordenanza cívica forma parte del software de Barcelona o, como señalan otros autores, es la forma en que la polis ha tratado de controlar la urbs. Lo que esta normativa persigue no es más que limpiar la ciudad en un sentido social -de prostitutas, de pobres, de incívicos, de manteros-, en definitiva, eliminar todo aquel rastro, aquellas motas que enturbian y empañan la Barcelona puesta al servicio de la inversión y del capital. Para encajar perfectamente en el mercado de ciudades, Barcelona se ha tenido que convertir en una ciudad de clases medias o, como decía hace poco el filósofo Santiago López-Petit, de ciudadanos identificados con emprendedores con éxito.

Así que ya tenemos los dos componentes, software y hardware trabajando juntos y de la mano por un futuro de ciudad pensado por políticos y tecnócratas emparentados socialmente –una etnia social que finalmente asume su identidad, Vázquez Montalbán dixit- que han actuado tradicionalmente como el consejo de administración de unos intereses colectivos alejados de la gran mayoría.

Uno y otro componente se necesitan, son mutuamente necesarios para construir la Barcelona exclusiva y, por tanto, excluyente de nuestros días, aquella que, tal y como el Presidente del Colegio de Administradores de la Propiedad Inmobiliaria (APIs) nos recordara estos días, debe “asumir que no todo el mundo puede vivir en el Eixample, Gràcia, Les Corts o Ciutat Vella”. Y punto.

Y ahí tenemos, al menos, parte de la explicación. De este modo, si verdaderamente queremos acceder al tan manoseado derecho a la ciudad en Barcelona –algo que, aunque desde opciones políticas hoy en el poder municipal se empeñen en relacionar con cuestiones estrictamente legales, no es así- tenemos que empezar por cambiar el software y convertirnos en los verdaderos dueños del hardware. Solo así será posible que, aunque nos llamen anacrónicos, Barcelona sea una ciudad de y para sus gentes.

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Vivir en la ciudad mercancía

El nuestro es un planeta urbano. Más de la mitad de la población vive en ciudades convertidas en objetos esenciales para las dinámicas de acumulación capitalista, un proceso que no ha hecho más que acelerarse desde finales de la década de los 70 del pasado siglo. Si bien anteriormente, las urbes acogían fábricas y factorías en un contexto que separaba claramente el espacio destinado a la producción de aquel reservado a la reproducción social, hoy en día esta distinción ha desaparecido; la estructura productiva clásica se ha desplazado hacia la periferia física y simbólica, y la ciudad, en su totalidad, ha devenido mercancía. En un intento de vencer los límites del capital, el sistema productivo imperante se ha expandido geográficamente y ha acelerado sus tiempos de rotación. Al fin y al cabo, el capital no es más que valor en movimiento. De esta forma, procesos tales como la planificación urbana, la arquitecturización y la tematización de los centros históricos o fenómenos como la turistificación han transformado nuestras ciudades en espacios de y para el consumo.

A finales de 2017 se celebró, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, las III Jornadas Internacionales de Antropología del Conflicto Urbano, dignas sucesoras de las anteriores ediciones realizadas en Barcelona y Rio de Janeiro. A raíz de dichas Jornadas, la Editorial TeseoPress publica el libro “La ciudad mercancía. Turistificación, renovación urbana y políticas de control del espacio público”, el cual puede ser descargado, de forma gratuita, desde la web de la Editorial TeseoPress.

La obra, coordinada por Juliana Marcús, Martin Boy, Sergi Yanes, Giuseppe Aricó y el profesor de la Escuela Universitaria de Turismo Ostelea, Jose Mansilla, recoge hasta 8 casos de estudio donde se analiza la implementación de políticas urbanas vinculadas al turismo y la planificación y el diseño urbano en 5 ciudades de América Latina y Asia.

Bajo la perspectiva de unas ciencias sociales críticas, el libro aborda cómo estos fenómenos se han llevado a cabo, con sus especificidades y diferencias, en distintas ciudades, en un intento de subrayar que, en tanto que planeta urbano, sus dinámicas son, cada vez más, también globales.

