El espacio público como nueva frontera urbana

Fuente: Propia

Este artículo fue publicado originalmente en Alba Sud el pasado día 28/11/2018.

El espacio público como nueva frontera urbana

En el barcelonés barrio del Poblenou, la proliferación de terrazas de bares y restaurantes de algunas de sus arterias más emblemáticas, como la Rambla, se ha mostrado como una nueva frontera a conquistar, en particular, por el sector turístico y hostelero local.

El barrio barcelonés del Poblenou lleva viviendo una transformación urbana de profundo calado desde hace décadas. Así, este antiguo emplazamiento industrial del siglo XIX ha visto como su fisionomía se ha ido adaptando a las necesidades y características de una Barcelona que ha cambiado su modelo productivo desde el fordismo más clásico hacía otro de acumulación flexible: transporte, logística, vivienda, nuevas tecnologías, ocio y consumo y, finalmente, turismo, parecen ser las nuevas variables que caracterizan productivamente al Poblenou. Sin embargo, si algo ha caracterizado esta restructuración es la importancia del suelo urbano como factor productivo, como insumo y elemento de generación de plusvalía. Este auténtico asalto a los suelos del barrio no se ha limitado, por otro lado, a las parcelas del catastro bajo sus distintos usos, muchas de las cuales han sido ocupadas por hoteles y otras infraestructuras turísticas, sino que se ha visto ampliado a las mismas calles y plazas que cotidianamente transitan unos usuarios ahora convertidos en consumidores.

Por otro lado, el lector o lectora del presente artículo ya habrá notado la referencia nada disimulada a la conocida obra de Neil Smith (2012) La nueva frontera urbana: la ciudad revanchista y gentrificación en el título del mismo. Para el geógrafo escocés, la gentrificación, esto es, el desplazamiento y la sustitución de las clases bajas y medias-bajas de determinados barrios y/o áreas de las ciudades por grupos sociales de clases medias o medias-altas, es un fenómeno en continua expansión. Se trataría de dinámicas que no quedan –o no pueden quedar– circunscritas a determinados límites, sino que para garantizar la continuidad del proceso de acumulación capitalista han de expandirse, en principio, indefinidamente. Es notoria la descripción, en el mencionado libro, de la aparición de los primeros síntomas de gentrificación en el Lower Side neoyorquino. En ella, Smith juega con la metáfora del salvaje oeste y la supuesta conquista y civilización que los colonos norteamericanos acabaron llevando a cabo en aquellos lejanos territorios para referirse al mencionado fenómeno.

Smith aporta en el libro una novedad interesante: los actuales procesos de gentrificación no se encuentran únicamente ligados al mercado inmobiliario local, sino que para analizar adecuadamente cómo se produce la reconfiguración del paisaje urbano, las dinámicas deben que ser observadas bajo una perspectiva más amplia. Así, entre los elementos que constituyen esta nueva complejidad se encuentra el conocido como espacio público, el cual, más allá de sus aproximaciones ideológicas, se ha acabado convirtiendo en un elemento fundamental dentro de la consideración de las ciudades bajo la lógica del capital.

En el barcelonés barrio del Poblenou, la increíble proliferación de terrazas –mesas y sillas- de bares y restaurantes de algunas de sus arterias más emblemáticas, como la Rambla, se ha mostrado como una nueva frontera a conquistar, en particular, por el sector turístico y hostelero local. Dicha toma, sin embargo, se ha visto contestada por unos movimientos sociales que ya contaban con una dilatada trayectoria de lucha y reivindicación. Su heterogeneidad y la diversidad de sus puntos de vista, desde el más cercano al reformismo, hasta el más directamente anticapitalista, se ha manifestado públicamente bajo diversas formas: celebración de consultas; fiestas y desfiles por las calles del barrio; okupación de solares públicos; puesta en marcha de huertos populares; organización y articulación de contrapropuestas, etc., un sinfín de actividades y acciones que han servido, además, para recomponer parte del tejido social y dar lugar a nuevas formas de organización y participación popular.

De la capacidad de dichos movimientos para modificar la inercia privatizadora del espacio público del barrio dependerá el futuro del mismo, no solo en cuanto a la presencia de un sector productivo con visos de monocultivo, sino también de la existencia misma de las calles y las plazas del Poblenou como espacios tradicionales de socialización.

Nota:

Mansilla, J. (2018). Asaltar los suelos. La privatización del espacio público como distopía urbana en el barrio del Poblenou, Barcelona. Biblio3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universitat de Barcelona, vol. XXIII, núm. 1.255, 25 de noviembre de 2018.

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Cuando ser de izquierdas sale gratis

Este artículo fue publicado originalmente en el diario Nueva Tribuna el pasado día 10/01/2017

Cuando ser de izquierdas sale gratis

En unas recientes declaraciones a la prensa, algunos de los más amortizados políticos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) entre los que podríamos citar a Ramón Jauregui o Elena Valenciano, ponían el grito en el cielo ante la próxima renovación de la presidencia del Parlamento Europeo.

Recordemos que el Parlamento Europeo es, pese a sus limitaciones, una de las instituciones más importantes en ese artefacto político que se ha venido en llamar Unión Europea (UE) y que cuenta, conjuntamente con el Consejo de la Unión Europea, con capacidad de iniciativa legislativa. Su Presidente, elegido por mayoría absoluta de los europarlamentarios, tiene un mandato de dos años y medio, justo la mitad de la duración de una legislatura, ya que las elecciones al Europarlamento se celebran cada cinco años.

