Límites a los alquileres, una cuestión de justicia urbana

Fuente: Ms. Marvel (2015-2019) #1

Este artículo fue publicado originalmente en catalán en el quincenal La Directa el día 04/06/2019.

Límites a los alquileres, una cuestión de justicia urbana

Hace unos días, el Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya aprobó un Decreto-Ley mediante el cual se abría la puerta de introducir limitaciones al crecimiento de los alquileres en determinadas zonas urbanas consideradas como tensionadas, es decir, allí donde las rentas se han visto incrementadas notablemente. La normativa, basada en las competencias exclusivas que el Govern tiene sobre el Derecho Civil catalán, establece, como norma general, aumentos máximos de un 10% del alquiler sobre la base de un indicador territorial construido con la información suministrada por las fianzas depositadas en el Institut Català de Sól (INCASOL). La norma, por otro lado, añade excepciones, como la posibilidad de establecer incrementos mayores -de entre el 5% y el 20%- en función de los equipamientos con los que cuente la vivienda -una piscina (sic), por ejemplo-, los cuales han de estar debidamente justificados, o bien de si se trata de una casa de nueva construcción o a la que se le ha realizado una reforma considerable. En este último caso, el incremento extra tendrá una duración máxima de 5 años.

Dejando de lado la circunstancia de que, desde determinados ámbitos políticos y técnicos, se cuestiona la capacidad de la Generalitat para elaborar una medida de tales características -se supone, así, que las competencias para intervenir el mercado del alquiler urbano son de ámbito estatal-, el solo anuncio de esta novedosa normativa ha disparado las alarmas de aquellos grupos sociales con especial sensibilidad sobre sus efectos. Por un lado, los colectivos y movimientos sociales que luchan por el derecho a la vivienda y contra la especulación inmobiliaria la han calificado de necesaria, pero insuficiente e, incluso, potencialmente contraproducente, ya que no revierte los niveles ya consolidados. Y, por otro, el sector inmobiliario -constructoras, intermediarios, consultoras, portales web especializados, grandes fondos de inversión, etc.- han optado por alertar sobre las consecuencias negativas para los inquilinos e inquilinas, presentes y futuros, de una medida de tales características.

Entre los principales argumentos esgrimidos por estos últimos es posible encontrar desde cuestiones de carácter político-ideológicas, “se trata de una medida fuertemente intervencionista” o “de un ataque al derecho a la propiedad privada”, hasta advertencias más directas -a modo de chantaje- sobre los efectos de la normativa sobre el propio inquilinato, como “esto supondrá desincentivar la entrada de nuevos inversores” o “se dejarán de llevar a cabo las obras de reforma y mantenimiento que comporta una vivienda en alquiler”. Este tipo de advertencias no son nuevas, si no que, más bien, aparecen cada vez que, desde las instituciones y por la presión ejercida por el activismo, se emprende algún tipo de medida que persigue limitar los beneficios de la renta inmobiliaria, principalmente de aquellas grandes compañías que acumulan una enorme cantidad de propiedades. Su acción suele ir dirigida a desmontar las reclamaciones de los vecinos y vecinas de las ciudades mediante apelaciones a la necesidad de dejar actuar, por el bien general, a la mano invisible del mercado. Este intento de construcción de relatos tiene por objetivo principal deslegitimar la intervención sobre el mercado, presionando a la clase política y desmovilizando a la opinión pública. Es lo que, en un capítulo de un libro recientemente publicado –A Century of Housing Struggles: From the 1915 Rent Strikes to Contemporary Housing Activisms (2018),  Hamish Kallin y Tom Slater han denominado, recogiendo trabajos anteriores, agnotología o producción de la ignorancia. En lo que concierne a la limitación de los alquileres, esta estrategia perseguiría, en primer lugar, advertir sobre los efectos negativos que su implementación tendría sobre las propiedades alquiladas y, en segunda instancia, prevenir sobre la considerable disminución de la oferta de vivienda de alquiler y sobre la ineficiencia que se generaría a la hora de organizar su distribución en el mercado. En el texto, basado en un estudio particular sobre el caso de Escocia, Kallin y Slater desmontan uno a uno estos mitos, constatando su continua e interesada presencia en los medios de comunicación y en el ámbito técnico-político, esfera privilegiada de actuación de lobbies y think tanks liberal-conservadores.