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Turismofobia como significante flotante

Este artículo fue publicado inicialmente el pasado día 5/06/2017 en castellano en eldiario.es y en catalán en catalunyaplural.cat

Turismofobia como significante flotante

Si hay una palabra, un término, que abunda en los discursos oficiales -así como en los medios de comunicación- estas últimas semanas, sin duda, aparte de la consabida y eterna corrupción, es el de turismofobia. Pero, ¿qué es la turismofobia?, ¿qué se designa con ella?, ¿quién lo utiliza? y, quizás más importante, ¿para qué?

Bien, lo primero que habría que aclarar es que una cosa es la turismofobia y otra la turistofobia. Como bien recordaba recientemente el profesor Manuel Delgado, el término turistofobia no se refiere tanto a un toque específico de atención que, desde determinados sectores sociales, se realiza sobre la excesiva confianza depositada en el turismo como elemento dinamizador de las economías urbanas sino, más bien, a “una mezcla de repudio, desconfianza y desprecio hacia esa figura que ya todos designan con la denominación de origen ‘guiri’”, entendiendo guiri como aquella figura típica del turista que permanece inexorablemente unida al imaginario social de amplias zonas del Estado español. Es importante subrayar esta diferencia porque en gran cantidad de ocasiones, cuando se produce algún hecho, acción o contestación vinculada con los efectos negativos que tiene el turismo masivo, se la suele tildar de turismofobia, cuando simplemente es una demostración de malestar social. E, igualmente, cuando algunas minorías tienden a llevar demasiado lejos su repulsa simbólica frente a dichas dinámicas, volvemos a encontrarnos con un uso demasiado alegre del término, contribuyendo a la confusión. Y qué decir de las medidas tomadas desde las administraciones públicas con competencias en la ordenación de la oferta turística de las ciudades. Ahí se desatan todos los demonios, ya que se están tocando importantes intereses materiales y la turismofobia se convierte en instrumento de lucha política y social en manos de las partes enfrentadas.

La turismofobia deviene, así, en aquello que Lévi-Strauss denominara un significante flotante, esto es, un elemento que reúne propiedades antitéticas, que puede ser una cosa y la otra, entrando en aparente confusión y contradicción y que depende, finalmente, de su conversión en significado de aquellos valores sobre los que se estructurarían las prácticas. Así, no existiría una verdad única sobre la turismofobia sino que ésta devendría una ejecutora de la misma, algo que se encuentra íntimamente ligada a aquellos vehículos que tienen mayor capacidad –y potencia- de instaurar su versión sobre el tema.

De este modo, es posible tildar de turismofobia, desde determinados medios y sectores sociales, económicos y políticos, las respuestas y demandas vecinales de movimientos sociales provenientes de algunos barrios de Barcelona cuando éstos tratan de abrir un debate público sobre algo que consideran que afecta a sus vidas cotidianas. A la vez que es posible adjetivar como turismófico al Ajuntament de Barcelona en comú cuando intenta gobernar un fenómeno que, creo que todos podemos estar de acuerdo en ello, necesita ser normalizado y regularizado. Y también podemos estar bajo una acción turismofóbica –además de en un error- cuando nos encontramos con pintadas y carteles que criminalizan directamente al turista de la situación que vive un área de la ciudad. E, incluso, por qué no, podríamos estar hablando de una cierta autoturismofobia cuando los propios turistas –según las encuestas realizadas por el Ajuntament de Barcelona en verano del 2016- en un 58% consideran que la capital de Catalunya acoge, palabras textuales, “demasiados visitantes” y que existe masificación a la hora de acceder a determinados emplazamientos. Unos turistas que consideran, en un casi 40%, que los precios que tienen que pagar como visitantes son muy elevados en relación con la calidad que se ofrece.

En definitiva, esto y aquello es turismofobia. No se trata tanto de relativizar la cuestión ni de añadir otro artículo más al marasmo de posiciones líquidas a las que últimamente nos estamos acostumbrado en demasía, sino de un intento por situar un término en su justa medida y reclamar un poco de seriedad y responsabilidad en el uso de una palabra que determinan heterogéneas acciones que pueden llegar a generar efectos por nadie deseados.