Con el paso del tiempo, se ha convertido en un lugar común reconocer al Parlamento Europeo como una especie de cementerio de elefantes o, si queremos utilizar una expresión más positiva, una reserva de dinosaurios políticos. Esto es así porque la mayoría de los Estados Miembros (EEMM) de la UE proponen como cabezas de cartel para las elecciones europeas a políticos y políticas que han desarrollado la mayoría de sus carreras -y han vivido sus momentos de gloria política- a nivel nacional, pero a los que se les quiere encontrar un último acomodo. Algo así como los famosos jarrones chinos de los que nos hablaba el inefable Felipe González. El Estado español es un buen ejemplo de ello, pues sus últimos cabezas de cartel fueron la ya mencionada Elena Valenciano o Juan Fernando López Aguilar, entre los miembros del PSOE, o Mayor Oreja y Arias Cañete entre los del Partido Popular (PP). Izquierda Unida, por su parte, suele ser algo más moderada en estos planteamientos, aunque ha enviado por dos veces a Bruselas como cabeza de lista a Willy Meyer. Para finalizar, otras opciones, como Podemos, han usado el Parlamento Europeo y su sistema de elección por lista única estatal para lanzar a sus futuros líderes.

Otra de las características del Parlamento Europeo es que, por así decirlo, es la plasmación político-institucional más evidente –y representativa- de aquello que se ha venido en denominar la gran coalición. Sí, porque pese a su fragmentación –es posible encontrar hasta 9 diferentes grupos políticos constituidos-, desde 1979, año en que se conformó por primera vez por sufragio universal –anteriormente era por designación- excepto en 3 ocasiones el Presidente de la institución ha sido o bien miembro del Partido Socialista Europeo o bien el Partido Popular Europeo. Y, ¿adivinen qué? Pues que en cada una de las legislaturas de cinco años desde entonces la norma ha sido que la máxima representación del Europarlamento haya estado dividida entre uno y otro a razón de dos años y medio cada uno. Ahora bien, este reparto no se ha conseguido por arte de magia o por azar, sino mediante acuerdos de legislatura entre las dos grandes formaciones, es decir, mediante el establecimiento de un turno por el cual se han venido sucediendo el uno al otro. España ha presidido el Parlamento Europeo en tres ocasiones, la última de las cuales, a través de la figura del candidato a candidato Josep Borrell, el cual cedió el asiento al alemán Hans-Gert Pöttering debido a dicho acuerdo.

Pues bien, justo ahora finaliza el primer periodo de la octava legislatura europea al frente de la cual ha estado el socialista alemán Martin Schulz y la prensa se ha hecho eco de ciertas tensiones que han aparecido en el seno del Europarlamento a la hora de producirse el relevo. Resulta que un grupo de eurodiputados socialistas, donde los españoles alzan la voz un poco más que el resto, por no decir que lideran la iniciativa, se plantea no facilitar la llegada al trono, es decir, no ceder el turno, al apalabrado próximo Presidente miembro del Partido Popular Europeo. Para ello proponen al italiano Gianni Pitella, miembro de la familia socialista, para suceder a Martin Schulz. Esta boutade la realiza el PSOE –como miembro de los Socialistas Europeos- a sabiendas del bien establecido pacto que lleva ya lustros funcionando. ¿Y por qué lleva a cabo precisamente ahora el PSOE esta propuesta y no en periodos legislativos anteriores cuando podría haberla realizado también? Pues la explicación se nos aparece como clara y sencilla: porque es de las pocas posibilidades que tiene el PSOE, enfrascado como está en su batalla interna y en no asomar como la muleta del PP en el Congreso español, de marcar cierto perfil aunque tenue, de partido de izquierdas. Claro, ellos aseguran que es para no concentrar todo el poder europeo –la Comisión está en manos de Juncker y la que manda realmente es Ángela Merkel- en manos conservadoras. De este modo, aparecer como el partido rebelde del Parlamento Europeo le sale gratis, aunque todos sabemos cómo acabará esta historia: con el candidato popular Antonio Tajani como Presidente de la institución durante los próximos dos años y medio.

Más le vendría al PSOE, si verdaderamente quiere aparecer como un partido de izquierdas, posicionarse de forma evidente y contundente en otro tipo de embates y dejar de jugar con pólvora de fogueo en el Parlamento Europeo.

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Entrevista Diari Menorca [Marzo 2019]

Fuente: Propia

Entrevista al Diari Menorca 30/03/2019)

El artículo publicado por el Diario puede leerse íntegramente en el siguiente enlace.

– ¿Por qué se ha interesado por el caso concreto de Maó? ¿Tiene alguna relación previa con la Isla?

Mi relación con Menorca viene del hecho de que mi compañera es originariamente de Maó. Llevo visitando la isla muchos años y, como antropólogo, pero también como “foraster”, siempre me han llamado la atención aspectos sociales y culturales de, sobre todo, la capital de la isla: cómo usan su espacio público urbano sus vecinas y vecinos, la forma particular que adoptan las relaciones de parentesco y cómo se expresan, los referentes simbólicos identitarios, como la propia Festa de Gràcia, las particularidades de las prácticas del catolicismo local, las referencias al pasado y la memoria colectiva, plasmado en gran cantidad de refranes y canciones, etc.

