Observando la ciudad con la lupa del género

Este artículo fue publicado originalmente en catalán en la web de la Universitat de Barcelona a finales de Noviembre de 2015

Observando la ciudad con la lupa del género

Los pasados días 25 y 26 de noviembre ha tenido lugar, en las instalaciones del Campus del Raval de la Universitat de Barcelona, las Jornadas Género y Producción del Espacio.

El evento, que se ha realizado dentro del marco del Programa de Doctorado del Departament d’Antropología Cultural i d’Història d’América i d’Àfrica,  pretendía abordar, siempre bajo una perspectiva de género, aspectos amplios en torno a los actuales procesos de exclusión y de lucha por el derecho a la ciudad.

Organizado principalmente por el Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials (GRECS), aunque contando con la colaboración del Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) y el Grup de Treball dels Espais Publics (GTEEP) del Institut d’Antropologia de Catalunya (ICA), el evento tenía como objetivo principal revelar la ideología de una tradición urbanística orientada a reforzar los procesos neoliberales de reapropiación capitalista y siempre al servicio de las políticas paternalistas del mutilado Estado de Bienestar. En este sentido, la perspectiva de género permitiría un distanciamiento de los procesos de producción del espacio, al diferenciarse de los discursos en que éstos se arropan y las dinámicas que los acompañan.

A lo largo de los dos días de duración de las Jornadas ha sido posible llevar a cabo aproximaciones  conceptuales y metodológicas sobre el género y el espacio, a través de las herramientas que aporta el feminismo interseccional, o evaluar la calidad del espacio urbano bajo una perspectiva feminista; adentrarnos en la relación existente entre el espacio urbano y la violencia de género, con investigaciones etnográficas enfocadas en estas situaciones de violencia o mediante la denuncia de la falta de una conceptualización clara y oficial sobre este tema desde instancias interacionales multilaterales; vincular concepciones como el género, el fenómeno migratorio y las identidades, contemplando la cuestión de los refugiados y refugiadas o mediante un acercamiento a los talleres de salud sexual que se llevan a cabo entre las trabajadoras sexuales de Barcelona; estudiar la vinculación existente entre el espacio y la configuración de subjetividades, con especial incidencia en las consideraciones relativas a los cuerpos y a los no-espacios, así como la reivindicación del derecho al espacio público desde el movimiento feminista y, por último, la conexión existente entre el género y los diversos usos que puede tener el espacio, con cuestiones vinculadas a los juegos infantiles o a los recuerdos de la infancia y del barrio.

Entre las sesiones también hubo tiempo de llevar a cabo un par de mesas redondas, más dinámicas, abiertas y no tan rígidas y académicas, centradas en establecer comparativas entre perspectivas feministas y territorios, y en aquellas prácticas de lactancia que se desarrollan en los espacios públicos de nuestras ciudades.

Para finalizar, y ya fuera del ámbito académico, el viernes día 27 de noviembre se desarrolló en el Pou de la Figuera, Ciutat Vella, un taller denominado Territorios Fronterizos, destinado a mujeres migrantes. El Taller tenía por finalidad recopilar las vivencias de mujeres inmigrantes en su relación con el espacio urbano.

El resultado final ha sido una muestra de la confluencia de intereses y líneas de trabajo existentes entre distintos colectivos, plataformas y asociaciones, así como mostrar la labor investigadora existente desde disciplinas como la antropología, la sociología, la arquitectura, el urbanismo, la geografía, la historia, el arte, las ciencias políticas, etc., algo que ha posibilitado ampliar la participación y el intercambio de experiencias durante el evento, así como denunciar determinadas prácticas que suceden actualmente en nuestras ciudades y que solo pueden aflorar mediante la aplicación de la perspectiva género.

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Algo habrás hecho mal

Este artículo fue publicado originalmente en el Periódico Diagonal el 04/01/2016.