Sobre la falta de inversiones para la mejora y reforma de las viviendas en alquiler, los autores recuerdan que el estado de estas viviendas no es, ni ha sido tradicionalmente, el mejor de los posibles. En el Reino Unido, por ejemplo, 1 de cada 3 casas, según un Informe del Parlamento Británico de 2016, no cumple con las condiciones básicas para ser usadas como vivienda habitual. En ámbitos más cercanos, como la propia ciudad de Barcelona, cualquiera que haya vivido de alquiler ha podido comprobar en sus propias carnes que este fenómeno no es exclusivo de la pérfida Albión. Solo una adecuada legislación al respecto, acompañada de los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, puede garantizar unos mínimos necesarios de calidad y confort en las viviendas de alquiler. En torno a la supuesta disminución de la oferta, ocasionada por una normativa que limitaría los beneficios de los propietarios, Kallin y Slater destacan dos aspectos fundamentales: el primero de ellos descansa sobre el hecho de que el sector del alquiler urbano solo parece funcionar correctamente si no se le ponen límites a su avaricia, actuando como un auténtico parásito, mientras que el segundo recuerda que fenómenos similares, como incrementos del salario mínimo o la aplicación de impuestos indirectos sobre determinados bienes, nunca han disminuido la oferta de los mismos, ya que la bajada de los rendimientos del mercado del alquiler urbano ha tenido más que ver, cuando ha ocurrido, con un sistema que ha empujado tradicionalmente hacia la propiedad, tanto desde las instituciones -“Mejor propietarios que proletarios”-, como desde el propio mercado inmobiliario y financiero europeo, el cual, con sus bajos tipos de interés, ha articulado y posibilitado altos niveles de endeudamiento hipotecario. Baste recordar que, con anterioridad al momento actual, los mayores incrementos en el precio de la vivienda se alcanzaron, precisamente, cuando más cantidad de ésta era introducida -ofertada- en el mercado inmobiliario, justo antes del estallido de la burbuja en 2008. Por último, la cuestión de la eficiencia en la distribución de las viviendas advertiría que la limitación de las rentas del alquiler supondría una restricción a la entrada de nuevos demandantes, ya que los actuales, debido al nivel de precios del mercado, no querrían abandonar sus viviendas y, por el mismo motivo, esto generaría fricciones en el mercado laboral, ya que los trabajadores y trabajadoras preferirían no moverse hacía localizaciones con más oportunidades laborales por miedo a perder una vivienda asequible. Como subrayan Kallin y Slater, este argumento no solo parece considerar que los inquilinos bajo la condición de limitación de rentas de alquiler vivirían en el mejor de los mundos posibles, sino que no oculta su verdadera cara, esto es, garantizar a los propietarios altas rotaciones y mayores beneficios, así como una mayor disposición de mano de obra barata. Si la vivienda es una cuestión de derechos -tal y como recoge la sacrosanta Constitución española- entonces no se puede dejar al albur completo de la eficiencia de un mercado que hace que los inquilinos tengan que dedicar más de, en ocasiones, el 50% de su renta al pago de un techo donde cobijarse.

En definitiva, la lucha por el acceso a una vivienda digna a precios asequibles se nos aparece como una lucha contra molinos de viento; grandes, medianos y pequeños propietarios que utilizan esta necesidad básica para hacer negocio. Se trata de un nuevo ejemplo de la lucha de clases en la ciudad, donde la limitación de los incrementos de la renta se presenta como un tímido, pero necesario, paso hacía una mayor justicia urbana.

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