Creo recordar que, poco después de visitar la isla, me puse a investigar sobre la existencia de algún estudio antropológico que ya se hubiera hecho, y solo encontré textos de folklore local y las publicaciones de Jaume Mascaró Pons sobre aspectos como los ritos de paso menorquines o cuestiones vinculadas al parentesco. Sobre las fiestas, este mismo autor tenia algo sobre Ciutadella, pero no sobre Maó.

– ¿Considera que es un caso equiparable a otro o muy particular de esta ciudad?

Cada cultura es, a la vez, particular y universal. Es decir, la transcendencia de, por ejemplo, las Festes de Gràcia a nivel de ritual de autoafirmación identitaria, el papel protagonista de un animal -en este caso, el caballo-, la teatralización del momento, etc., son elementos comunes a otras culturas.  Así, las Festes suponen una “ruptura” simbólica con la cotidianidad, elemento que tiene, desde el punto de vista de la antropología funcional, mucha similitud con celebraciones similares en otros territorios y otros tiempos, como el Carnaval de Cádiz o el Carnestortes catalán. Ahora bien, la forma en que estas manifestaciones culturales “se hacen carne”, es decir, sus propias particularidades tienen que ver con la historia, la estructura social y económica de Maó, así como otros elementos.

– ¿Qué niveles considera que alcanza esta conflictividad? Es decir, ¿solo debate? ¿División social efectiva? ¿solo a escala política?

Las sociedades son, por definición, conflictivas. La principal diferencia entre la sociedad menorqunia actual y la pasada es el grado de fragmentación de la misma. Cuando Maó, y por extensión Menorca, era una comunidad menor, más aislada, más homogénea, existían una serie de mecanismos sociales, distintos a los actuales, que permitían “canalizar” dicha conflictividad. De hecho, ese ha sido, de forma tradicional, el papel de las fiestas locales: actuaban como “válvula de escape” temporal a las fricciones existentes entre los distintos grupos sociales. Las fiestas eran el momento de la transgresión, de un exceso de permisividad social, que en otros momentos del año no podrán ocurrir. Es una especie de “exorcismo simbólico”, si lo queremos ver así. Lo curioso del caso de las Festes de Gràcia. como derivada de la de Sant Joan en Ciutadella, es que las mismas permiten, a la vez que la ruptura del orden, escenificar el mismo. Ese es el sentido de las colcadas: por un lado, una plasmación, en el espacio urbano común a todos y trodas, del orden (sus diferentes personajes resumen perfiles muy concretos de la estructura socioeconómica local) y, por otro, el momento en que ese orden puede ser alternado.

– ¿Existe una correspondencia ideológica precisa entre una determinada postura política y un nombre para las fiestas?

A nivel simbólico es evidente. Se produce la confrontación entre dos formas, una más religiosa y que encarna los valores y las posiciones políticas más conservadoras, y otras más laica, que agrupa las posturas más progresistas. Ahora bien, esto se ve complejizado por la forma y la articulación que mantienen los diferentes actores políticas en cada momento, así como por la “correlación de fuerzas” que se produce a nivel local.

– Si bien existe el debate previo sobre la cuestión, ¿cómo valora que luego durante las fiestas apenas salga a relucir? ¿O cree que no es así?

Según parte de mi investigación etnográfica sí que sale a relucir. Tanto en las entrevistas y diálogos informales que mantuve, como en un examen de la prensa local escrita, me fue posible ver cómo dicha controversia existe y se mantiene. Es más, sirve para vehicular posiciones políticas antagónicas. A mi me resultó muy curioso que, por ejemplo, militantes del Partido Popular usasen el cartel “oficial” de las Festes para, una vez manipulado, manifestar su desacuerdo, por un lado, con su nombre (de Gràcia en vez de la Mare de Deu de Gràcia), y, por otro, su postura con las políticas lingüísticas que caracterizan a este partido. A nivel simbólico supone un rechazo a la laicización de las fiestas y a las políticas de normalización del catalán, las cuales son vistas como algo ajeno.

– Asegura que es una investigación en marcha. ¿Puede adelantar hacia dónde se encaminará su estudio?

Me gustaría avanzar más en otros aspectos que no he podido alcanzar a reflexionar suficientemente, como el papel de los jóvenes en las Festes, o, a nivel histórico, otras manifestaciones de conflictividad que hayan existido. También he abierto una pequeña investigación paralela sobre la función turística de las Festes, en el caso de que la hubiera, y sus características.

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Cine y ciudad

Fuente: Paperblog.com

Fuente: Paperblog.com

Este texto lo escribí para el Programa de La Hamaca en línea en la Virreina Centre de la Imatge, Barcelona, dedicado a la ciudad.

Cine y ciudad

La relación entre la ciudad y el cine es tan vieja –o tan nueva- como éste último. No en vano, la que se considera la primera obra cinematográfica, La sortie des ouvriers de l’usine, grabada el 19 de marzo de 1895 por los hermanos Lumière, mostraba la salida de un grupo de trabajadores, en su mayoría mujeres, de una fábrica de Lyon.