Algo habrás hecho mal

Leo estos días Ensayos sobre el Individualismo, de Louis Dumont. El objetivo que perseguía el antropólogo francés con esta obra, escrita a comienzos de los 80s del pasado siglo,  queda aclarado en la introducción de la misma, esto es, la búsqueda del origen de las ideas y valores que caracterizan la modernidad, así como la emergencia del individualismo. Para Dumont, y una parte importante de las ciencias sociales, el individualismo moderno es un fenómeno excepcional en la historia de las civilizaciones, siendo imposible desligarlo de la historia de las ideas de Europa, desde la filosofía de la antigua Atenas hasta el reciente neoliberalismo, pasando por el catolicismo, la reforma protestante o la Revolución francesa.

Lo destacable de Louis Domunt es que se acerca al estudio del individualismo tanto desde la perspectiva comparada de la antropología como de su profundo conocimiento de la India tradicional. Es a partir de un trabajo etnográfico realizado en Kerala, en el sur del subcontinente indio, que Dumont no solo comienza a ampliar su comprensión sobre la realidad de la sociedad ancestral de castas sino que, al superponer las observaciones realizadas sobre dicha estructura social, a unas condiciones tan distintas como son las existentes en las sociedades occidentales, se adentra en los detalles de esta última desgranando sus particularidades. A través de un profundo conocimiento de la historia de las ideas en Occidente, Dumont plantea en esta obra la siguiente pregunta, ¿cómo y cuando se produjo la transición entre una sociedad holista, donde el valor reside en la sociedad como un todo, a otra de tipo individualista, donde el valor reside en el individuo?

No me atreveré -reconozco su imposibilidad- a resumir y explicitar en estos párrafos el recorrido histórico y social que hace Dumont para conectar dos realidades tan, aparentemente, irreconciliables. Sin embargo, si me centraré, y perdonadme el atrevimiento por lo naif de la propuesta, en algunas de las conclusiones y consecuencias que el individualismo tiene en nuestra vida cotidiana.

No hace tanto -quizás a comienzos de esta inacabable crisis- que comenzamos a escuchar frases y eslóganes que culpaban a las principales víctimas de la misma del origen de sus males. “Has vivido por encima de tus posibilidades”, “ahora toca apretarse el cinturón”, o mi preferida, “si no puedes pagar tu casa, es que algo habrás hecho mal”, fueron algunas de las soflamas que, poco a poco, comenzaron a permear nuestras conversaciones diarias y a inundar el repertorio retórico de políticos, empresarios y medios de comunicación. Más allá de ignorar voluntariamente análisis más profundos sobre el carácter estructural de la supuesta crisis o favorecer titulares que permitieran resumir, en pocas palabras, la cotidianidad de muchos de nosotros, si algo caracterizaba todas estas alocuciones era el hecho de la responsabilidad individual, es decir, la consideración de que el responsable último de tus desgracias eras TÚ mismo y, por tanto, eras TÚ el que se tendría que apretar el cinturón o el que habría de pagar las consecuencias de haber vivido por encima de tus posibilidades. En resumen, algo habías hecho mal.

 

Una acusación como esta solo puede tener éxito debido al valor dado al individuo en nuestra moderna sociedad europea. Un valor dado como natural pero que olvida -premeditadamente- que cualquier intento de instaurar un orden humano autónomo es artificial. Ahora bien ¿cómo es posible que dicho artificio se haya instaurado? Como en las novelas de detectives, si alguien parece culpable, posiblemente lo sea y en este sentido, aquellos que se beneficiaron -y se benefician- de este nuevo orden posiblemente tuvieran algo que ver en su popularización.

Sin embargo, dejando a un lado las disquisiciones de autores y pensadores como Weber o Polany sobre el origen religioso de los valores de la burguesía o la desconexión existente -y premeditada- entre la esfera económica, la política o la social, lo que sí parece claro es que si muchos de los problemas actuales de la mayoría social están ocasionados por la hegemonía del individualismo como valor y que únicamente a través del establecimiento de nuevos órdenes colectivos será posible plantar cara a sus consecuencias, así como a evitar que sus efectos se sigan produciendo.