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Donde las calles pierden su nombre

Este artículo fue publicado originalmente en el blog Seres Urbanos de El País el pasado día 11/06/2016

Donde las calles pierden su nombre

No, esta entrada no versa sobre la famosa canción de U2, When the streets have no name, aunque no se puede decir que sea ajena a ella. En los ’80, el tema del grupo irlandés alcanzó los primeros puestos de las listas de éxitos en países como Irlanda o el Reino Unido con un mensaje contra el supuesto grado de estigmatización que vivían los vecinos de ciudades como Belfast por el mero hecho de vivir en una calle u otra. Para U2, perder el nombre significaba, en este caso, verse libre de un determinado tipo de identidad.

Hoy día las calles han perdido verdaderamente su nombre. También las plazas, las avenidas, los callejones, los pasadizos, las plazoletas y otros tantos rincones de las ciudades. Solo nos queda el denominado “espacio público”, un espacio finalmente sin identidad que actúa como esfera aséptica y donde parece que solo es posible plantear sociabilidades urbanas, antaño humanas, mediadas por prácticas mercantiles. Se trata, generalmente, de amplias zonas diáfanas, con escaso mobiliario urbano, profusión de verde y colores neutros, poca gente y menos vida. Solo es necesario utilizar algún famoso buscador de internet para ver lo que por tal tipo de espacio se entiende.

Afortunadamente, esta concepción de calles y plazas como higiénicos espacios destinados a la realización de la utopía de las clases medias, tiene sus excepciones en nuestra propia casa –solo hay que darse una vuelta por barrios como Sants o Lavapiés- y no consigue imponerse, por ahora, en otras partes del mundo. Grandes y dinámicas ciudades de potencias emergentes como Sao Paulo, Ciudad del Cabo o Bombay esquivan por ahora la imposición de esta determinada manera de entender los fenómenos urbanos.

Sin ir más lejos, en la citada capital económica india, donde más del 60% de la población vive en condiciones, en ocasiones, no muy dignas en barrios de chabolas o slums, todavía es posible encontrar calles plenas de vida. Como me decía Nirmal, un colega responsable de proyectos de la ONGD Mumbai Smiles/Sonrisas de Bombay, “las calles de los slums están siempre ocupadas de forma muy variada. Comienza a primera hora con las tareas cotidianas de las familias, como el acopio de agua de una fuente comunitaria, y acaba con el lavado de los platos y cubiertos de las cenas, por parte de las mujeres, ya entrada la noche”.

Y digo “todavía” porque Bombay es una de las ciudades donde, debido a las restricciones impuestas por el propio espacio –se trata de una isla-, la demanda de oficinas para empresas y los planes de construcción de centros comerciales y viviendas de gama media-alta, cuenta con unos precios del suelo más elevados a nivel global. Así, las desatadas oportunidades especulativas, a veces mediadas por los planes gubernamentales, elevan la presión sobre los habitantes de los slums de forma que estos no tienen más remedio que abandonar su residencia y trasladarse, con suerte, a alguna de las nuevas promociones que se están realizando en el área metropolitana. Para una urbe como Bombay, donde las mejores oportunidades de empleo se encuentran en el centro de la ciudad, trasladarse a la periferia significa no solo acabar con una determinada forma de vida, sino también pasar largas horas en un ineficiente transporte público a riesgo de verse privado del sustento diario.

Las calles pierden así su nombre, su identidad, su gente, pero sobre todo, pierden su vida.

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Detectives Fernández Díaz

Este artículo fue publicado originalmente en eldiario.es y catalunyaplural.cat el pasado día 23/06/2016.

Detectives Fernández Díaz

Cuando era pequeño, mis padres me llevaron a un colegio fuera del barrio. Todos los días tenía que atravesar media Sevilla para llegar al mismo. Recorría parte de la actual (entonces todavía inexistente) Autovía de Málaga, la cual, al penetrar en la ciudad, cambia su nombre por el de Avenida de Andalucía; pasaba por delante de la legendaria fábrica de la cerveza Cruzcampo (posterior objeto de especulación inmobiliaria bajo gobiernos municipales supuestamente de izquierdas), enfilando finalmente a la izquierda por la Avenida del mismo nombre hasta llegar a la Gran Plaza y, desde ahí, al colegio.