La importancia, en la determinación de las formas y características de las ciudades, del proceso de industrialización vivido por algunos países del Hemisferio Occidental, aparece ya recogida por autores de importantes obras contemporáneas. Entre las mismas destacarían, por su perspectiva crítica, Contribución al problema de la vivienda, de Frederick Engels, o los trabajos que geógrafos como el francés Eliseo Reclús fueron publicando a lo largo de los años. Con anterioridad, ya había habido intentos de, ante los avances y efectos del triunfante capitalismo industrial, plantear diseños urbanos más humanos vinculados al medio rural y la naturaleza, los cuales, además, venían normalmente acompañados de proyectos de creación de nuevas sociedades. Serían los casos de socialistas utópicos como Étienne Calbet o Robert Owen que inspirarían aproximaciones más realistas y, sobre todo, más aceptables para los poderes burgueses, como la Ciudad Jardín de Ebenezer Howard.

Es, sin duda, a partir de ese momento que las ciudades viven una nueva edad de oro. La necesidad de mano de obra para abastecer el incesante número de factorías atrae y concentra gran cantidad de población campesina que ve, súbitamente, transformada su realidad cotidiana. El papel del cine como notario de los cambios sociales continua vigente. Gran ejemplo de ello es la obra de The City que, con guion de Lewis Mumford, fue elaborada, en 1939, para la New York World’s Fair.

Tal y como sugiriera el filósofo Henri Lefebvre, el urbanismo surge como ciencia destinada a ordenar la ciudad y la vida urbana al servicio del poder capitalista. Prueba de ello es la potencia, influencia y aceptación del Movimiento Arquitectónico Racionalista cuyo principal baluarte lo encontramos en la figura de Le Corbusier. Su elaboración funcional, fuertemente influenciada por la herencia de la Revolución Industrial, proponía una ciudad dividida según criterios organicistas en cuatro partes -vivir, trabajar, circular y descansar-. Hijos y nietos suyos son las grandes urbanizaciones del extrarradio y los polígonos de viviendas que surgieron en gran parte de Europa y Estados Unidos a partir de los años 50 del pasado siglo. Como no, el cine –con la ayuda de la televisión- seguía ahí para contar qué estaba pasando con las personas que vivían bajo un diseño utópico de realidad urbana que desconectaba las esferas sociales en un intento de simplificación al servicio del capital. Esas, a veces, auténticas pesadillas intentaban mostrar no solo la disposición de una estructura social construida a imagen y semejanza de las clases medias, sino también estructurar, léase controlar, a determinados grupos sociales que quedaban rezagados en sociedades cada vez más desiguales y segmentadas. La alegoría de la diferencia y la cotidianeidad que evidenciaban míticas series televisivas como The Adams Family o The Flintstones o el profundo hastío existencial reflejado en películas como The Graduate evidencia las contradicciones de estas nuevas áreas urbanas.

La década de los 70, con la irrupción de la última y vigente versión del capitalismo, el neoliberalismo, tiene en las ciudades un papel protagonista. El reequilibrio del papel del Estado, el paso del ejercicio del control social mediante la provisión de bienes y servicios colectivos a la puesta en marcha de un sistema de marcada responsabilidad individual y respuesta punitiva, se ve plasmado en el cuidado y consideración del espacio urbano como generador de plusvalías. Esto lleva a determinadas áreas de la ciudad al más profundo abandono mientras que otras, las más céntricas, son objeto de limpieza e higienización. Estamos en el Nueva York de Taxi Driver y Fort Apache, The Bronx, y, de forma más reciente, en las periferias de Paris mostradas en La Haine o el extrarradio de Madrid de Barrio.

En definitiva, cine y ciudad, como luego televisión y ciudad, imágenes y ciudad, son fenómenos que nacieron juntos y que se han alimentado el uno del otro desde hace décadas.

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Límites a los alquileres, una cuestión de justicia urbana

Fuente: Ms. Marvel (2015-2019) #1

Este artículo fue publicado originalmente en catalán en el quincenal La Directa el día 04/06/2019.

Límites a los alquileres, una cuestión de justicia urbana

Hace unos días, el Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya aprobó un Decreto-Ley mediante el cual se abría la puerta de introducir limitaciones al crecimiento de los alquileres en determinadas zonas urbanas consideradas como tensionadas, es decir, allí donde las rentas se han visto incrementadas notablemente. La normativa, basada en las competencias exclusivas que el Govern tiene sobre el Derecho Civil catalán, establece, como norma general, aumentos máximos de un 10% del alquiler sobre la base de un indicador territorial construido con la información suministrada por las fianzas depositadas en el Institut Català de Sól (INCASOL). La norma, por otro lado, añade excepciones, como la posibilidad de establecer incrementos mayores -de entre el 5% y el 20%- en función de los equipamientos con los que cuente la vivienda -una piscina (sic), por ejemplo-, los cuales han de estar debidamente justificados, o bien de si se trata de una casa de nueva construcción o a la que se le ha realizado una reforma considerable. En este último caso, el incremento extra tendrá una duración máxima de 5 años.