Esto, que así dicho suena un poco ampuloso, y con eso acabo, lo recoge muy bien Nacho Vegas en una de sus últimas obras “Canción para la PAH”:

“(…) Mientras haya en mi barrio una mesa a la que le faltan las patas, mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna,

mientras haya un contable tosiendo,

mientras haya un concierto de perros,

mientras haya una sola persona a la que los bancos dejen sin techo debemos cantar al corro y no cantar en soledad y cantar a los que sólo aullan mientras haya un desahucio más (…)”

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Esa extraña obsesión por la mezcla social

Este artículo se publicó originalmente el pasado día 16/12/2015 en el Periódico Diagonal. Por José Mansilla y Beppe Aricó.

Esa extraña obsesión por la mezcla social

Se debate estos días en Madrid y Barcelona, dos de las llamadas ciudades del cambio, algunos proyectos urbanísticos de gran envergadura. En Barcelona, cuestiones como el cubrimiento de la Ronda de Dalt o la reforma de la Meridiana, y en Madrid las operaciones Campamento, Mahou-Calderón o el polémico Edificio España. Son muchas las expectativas creadas en torno a estos dos gobiernos municipales por lo que podría ser conveniente recordar algunas cuestiones que siempre acompañan planes y propósitos como los señalados.

Decía un amigo que siempre que escuchemos, en relación con la planificación urbanística, hablar de espacios públicos de calidad habría que echarse a temblar. Para éste, cuando desde las promotoras y constructoras inmobiliarias, los estudios de arquitectura y urbanismo o las propias administraciones publicas se hace especial énfasis en la presencia y bondad de este tipo de espacios, en realidad a lo que estaríamos asistiendo sería al intento de presentar un enorme proceso especulativo oculto tras un bonito envoltorio: el de tipo de un espacio que, si finalmente está presente, sería de todo menos público.

Los espacios urbanos de libre acceso, aquellos que son la base y el fermento de la sociabilidad urbana, y en los que basaremos nuestra definición de “espacio público”, no suelen ser del agrado de determinados arquitectos y urbanistas. Prueba de ello es que cuando presentan un proyecto en forma de maqueta real o virtual, estos espacios suelen estar vacíos o casi vacíos, eliminando de ellos aquello que precisamente le da su carácter público, la gente.  En realidad esos espacios no están pensados para que los paseantes, vecinos y vecinas jueguen, conversen, se relacionen o simplemente descansen a la sombra de un árbol, sino para ser el sustrato sobre el que, con posterioridad, se llevarán a cabo determinados procesos de privatización y/o explotación comercial.

En Barcelona tenemos un buen ejemplo de ello en la reforma que se llevó a cabo en torno al antiguo Mercat del Born, hoy Born Centre Cultural. Las imágenes iniciales de este proyecto presentaban un espacio diáfano, desprovisto de aquello que define por excelencia al espacio urbano: la vida. Y lo mismo podría decirse de operaciones como las citadas de Mahou-Calderón o Campamento. La explicación a este hecho es bien fácil. El capital inmobiliario no está pensando en las personas, sino en la futura rentabilidad económica.

Algo parecido pasa cuando se habla de diversidad o mezcla social. El gran demonio de las administraciones públicas es la aparición de lo que, desde determinadas instancias, se percibe y define negativamente como “gueto”. De hecho, entre los argumentos usados por éstas para justificar la eliminación de sus programas de gobierno la construcción de vivienda social encontramos, precisamente, el miedo a la generación de colectivos más o menos homogéneos que, en un momento determinado, puedan movilizarse en demanda de mejoras, equipamientos o infraestructuras.

Ese miedo al gueto está basado en el peligro que supone que un determinado grupo social pueda tomar conciencia de sí mismo y convertirse, por tanto, en una amenaza. La solución a esto pasa por recetas urbanísticas que, presumiéndose urbanas, impulsen la diversificación social. Se supone que la coincidencia espacial de grupos de distinto origen y clase llevaría mágicamente a una mejora de los peor situados en una fantasmagórica pirámide social, aunque solo fuera por un efecto imitativo.