Es bien sabido que la memoria tiene sus propios caminos, rincones y cajones, y, en alguno de ellos, he guardado durante todo este tiempo un cartel, visible desde el semáforo que guardaba el cruce de las avenidas anteriormente citadas, que anunciaba la agencia de Detectives Walker. Recuerdo mi sorpresa al notar que, en aquellos años y en una ciudad de provincias de la década de los 80s, tal empresa pudiese existir. Yo dejaba volar mi imaginación y, claramente influenciado por las pelis de Hollywood, imaginaba sofisticados agentes de incógnito que andaban tras la pista de importantes secretos industriales. Pasado el tiempo, volví a interesarme, por simple curiosidad, por tal agencia, comprobando para mi íntima e infantil satisfacción que ésta todavía seguía existiendo.

Viene esto a colación con los hechos que estos días copan las portadas de los principales medios de comunicación, así como las columnas de opinión, debates y tertulias, en relación con la exclusiva del Diario Público sobre la entrevista que mantuvieron, hace ahora dos años, el actual ministro, el inefable Jorge Fernández Díaz, con el responsable de la Oficina Anti Frau catalana, Daniel de Alfonso.

Decía Marx en “El manifiesto comunista”, que “el poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”. Marx, a través de tal afirmación, dirigía sus dardos, entre otros, contra Hegel y su consideración del Estado como elemento “de libertad universal y objetiva” en la contienda social. El papel del Estado fue un elemento central del debate social y filosófico de mediados del siglo XIX. Los liberales ingleses ya habían señalado, años antes, que la función de éste habría de ser la de, simplemente, garantizar el libre desempeño de los diversos actores sociales y económicos, los individuos, en una búsqueda egoísta que determinaría “la riqueza de las naciones”. La historia ha demostrado que Marx tenía razón. El Estado no es un elemento ciertamente neutral, y ha desarrollado, bajo distintos marcos económicos e históricos, papeles muy importantes para el conjunto de la población, desde el desarrollo de las políticas keynesianas que, tras la Segunda Guerra Mundial, garantizaron 30 años de crecimiento, así como un relativo equilibrio entre las fuerzas del trabajo y el capital, mediante el establecimiento del conocido como Estado del bienestar, hasta su reconfiguración y vuelta a los orígenes decimonónicos en el neoliberalismo, como garante de la seguridad jurídica, el control de las fuerzas de seguridad y orden, y el establecimiento del marco regulatorio básico para el desarrollo pleno del mercado bajo un sistema capitalista. Como nos recordara David Harvey, con la excusa de la imposibilidad de mantener las políticas sociales, dicho neoliberalismo logró imponer hace cuatro décadas el discurso de la  necesidad de liquidación del gasto público, cosa que se tradujo, más bien, en una reestructuración del mismo hacia partidas de seguridad y defensa, tal y como la experiencia americana bajo Ronald Reagan acabó demostrando.

Las actuales élites que dominan los resortes del Estado continúan, así, manteniendo su consideración de “Consejo de administración”, tal y como lo demuestran las prerrogativas, ayudas, desregulaciones, etc., que desde el aparato del poder se realizan en beneficio de los bancos y las grandes corporaciones empresariales de este país. Pero a esta consideración le han sumado una más, la de agencia de detectives al servicio de sus propios intereses. El Consejo de Ministros español actúa, de esta manera, como dicho “Consejo de administración”, mientras que el Ministerio del Interior pasa a desempeñarse como la Agencia de Detectives española o, más bien, como la Agencia de Detectives “Fernández Díaz”.

Ejemplos tenemos todos los días. Desde el intento de “fichar” a destacados referentes activistas de la ciudad de Barcelona (imperdible la investigación realizada por La Directa en este sentido), pasando por la fabricación de pruebas ad hoc para desacreditar fiscalmente a determinados líderes de partidos emergentes o la filtración de supuestos datos contables de gente como el ex alcalde Trias, hasta llegar al contubernio entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso con el objetivo de deslegitimar y desacreditar a destacados dirigentes independentistas catalanes.

Es así como he vuelto a recordar a la honrada gente de Detectives Walker y a pensar que, quizás, Fernández Díaz podría enviar su currículum a la agencia una vez que, crucemos los dedos, él y su Gobierno, con Rajoy a la cabeza, sean desalojados del poder este próximo domingo. Experiencia para ello tiene.

Quién sabe si, quizás otro niño yendo a la escuela, al fijarse en el cartel pueda pensar “ahí trabaja un ministro”. Amigos de Walker, estén preparados.

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