Dejando de lado la circunstancia de que, desde determinados ámbitos políticos y técnicos, se cuestiona la capacidad de la Generalitat para elaborar una medida de tales características -se supone, así, que las competencias para intervenir el mercado del alquiler urbano son de ámbito estatal-, el solo anuncio de esta novedosa normativa ha disparado las alarmas de aquellos grupos sociales con especial sensibilidad sobre sus efectos. Por un lado, los colectivos y movimientos sociales que luchan por el derecho a la vivienda y contra la especulación inmobiliaria la han calificado de necesaria, pero insuficiente e, incluso, potencialmente contraproducente, ya que no revierte los niveles ya consolidados. Y, por otro, el sector inmobiliario -constructoras, intermediarios, consultoras, portales web especializados, grandes fondos de inversión, etc.- han optado por alertar sobre las consecuencias negativas para los inquilinos e inquilinas, presentes y futuros, de una medida de tales características.

Entre los principales argumentos esgrimidos por estos últimos es posible encontrar desde cuestiones de carácter político-ideológicas, “se trata de una medida fuertemente intervencionista” o “de un ataque al derecho a la propiedad privada”, hasta advertencias más directas -a modo de chantaje- sobre los efectos de la normativa sobre el propio inquilinato, como “esto supondrá desincentivar la entrada de nuevos inversores” o “se dejarán de llevar a cabo las obras de reforma y mantenimiento que comporta una vivienda en alquiler”. Este tipo de advertencias no son nuevas, si no que, más bien, aparecen cada vez que, desde las instituciones y por la presión ejercida por el activismo, se emprende algún tipo de medida que persigue limitar los beneficios de la renta inmobiliaria, principalmente de aquellas grandes compañías que acumulan una enorme cantidad de propiedades. Su acción suele ir dirigida a desmontar las reclamaciones de los vecinos y vecinas de las ciudades mediante apelaciones a la necesidad de dejar actuar, por el bien general, a la mano invisible del mercado. Este intento de construcción de relatos tiene por objetivo principal deslegitimar la intervención sobre el mercado, presionando a la clase política y desmovilizando a la opinión pública. Es lo que, en un capítulo de un libro recientemente publicado –A Century of Housing Struggles: From the 1915 Rent Strikes to Contemporary Housing Activisms (2018),  Hamish Kallin y Tom Slater han denominado, recogiendo trabajos anteriores, agnotología o producción de la ignorancia. En lo que concierne a la limitación de los alquileres, esta estrategia perseguiría, en primer lugar, advertir sobre los efectos negativos que su implementación tendría sobre las propiedades alquiladas y, en segunda instancia, prevenir sobre la considerable disminución de la oferta de vivienda de alquiler y sobre la ineficiencia que se generaría a la hora de organizar su distribución en el mercado. En el texto, basado en un estudio particular sobre el caso de Escocia, Kallin y Slater desmontan uno a uno estos mitos, constatando su continua e interesada presencia en los medios de comunicación y en el ámbito técnico-político, esfera privilegiada de actuación de lobbies y think tanks liberal-conservadores.

Sobre la falta de inversiones para la mejora y reforma de las viviendas en alquiler, los autores recuerdan que el estado de estas viviendas no es, ni ha sido tradicionalmente, el mejor de los posibles. En el Reino Unido, por ejemplo, 1 de cada 3 casas, según un Informe del Parlamento Británico de 2016, no cumple con las condiciones básicas para ser usadas como vivienda habitual. En ámbitos más cercanos, como la propia ciudad de Barcelona, cualquiera que haya vivido de alquiler ha podido comprobar en sus propias carnes que este fenómeno no es exclusivo de la pérfida Albión. Solo una adecuada legislación al respecto, acompañada de los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, puede garantizar unos mínimos necesarios de calidad y confort en las viviendas de alquiler. En torno a la supuesta disminución de la oferta, ocasionada por una normativa que limitaría los beneficios de los propietarios, Kallin y Slater destacan dos aspectos fundamentales: el primero de ellos descansa sobre el hecho de que el sector del alquiler urbano solo parece funcionar correctamente si no se le ponen límites a su avaricia, actuando como un auténtico parásito, mientras que el segundo recuerda que fenómenos similares, como incrementos del salario mínimo o la aplicación de impuestos indirectos sobre determinados bienes, nunca han disminuido la oferta de los mismos, ya que la bajada de los rendimientos del mercado del alquiler urbano ha tenido más que ver, cuando ha ocurrido, con un sistema que ha empujado tradicionalmente hacia la propiedad, tanto desde las instituciones -“Mejor propietarios que proletarios”-, como desde el propio mercado inmobiliario y financiero europeo, el cual, con sus bajos tipos de interés, ha articulado y posibilitado altos niveles de endeudamiento hipotecario. Baste recordar que, con anterioridad al momento actual, los mayores incrementos en el precio de la vivienda se alcanzaron, precisamente, cuando más cantidad de ésta era introducida -ofertada- en el mercado inmobiliario, justo antes del estallido de la burbuja en 2008. Por último, la cuestión de la eficiencia en la distribución de las viviendas advertiría que la limitación de las rentas del alquiler supondría una restricción a la entrada de nuevos demandantes, ya que los actuales, debido al nivel de precios del mercado, no querrían abandonar sus viviendas y, por el mismo motivo, esto generaría fricciones en el mercado laboral, ya que los trabajadores y trabajadoras preferirían no moverse hacía localizaciones con más oportunidades laborales por miedo a perder una vivienda asequible. Como subrayan Kallin y Slater, este argumento no solo parece considerar que los inquilinos bajo la condición de limitación de rentas de alquiler vivirían en el mejor de los mundos posibles, sino que no oculta su verdadera cara, esto es, garantizar a los propietarios altas rotaciones y mayores beneficios, así como una mayor disposición de mano de obra barata. Si la vivienda es una cuestión de derechos -tal y como recoge la sacrosanta Constitución española- entonces no se puede dejar al albur completo de la eficiencia de un mercado que hace que los inquilinos tengan que dedicar más de, en ocasiones, el 50% de su renta al pago de un techo donde cobijarse.