Y es que, en realidad, esta tendencia o manera de conceptualizar el gueto como una amenaza social respondería a una deliberada necesidad y urgencia política de acabar con él. Pero la cuestión aquí no es si las administraciones luchan contra de la segregación, la exclusión o la marginalidad, sino si lo hacen contra toda posibilidad de cohesión y relación humana. Éstas, literalmente aterrorizadas por el gueto en tanto que portador potencial de cohesión social, conciencia política y de clase, tenderían a identificar a sus habitantes como una especie de agente patógeno capaz de alterar la hipotética “estabilidad”, “integridad” y “pureza” del cuerpo social. No debe de sorprender que todo plan urbanístico se proponga como su principal propósito evitar a toda costa la eventual instauración de guetos, un objetivo para el que las administraciones acaban convirtiéndose en principal aliado de empresas y promotoras inmobiliarias proponiendo y disponiendo de una serie de actuaciones dirigidas a fomentar la denominada “mezcla”, “heterogeneidad” o “diversificación social”.

Ejemplos de estas políticas las encontraríamos repetidas, en el ámbito catalán, en serie en barrios de Sant Adrià del Besòs como La Mina o Bellvitge en L’Hospitalet de Llobregat. En el caso de Madrid, en cambio, la modificación de la Ley del Suelo permite, además de desbloquear jugosas operaciones urbanísticas como la de Chamartín, disminuir la cantidad de vivienda de tipo protegido. Esto no quita para que, a veces, la diversidad se haga presente, aunque solo sea brevemente, el tiempo suficiente para que las clases más desfavorecidas sean expulsadas de la zona intervenida debido, de hecho, a la inoculación de esos grupos sociales con mayores rentas. Algo así como una gentrificación homeopática donde el problema se resuelve extirpando a aquellos colectivos que amenazarían la ansiada paz social necesaria para la continuidad de la circulación del capital. De ese modo, los ricos no solo harían de ejemplo para los pobres, sino de verdadero escarmiento

Efectivamente, lo que esas políticas de diversificación realmente persiguen y, en muchos casos, obtienen es el asentamiento gradual y casi disimulado de clases medias o altas en determinadas zonas de la ciudad que se pretenden domesticar socialmente y regenerar urbanística y económicamente. Ni que decir tiene que dichas políticas nunca han sido aplicadas a barrios poblados por habitantes con capacidades adquisitivas netamente superiores que aquellos etiquetados como “barrios pobres” o “marginales”, y precisamente en pos de la diversidad socio-económica que pretenden garantizar.

Sin embargo, si la idea es que las clases bajas tomen ejemplo de aquellas mejor situadas, nada mejor que actuar de forma inversa, esto es, desplazar a las mismas a aquellos barrios con un mejor y más elevado índice de renta. De esta manera mataríamos dos pájaros de un tiro urbanístico. Por un lado, las clases más desfavorecidas tendrían a su disposición “el mejor de los ejemplos” a seguir y, por otro, acabaríamos con los únicos y reales guetos que existen normalmente en nuestras ciudades, los barrios de clase alta. Y todo esto antes de que, como decía Joan Subirats, acaben representando una amenaza.

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La patrimonialización de la memoria

Entre las novedades aportadas por la última de las transformaciones globales sufridas por el capitalismo, el neoliberalismo, nos encontramos con determinados procesos de revalorización y explotación del espacio. Sería ésta una apuesta, supuestamente innovadora, por la diferenciación y caracterización de algunos territorios mediante políticas públicas y privadas que situarían como eje fundamental a la hora de llevar a cabo la planificación de las infraestructuras o la localización de los equipamientos, el fomento de la actividad económica, la creación de empleo, etc. En definitiva, se trataría de reconocer, movilizar y, finalmente, mercantilizar recursos paisajísticos, arquitectónicos, naturales y culturales que anteriormente formaban parte del bagaje y la memoria social e histórica de determinadas zonas pero que, mediante su puesta en valor, pasan a ser considerados como elementos productivos.