En definitiva, la lucha por el acceso a una vivienda digna a precios asequibles se nos aparece como una lucha contra molinos de viento; grandes, medianos y pequeños propietarios que utilizan esta necesidad básica para hacer negocio. Se trata de un nuevo ejemplo de la lucha de clases en la ciudad, donde la limitación de los incrementos de la renta se presenta como un tímido, pero necesario, paso hacía una mayor justicia urbana.

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Entrevista (fallida) en El Periódico

Fuente: albasud.org

Desde El Periódico me enviaron un cuestionario con varias preguntas que, posteriormente, serían insertas en un artículo de fondo sobre la cuestión turística. Se ve que no le gustaron mis respuestas porque no las han utilizado finalmente. Las dejo aquí por si interesan a alguien.

A tu juicio, ¿cuál es el impacto más dramático del turismo?

A mi juicio, el turismo, no solo en Barcelona, sino en todo aquel lugar donde se presente bajo las mismas características, genera tres impactos principales: cambios en el paisaje urbano, esto es, en la forma en que la ciudad se muestra física y simbólicamente (comercios destinados a los turistas y no a los vecinos y vecinas, desaparición del tejido social básico, etc.); transformaciones en la forma en que se usa el espacio público urbano, éste se convierte en un objeto de consumo y esto genera masificación, privatización, expulsión de usos no mercantilizados, etc.; y la más importante, aunque no la última (cuestiones como la incidencia en la estructura del mercado laboral no las comentaré porque entiendo me preguntas sobre el impacto más “urbano”), un encarecimiento del precio de la vivienda y una vuelta de tuerca en la mercantilización de la misma. De hecho, en el último Baremo Municipal (junio 2019) del Ajuntament de Barcelona, el acceso a la vivienda vuelve a ocupar un lugar principal (el segundo) entre las preocupaciones de los y las barcelonesas. El primero es la inseguridad, que tanto de forma directa como perceptiva, también podría estar relacionado con las nuevas características de Barcelona como ciudad “abierta” y “global”, y el cuarto es, directamente, el turismo mismo.

La movilidad humana ha aumentado a velocidad metanfetamínica. ¿A qué atribuyes la pulsión general de viajar?

Desde mi punto de vista la “pulsión” por viajar estaría relacionada con las últimas transformaciones sufridas por el sistema capitalista a nivel mundial. La expansión geográfica del mismo (nuevos mercados, nuevos consumidores) conlleva necesariamente la necesidad de moverse más, no solo las personas, sino también las mercancías. Además, y relacionado con esto, los procesos de transformación económica que ha vivido Occidente, pasando de ser sociedades industriales a sociedades de servicios, añaden a lo anterior el hecho de que economías como la de Barcelona se especialicen en la producción de eventos, recursos simbólicos, bienes de consumo intangibles, etc., acelerando la circulación del capital. Es ahí donde debemos inscribir dicha “pulsión”: como una respuesta al fenómeno de reestructuración del Capital.

¿La turismofobia es un sentimiento con fundamento, o es otra cara de la xenofobia?

No creo que sea ni una cosa ni otra. La turismofobia es un recurso simbólico-discursivo puesto en circulación por aquellos actores con intereses materiales directos sobre el turismo con el objetivo de criminalizar los movimientos sociales que resisten los procesos de turisfificación (y los impactos que hemos comentado antes).

Entre las ciudades turistizadas, ¿cuál es la más agonizante y por qué?

Bueno, es difícil establecer un ranking sobre esta cuestión porque todas lo viven a su manera, pero, a nivel general, creo que podemos decir que Venecia es el caso más sangrante de este tipo de procesos.

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The BIDs Bang Theory: ¿una nueva vuelta de tuerca a la mercantilización de la ciudad?

Fuente: laservices.ca

Este artículo fue publicado originalmente el pasado día 13/11/2017 en El Salto Diario.

The BIDs Bang Theory: ¿una nueva vuelta de tuerca a la mercantilización de la ciudad?

En febrero de 2002, Jordi Pujol aun presidia la Generalitat de Catalunya y ostentaba el título de Molt Honorable. Pasqual Maragall llevaba tres años en el Parlament y había sido el candidato con mayor cantidad de votos, no así en escaños, en las elecciones de 1999. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), con él a la cabeza, registraba una proposición no de ley con el objetivo de regular las, desde entonces, conocidas como APEU, Áreas de Promoción Ecónomica Urbana, “constituidas por propietarios e inquilinos con una actividad económica y comercial que se dedican a promover el desarrollo empresarial y la mejora de una determinada área diferenciada y delimitada, compartiendo los costos para disfrutar de los resultados, mediante el pago de un tributo”. La mayoría conservadora de la cámara, sin embargo, tumbó la medida. Comenzaba, así, el recorrido de este tipo de organizaciones en la historia de Catalunya, aunque también en la del resto del Estado. Habría que esperar más de una década para ser testigos de la implantación de este tipo de iniciativas en nuestros pueblos y ciudades.