Este sería el caso y la justificación, en gran cantidad de ocasiones, de la declaración de enclaves o de amplias zonas como Parques Naturales, Monumentos Naturales y demás espacios naturales protegidos, o los Bienes de Interés Cultural y otras formas de protección del patrimonio histórico y monumental. En estas declaraciones juegan un papel muy importante los referentes simbólicos, lugares de memoria o memoria de lugares, los cuales aportarían la diferenciación y generarían el interés por su visita y conocimiento, así como su transformación en producto turístico. En sociedades post capitalistas como la Catalunya actual, altamente fragmentadas, las posibilidades de establecer estas diferenciaciones simbólicas son casi infinitas. Desde referentes religiosos o históricos -como Montserrat, o el Pi de les Tres Branques-, verdaderas claves de bóveda de la construcción nacional catalana, hasta las Rutas de los Contrabandistas entre Catalunya y Andorra, o las Montanyes de la Llibertat, itinerario que recuerda la huída de los refugiados españoles en su camino hacia Francia tras la victoria de Franco en la Guerra Civil, o la posterior entrada de judíos huyendo del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, se mostrarían como magníficos ejemplos de esta utilización con fines puramente económicos.

Sin embargo, estos recursos no son neutros, no permanecían desanclados de su realidad social más cercana o, en muchas ocasiones debido a la potencia de su significado, de la memoria de grupos sociales muy amplios. La transformación en paquete turístico de áreas sensibles -como la memoria de los exiliados o los judíos perseguidos por los Nazis-, cuenta con la potencialidad de convertirse en un recurso pedagógico sobre una importante parte de la historia de los pueblos, pero también de sufrir la banalización profunda de parte de la historia de grupos humanos que protagonizaron verdaderas epopeyas plenas de sufrimiento y temor y que, al final, ven como un pedazo de sus vidas es fetichizada, en el sentido marxista del término, y transformada simplemente en mercancías, en gran cantidad de ocasiones con el apoyo interesado de las propias administraciones públicas.

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Els carrers seran sempre nostres

Fuente: Propia

Els carrers seran sempre nostres ha sido una de las consignas más coreadas estos días en las calles de Barcelona. Más allá de las consideraciones políticas, de los posicionamientos estrictos y de las adhesiones inquebrantables a uno de los dos trenes en choque, algo que, lamentablemente, descomplejiza y simplifica un asunto con gran cantidad de aristas, posibilidades y sombras, lo que sí parece volver a evidenciarse es que nos encontramos ante un nuevo ejemplo del siempre presente protagonismo que el espacio urbano tiene a la hora de mostrar la inherente conflictividad de las sociedades humanas en su vida en las ciudades. Un espacio urbano que deviene espacio ritual y que sitúa las manifestaciones políticas al mismo nivel que otras demostraciones y ocupaciones similares de la vía pública, tales como las procesiones religiosas o los desfiles militares.

Desde las concentraciones multitudinarias que se produjeron el día 20 de septiembre, tanto en la sede de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), como a las puertas del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, hasta la posterior acampada –breve-, ese mismo día a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, pasando por las assegudes a las puertas de los colegios electorales el día 1 de octubre,  las posteriores manifestaciones de repulsa, la huelga/aturada del día 3, etc., todas ellas podrían responder a esa marcada ritualización que todavía hoy puebla mucha de las actividades de los habitantes de las urbes. Así, nos encontraríamos ante la acción de aquello que la sociología norteamericana de la segunda Escuela de Chicago denominara unidades vehiculares, y que, con posterioridad, el antropólogo Manuel Delgado definiera como aquellos grupos compuestos “por individuos que están ostensiblemente juntos, en la medida en que pueden ser percibidos a partir de una proximidad ecológica que da a entender algún tipo de acuerdo entre los reunidos y dibuja unos límites claros entre el interior y el exterior de la realidad social que se ha conformado en el espacio.”

En este sentido, serían estos grupos sociales conformados como unidades vehiculares los que producirían el espacio, delimitándolo y organizándolo mediante sus prácticas. Serían ellos los que determinarían sus características, su nivel simbólico y lo dotarían de sentido y de memoria. Estas circunstancias, además, explicaríanel éxito o el fracaso de determinados lugares como emplazamientos para la  expresión del descontento político, social o cultural.

Así, las llamadas, el mismo día 20, a concentrarse a las puertas de los Ayuntamientos catalanes en repulsa a las detenciones practicadas en el Departament d’Economia, no tuvieron el éxito esperado en el caso de Barcelona, donde la gente continúo reunida frente a la sede de dicha Consejería o en la calle Casp, a las puertas del cuartel general de la CUP. De la misma manera, los siguientes encuentros no se produjeron en la Plaça Sant Jaume, área que concentra en escasos metros a la Generalitat de Catalunya y al Ajuntament de la ciudad, sino en la Plaça Universitat y otros emplazamientos mucho más abiertos y vinculados a los movimientos estudiantiles, los cuales habían acaparado cierto capital simbólico durante esos días. No fue el caso este de la Manifestación por la Unidad Nacional, la cual sí se desarrolló en Sant Jaume, en claro desafío a un lugar cargado de referencias a la idea de la Catalunya nacional. Y qué decir de la cantidad de plazas que, a lo largo del Principado, han cambiado su nombre, de forma informal, de Plaça de la Constitució a Plaça de l’1 d’Octubre, por los hechos ocurridos tal día, recogiendo un significado otorgado por lo allí ocurrido.

Cuando las marchas y concentraciones proclamaban que las calles serán siempre suyas, no estaban hablando de propiedad, en el sentido estricto de la palabra, sino de apropiación, es decir, de un tipo concreto de prácticas que finalmente originarían los lugares antes reseñados y los dotarían de valores prácticos colectivos, nunca privados.

Es definitiva, esa apropiación temporal de las calles y las plazas las transformaría en espacios de ritualización, construyendo y redefiniendolos espacios urbanos de la ciudad. Se trataría de la rearticulación simbólica de un espacio común a todos, un arma mucho más poderosa, por cuanto establece sentidos y prácticas que prevalecen durante años y son más difíciles de derrotar que cualquier acto de fuerza o modificación del propio entramado urbano.

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¿Es posible hablar de justicia espacial en la Barcelona contemporánea?

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Fuente: Propia

Este artículo, escrito conjuntamene con Giuseppe Aricó y Marco Luca Stanchieri, fue publicado en el Periódico Diagonal el pasado día 04/11/2015.

¿Es posible hablar de justicia espacial en la Barcelona contemporánea?

Este pasado fin de semana se ha desarrollado, en las instalaciones de Can Batlló, en el barcelonés barrio de Sants, el 1er. Fòrum Veïnal sobre l‘Urbanisme organizado por la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB). El objetivo de sus organizadores era hacer partícipe a los vecinos y vecinas de la ciudad, tanto del análisis como de los procesos de toma de decisiones vinculados con el futuro urbanismo de la capital catalana.

Para ello se dieron cita en tan emblemático lugar representantes de asociaciones de vecinos y vecinas; miembros de colectivos vinculados a la cuestión urbana y el derecho a la ciudad; movimientos sociales de más amplio espectro; técnicos municipales y académicos especialistas en arquitectura y urbanismo; representantes políticos; barceloneses a título individual, etc.

Durante los dos días de duración del Fòrum se realizó un recorrido por las transformaciones urbanísticas más importantes de la Barcelona de las últimas décadas; se pusieron sobre la mesa de debate algunos de los proyectos de transformación urbana más candentes –como los que afectan a la zona norte, los barrios de montaña y el frente marítimo- y, por último, se intentó avanzar hacia un nuevo modeloalejado del tan cacareado Modelo Barcelona, ahora Marca– que tuviera en cuenta los intereses de las clases populares de la ciudad.

Así, en un intento por avanzar en esta tarea se llevaron a cabo una serie de talleres en torno a distintos bloques temáticos: Barcelona, ciudad metropolitana; Espacio urbano y reindustrialización; Espacios públicos y equipamientos; Urbanismo y desarrollo comunitario de los barrios; Urbanismo, vivienda y política de suelo y, finalmente, Justicia espacial en la ciudad.

Precisamente este último fue dinamizado por el Observatori d’Antropologia del Conflicte Ubà (OACU), girando en torno a la posibilidad misma de la existencia de cierta justicia espacial en el marco de la Barcelona contemporánea y partiendo de que ésta solo sería posible si los bienes y servicios que genera la ciudad no son ni extraídos ni apropiados por una minoría social de corte elitista, sino, al menos, repartidos bajo condiciones de cierta equidad. El objetivo, por tanto, fue reflexionar sobre qué tipo de instrumentos -normativos, organizativos, institucionales- deberían ponerse en marcha para alcanzar tal fin.