Según la profesora Helena Villarejo, de la Universidad de Valladolidad, las APEU, o BIDs (Business Improvement Districts), por sus siglas en inglés, serían “organizaciones dirigidas privadamente y autorizadas públicamente que prestan servicios públicos adicionales dentro de una determinada área geográfica gracias a la generación de ingresos anuales provenientes de las contribuciones de los propietarios y/o comerciantes”. Estas instituciones surgieron en Canadá en 1969, comenzando su andadura al año siguiente en la ciudad de Toronto. La colaboración entre comerciantes de una zona de la ciudad, el Bloor West Village, se veía entorpecida por los conocidos como free-riders, empresarios del área que se beneficiaban de la acción conjunta de la asociación local pero no participaban en su financiación. La solución planteada pasó por obligar a esos free-riders a costear las actividades de revitalización de la economía local que llevaban a cabo el resto de participantes. Nace así el primer BID mediante la modificación, primero, de la Ley Municipal de la Provincia de Ontario, y, posteriormente, de la Ordenanza Municipal 170/70 del Ayuntamiento de Toronto. Desde entonces, estas entidades han proliferado enormemente, sobre todo en Norteamérica, aunque también en el Reino Unido, Países Bajos y Alemania. De hecho, se calcula que, solo en Estados Unidos, hay entre 1000 y 2000 BIDs, siendo los más conocidos, y los que han servido de modelo al resto, los de Time Square, Gran Central Partnership o Bryant Park, todos ellos en Manhattan.

Las razones para la aparición de los BIDs son numerosas y variadas. El declive de los centros urbanos acontecido, sobre todo, después de la II Guerra Mundial y las consecuencias generadas por las políticas fordistas-keynesianas, las cuales pusieron el acento en la suburbanización, así como en creación de infraestructuras de transporte y comunicaciones; los nuevos formatos comerciales, como los centros comerciales o malls, los hipermercados y los supermercados; las políticas neoliberales implementadas a raíz de la crisis capitalista de los años 70, que contemplaban la ciudad como el sustrato ideal para la extracción de plusvalías; la necesidad de crear comunidad como forma de dinamizar la economía urbana; los problemas de financiación pública, sobre todo municipal, que dieron lugar a la aparición de los partenariados público-privados (PPP), entre otros. Es, de hecho, este último factor, los PPP, los que le dan el soporte teórico, técnico y organizativo a los BIDs.

En el ámbito del Estado español solo hemos conocido, hasta ahora, a sus parientes cercanos los Centros Comerciales Abiertos (CCC). Estos dispositivos, basados principalmente en la implementación de estrategias de márquetin conjuntas, en actividades de animación de calles y plazas del centro de la ciudad y en el establecimiento de líneas de imagen corporativa común, perseguían imitar algunas de las características de las grandes superficies mediante cierta oferta integrada, así como la cooperación entre distintos comercios compartiendo servicios y aprovechando economías de escala. Sin embargo, su éxito ha sido relativo. Se han profesionalizado escasamente, no ha habido un implicación importante por parte de algunos de los agentes económicos aludidos, sobre todo las grandes marcas, y han tenido problemas de financiación debido a la presencia en su seno de los ya mencionado free-riders.

La solución a esto ha pasado por retomar la idea de los BIDs, tanto a nivel catalán como a nivel estatal. De esta forma, el Grupo Parlamentario del Partido Popular presentó, en el año 2014, una proposición no de ley en la Comisión de Economía del Congreso instando al Gobierno a poner en marcha este instrumento y a desarrollar “los programas de incentivos […], propiciando todos los cambios normativos que para ello fueran necesario”. Sin embargo, su recorrido fue escaso. Al año siguiente se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones, las cuales se repitieron en 2016, de forma que el tema, a fecha de hoy, no se ha vuelto a retomar.

No ha sido así, no obstante, en el caso de Catalunya. El Govern català de Junts Per Sí (JxS) ha desarrollado parte de sus competencias en promoción económica mediante la Llei de Comerç, Serveis i Fires, aprobada por el Parlament en el verano de este año 2017. En el artículo 54 de esta ley se contemplaba la creación de las Áreas de Promoción Económica Urbana, APEUs. La finalidad de las mismas, según la citada normativa, pasaba por conseguir mejoras específicas de carácter económico; complementar los servicios que prestan las administraciones, y favorecer el asociacionismo y la participación en las políticas económicas públicas. Sin embargo, una posterior Disposición Adicional Tercera emplazaba al propio Govern a, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la Ley, aprobar un marco regulador específico para las APEUs estableciendo, como mínimo, su delimitación, el apoyo necesario para su creación, su presupuesto, la necesidad de aprobación de un plan estratégico, su forma jurídica y su gestión profesionalizada. Los 18 meses aun no han concluido, pero estos no ha sido un obstáculo para que el Ayuntamiento de Barcelona haya dado los primeros pasos a la hora de poner en marcha estas APEU en la capital de Catalunya.