Entre las propuestas recogidas se encontraron algunas vinculadas a la necesidad de establecer medidas de discriminación positiva a la hora de planificar las inversiones públicas en los distintos barrios que conforman la ciudad; a la redefinición del concepto de seguridad, asignando un papel distinto al actual a la propia Guardia Urbana; a la elaboración de un modelo de transporte alternativo que no priorice el vehículo privado y, por último, a la máxima descentralización de la toma de decisiones políticas y al establecimiento de canales de participación populares estables y con capacidad de decisión real.

A la hora de la puesta en común de las conclusiones de los distintos talleres se manifestaron, como no podía ser de otra manera, grandes coincidencias en la detección de problemas y en el planteamiento de soluciones. Una de estas coincidencias fue la necesidad de incrementar la participación ciudadana en los proyectos vinculados a las transformaciones urbanísticas, el turismo, la industria, el transporte, etc. Las conclusiones del taller OACU ya apuntaban algo similar, aunque con salvedades: la complejidad de avanzar cuotas decisivas de justicia espacial, en el marco la ciudad neoliberal, cuando precisamente el proceso de acumulación capitalista está basado, en gran medida, en la extracción de rentas de la misma. Desde el taller se señalaba que la participación en sí es positiva, pero que si no quiere caer en su reificación –esto es, en la participación por la participación – es necesario dotar a la misma de instrumentos que impidan la apropiación de estos nuevos canales por las mismas élites que ésta trata de diluir.

La idea de excluir en la toma de decisiones a aquellos grupos sociales que pudieran tener intereses de carácter especulativo sobre las decisiones a tomar, podría ser uno de estos instrumentos. Sin embargo, este tema es complicado pues se trataría de limitar, por tanto, la participación de determinados sectores de la población, algo alejado del concepto amplio y clásico de participación como una mayor capacidad de decisión por parte del común de la ciudadanía.

Hasta ahora la “participación ciudadana” ha tenido cierto éxito en aquellos casos en que las propuestas de transformación urbanística han estado orientadas a cuestiones sociales o de desarrollo local. En cambio, las políticas de regeneración centradas en aspectos más físicos y económicos son consecuencia, en muchas ocasiones, de una participación escasa, parcial o nula. Es más, todo parece indicar que la tan publicitada “participación vecinal” ha sido concebida durante mucho tiempo, en ciudades como Barcelona, como un mero accesorio y no como eje estructural de los planes sociales o urbanísticos que se diseñaban para los barrios y desde los barrios.

En otras palabras, es posible que, en lo relativo a la participación, hayamos estado delante de una entelequia de justicia espacial, un concepto vago e impreciso que quedaría sistemáticamente sometido a los criterios formales e ideales de un urbanismo de corte clasista y articulado alrededor de conceptos elevados a verdades cardinales como “civismo” o “convivencia”. Se habría tratado, en definitiva, de una “justicia” concebida únicamente como referente ético (léase moral) y teórico (léase urbanístico), idóneo para conceptualizar estratégicamente la idea de una “ciudad justa”, pero intrínsecamente incapaz de alcanzar su aplicación práctica.

Quizás, bajo el mantra de la “participación ciudadana”, garantizada por un supuesto urbanismo democrático, cívico y progresista, se escondía en realidad un mero simulacro de igualdad. En este sentido, es imprescindible analizar la manera en que las “redes ciudadanas participativas” han sido articuladas e, incluso instrumentalizadas, por parte de unas políticas de gobernanza dirigidas principalmente a apaciguar la supuesta “conflictividad” de los barrios. Efectivamente, en el caso específico de Barcelona, la utilización instrumental de dichas redes habría provocado una tensión cada vez mayor entre lo popular y lo institucional, hasta generar una historia urbana de participación sin conflicto.

Desde luego, nadie dijo que la justicia espacial fuera fácil, ni siquiera posible, pero si se desea avanzar hacia una ciudad más justa y equitativa, habría que comenzar por tomar decisiones difíciles. Solo así quizás será posible establecer ese otro modelo de urbanismo popular que se proponía como objetivo inicial.