Para Daniel Pardo, miembro del colectivo Ciutat Vella no està en Venda (CVNEV), la forma en que el actual Gobierno de Barcelona está llevando a cabo la puesta en marcha de este tipo de mecanismo en la ciudad es “opaca, no hay información pública al respecto. Aunque habíamos tenido noticias de que algo estaba en marcha hace tiempo, es a raíz de los movimientos de la oposición -el Partit Demòcrata Europeo Català, PdeCAT, ex CiU-, que pedían información detallada al respecto, que nos interesamos más por el tema”. La necesidad de informarse y formarse al respecto ha llevado a cabo a este colectivo a realizar una serie de acciones, entre otras, la organización de una charla abierta al vecindario en plena Plaça Comercial, en el barrio del Born, el pasado sábado 4 de noviembre.

Y es que, de hecho, los primeros movimientos en el Ayuntamiento de Barcelona para desarrollar las APEUs se producen en 2016, justo después de que el PSC firmara el Pacto de Gobierno con Barcelona en comú (BeC), se hiciera cargo, entre otras, de la Concejalía de Comercio y pusiera a Montserrat Ballarín al frente. El programa electoral con el que el PSC, con Jaume Collboni a la cabeza, se presentó a las elecciones de 2015, el “Plan Collboni para Barcelona”, incluía, en su acción 16, “potenciar las áreas de promoción de la economía urbana, APEUs”, hecho que se pretendía lograr facilitando que los comerciantes propusieran “actuaciones de dinamización, de horarios (en el caso de poder acreditar una afluencia turística), de seguridad o de limpieza, entre otros, que quieran priorizar y desarrollar en su área”. Así que lo que está haciendo el PSC es, básicamente, poner en marcha parte de su ideario. Sin embargo, dicho programa podría incidir en algunas de las controversias detectadas hasta ahora en el funcionamiento de los BIDs por investigadores como la profesora Helena Villarejo: escaso control democrático, privatización encubierta del espacio público, fragmentación del espacio urbano, incremento del valor del suelo, efecto bola de nieve, o big bang, ya que el comercio limítrofe a éstas áreas también quieren beneficiarse de sus efectos positivos mediante la instauración de su propio BID, gentrificación, etc. La principal preocupación de Daniel Pardo pasa por que es “el privado administrando lo público, de forma que lo público acaba aceptando su pérdida de poder ante los intereses privados, algo que puede degenerar, además, en la exclusión de determinados colectivos del espacio público, así como de todos aquellos y aquellas que se considere que no mantienen actitudes correctas”.

Entre los avances del Ayuntamiento de la ciudad en este ámbito está el planteamiento de dos proyectos piloto, uno en el mencionado Born y otro en el barrio de Sant Andreu del Palomar. También se ha llevado a cabo un encargo de consultoría al Área de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de Girona, relacionado con el desarrollo de los instrumentos legales necesarios para la autofinanciación de los BIDs, ya que la actual Ley de Haciendas Locales no recoge esta posibilidad, y se ha participado, entre otros, en el VIII Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, organizado en Madrid en septiembre de este año. Sin embargo, todo parece indicar que el desarrollo de los mismos se encuentra, cuando menos, estancado. Entre otras cuestiones, fuentes consultadas afirman que el Eix Comercial de Sant Andreu del Palomar -entidad encargada de poner en marcha el proyecto piloto-, carece del presupuesto necesario para cofinanciar la actividad solicitado desde el Ayuntamiento. Además, en la reunión del 14 de septiembre del Consell del Districte de Ciutat Vella -al que pertenece el barrio del Born- a la pregunta de la también miembro de CVNEV, Anna Moreno, sobre los peligros que podría tener una acción de estas características, la regidora del Districte, Gala Pin, se limitó a señalar que “estaban pendientes de reunirse con la Concejalía de Comercio para ver cómo avanzaba el proyecto […], aunque la medida más importante que se impulsaba desde el Districte no eran los APEUs sino los bajos de protección oficial”, medida que consiste en aprovechar bajos de edificios de titularidad pública para fomentar el comercio de proximidad.

A la espera tanto de que el Gobierno del Estado, como el Govern de la Generalitat, acaban de perfilar y aprobar las normativas correspondientes, municipios como el de Terrasa (Barcelona) o el de Madrid ya han dado los primeros pasos en la conformación de sus respectivos BIDs. Así, el municipio catalán puso en marcha en 2014 una iniciativa que permitía cogestionar la zona comercial del centro de la ciudad junto a sus comerciantes. Además, el gobierno municipal actual, una coalición entre el PSC y el PdeCAT, llevaba, en su Pla de Mandat, el Plan de Acción para la legislatura 2015-19, potenciar, desarrollar y definir las APEUs. Sin embargo, esto no ha sido óbice para que este noviembre de 2017 viera como se inauguraba una nueva gran superficie de más de 56 mil metros cuadrados en su extrarradio. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, durante el último gobierno del Partido Popular (PP), puso en marcha las denominadas Zonas de Iniciativa Emprendedora (ZIE), de forma que los comerciantes de estas áreas, al modo de las BIDs, pueden intensificar los servicios ofrecidos en base a una contribución especial recaudada por el propio municipio.

Sea como fuere, lo que todas iniciativas parecen indicar es que el recorrido de las nuevas formas de colaboración público-privadas va para largo en el ámbito de las economías urbanas. Algo que parece haber alcanzado finalmente, a las ciudades del Estado español. Quién sabe si estaremos asistiendo a las fases iniciales de un auténtico BID Bang Theory, algo que pueda suponer una nueva vuelta de tuerca en las políticas de gobernanza neoliberales a las que últimamente nos estamos acostumbrando en demasía.

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