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La mentira del Estado autonómico

En los medios de comunicación generalistas suelen aparecer de manera frecuente, sobre todo últimamente, comparaciones entre las distintas formas existentes de reparto del poder territorial y los nombres y las formas que este adopta en su constitución como Estado a nivel global. En una especie de pedagogía, para nada inocente, se comparan formas como el federalismo, el Estado centralizado, el confederalismo y, por supuesto, uno de nuestros inventos más reconocidos -además de la fregona- el Estado autonómico. En general, estas comparaciones suelen acabar dando a entender que, con carácter general, no existe ninguna verdadera Confederación a nivel global -la de Suiza funciona como una federación en la práctica, y la República China, aunque formalmente centralizada, y en la práctica confederal, no nos gusta para comparar-, y que las diferencias entre un Estado y uno autonómico no son tantas, es decir, que entre un tipo y otro el contraste serían básicamente nimios detalles, por  lo que, “¿qué es lo que quieren estos catalanes?”. Pero, tal y como señala el sabio refranero castellano, en este caso el diablo está en los detalles.

Sí, porque la expresión constitucional del Estado español -usando una expresión del catedrático Javier Pérez Royo– se produjo en el año 1978 mediante una descentralización progresiva del carácter altamente concentrado del poder de una España con escasa experiencia en los equilibrios del poder territorial, al menos en su época moderna. Es decir, lo que la Constitución del 6 de diciembre recogió no sería tanto un pacto entre partes -aunque en puridad sí lo habría, aunque entre partidos políticos-, sino un reparto entre las partes. Un movimiento más centrípeto que centrífugo, desde Madrid hacia las periferias. No es anecdótico el hecho de que las primeras nacionalidades históricas estuvieran situadas, física y simbólicamente, en los límites de la península ibérica -Catalunya, Euskadi, Galicia y, no hay que olvidar, a Andalucía-.

La conformación de una federación suele ser, de hecho, la contraria. Es decir, una serie de sujetos políticamente independientes o, al menos, autónomos, decide ceder parte de su capacidad y poder político a un ente central, el Gobierno federal, entendiendo que solo así es posible llevar a cabo determinadas actuaciones. Son las partes las que, unidas, conforman un todo. En este caso, se trata de un movimiento centrífugo más que centrípeto. Esta es la historia, por ejemplo, de los Estados Unidos de América, primera República en constituirse según un modelo federal.

Aunque pueda parecer anecdótico, esto es fundamental a la hora de entender nuestro modelo autonómico. Como con tantas otras cosas, se podría decir que el carácter descentralizado del Estado español -jurídicamente personificado en Comunidades Autónomas- procede, en su origen, de un poder central que comparte ese poder con otros núcleos periféricos. No se trata tanto -y es importante subrayar lo de tanto, porque es verdad que, a nivel político, sí que hay un pacto al menos tácito sobre el tema- de un acuerdo para compartir el poder a nivel territorial, como una cesión por parte del protagonista principal. Y esto, como no puede ser de otra manera, cuenta con un detalle, un límite, que estamos viendo estos días: esta generosidad se acaba cuando una de las partes, por no decir la gran parte, decide finalizar la cesión.

Es de este modo que, aunque no se haya invocado formalmente, el famoso artículo 155 de la Constitución, el Gobierno central se halla inmerso en un proceso de recuperación de unas competencias -un poder- que, en el fondo, nunca acabó de ceder totalmente. Y no es que su generosidad tuviera un límite, sino que realmente la Constitución solo reconoce un poder políticamente y jurídicamente legitimado, el de la Nación española, es decir, el de Madrid, algo que comparte con los sujetos periféricos -no obstentadores de soberanía- de forma unidireccional, no bidireccional como sería en un modelo de estado puramente federal.

Los límites -y la mentira- pues del Estado autonómico no se encuentran, por tanto, en la inexistencia de un verdadero órgano -el Senado- de participación territorial en la toma de decisiones del Gobierno central; ni en un Poder Judicial auténticamente descentralizado, ni en un reparto competencial que no está definido, sino en un Estado que nunca dejó de ser centralizado.

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