Esa extraña obsesión por la mezcla social

Este artículo se publicó originalmente el pasado día 16/12/2015 en el Periódico Diagonal. Por José Mansilla y Beppe Aricó.

Esa extraña obsesión por la mezcla social

Se debate estos días en Madrid y Barcelona, dos de las llamadas ciudades del cambio, algunos proyectos urbanísticos de gran envergadura. En Barcelona, cuestiones como el cubrimiento de la Ronda de Dalt o la reforma de la Meridiana, y en Madrid las operaciones Campamento, Mahou-Calderón o el polémico Edificio España. Son muchas las expectativas creadas en torno a estos dos gobiernos municipales por lo que podría ser conveniente recordar algunas cuestiones que siempre acompañan planes y propósitos como los señalados.

Decía un amigo que siempre que escuchemos, en relación con la planificación urbanística, hablar de espacios públicos de calidad habría que echarse a temblar. Para éste, cuando desde las promotoras y constructoras inmobiliarias, los estudios de arquitectura y urbanismo o las propias administraciones publicas se hace especial énfasis en la presencia y bondad de este tipo de espacios, en realidad a lo que estaríamos asistiendo sería al intento de presentar un enorme proceso especulativo oculto tras un bonito envoltorio: el de tipo de un espacio que, si finalmente está presente, sería de todo menos público.

Los espacios urbanos de libre acceso, aquellos que son la base y el fermento de la sociabilidad urbana, y en los que basaremos nuestra definición de “espacio público”, no suelen ser del agrado de determinados arquitectos y urbanistas. Prueba de ello es que cuando presentan un proyecto en forma de maqueta real o virtual, estos espacios suelen estar vacíos o casi vacíos, eliminando de ellos aquello que precisamente le da su carácter público, la gente.  En realidad esos espacios no están pensados para que los paseantes, vecinos y vecinas jueguen, conversen, se relacionen o simplemente descansen a la sombra de un árbol, sino para ser el sustrato sobre el que, con posterioridad, se llevarán a cabo determinados procesos de privatización y/o explotación comercial.

En Barcelona tenemos un buen ejemplo de ello en la reforma que se llevó a cabo en torno al antiguo Mercat del Born, hoy Born Centre Cultural. Las imágenes iniciales de este proyecto presentaban un espacio diáfano, desprovisto de aquello que define por excelencia al espacio urbano: la vida. Y lo mismo podría decirse de operaciones como las citadas de Mahou-Calderón o Campamento. La explicación a este hecho es bien fácil. El capital inmobiliario no está pensando en las personas, sino en la futura rentabilidad económica.

Algo parecido pasa cuando se habla de diversidad o mezcla social. El gran demonio de las administraciones públicas es la aparición de lo que, desde determinadas instancias, se percibe y define negativamente como “gueto”. De hecho, entre los argumentos usados por éstas para justificar la eliminación de sus programas de gobierno la construcción de vivienda social encontramos, precisamente, el miedo a la generación de colectivos más o menos homogéneos que, en un momento determinado, puedan movilizarse en demanda de mejoras, equipamientos o infraestructuras.

Ese miedo al gueto está basado en el peligro que supone que un determinado grupo social pueda tomar conciencia de sí mismo y convertirse, por tanto, en una amenaza. La solución a esto pasa por recetas urbanísticas que, presumiéndose urbanas, impulsen la diversificación social. Se supone que la coincidencia espacial de grupos de distinto origen y clase llevaría mágicamente a una mejora de los peor situados en una fantasmagórica pirámide social, aunque solo fuera por un efecto imitativo.

Y es que, en realidad, esta tendencia o manera de conceptualizar el gueto como una amenaza social respondería a una deliberada necesidad y urgencia política de acabar con él. Pero la cuestión aquí no es si las administraciones luchan contra de la segregación, la exclusión o la marginalidad, sino si lo hacen contra toda posibilidad de cohesión y relación humana. Éstas, literalmente aterrorizadas por el gueto en tanto que portador potencial de cohesión social, conciencia política y de clase, tenderían a identificar a sus habitantes como una especie de agente patógeno capaz de alterar la hipotética “estabilidad”, “integridad” y “pureza” del cuerpo social. No debe de sorprender que todo plan urbanístico se proponga como su principal propósito evitar a toda costa la eventual instauración de guetos, un objetivo para el que las administraciones acaban convirtiéndose en principal aliado de empresas y promotoras inmobiliarias proponiendo y disponiendo de una serie de actuaciones dirigidas a fomentar la denominada “mezcla”, “heterogeneidad” o “diversificación social”.

Ejemplos de estas políticas las encontraríamos repetidas, en el ámbito catalán, en serie en barrios de Sant Adrià del Besòs como La Mina o Bellvitge en L’Hospitalet de Llobregat. En el caso de Madrid, en cambio, la modificación de la Ley del Suelo permite, además de desbloquear jugosas operaciones urbanísticas como la de Chamartín, disminuir la cantidad de vivienda de tipo protegido. Esto no quita para que, a veces, la diversidad se haga presente, aunque solo sea brevemente, el tiempo suficiente para que las clases más desfavorecidas sean expulsadas de la zona intervenida debido, de hecho, a la inoculación de esos grupos sociales con mayores rentas. Algo así como una gentrificación homeopática donde el problema se resuelve extirpando a aquellos colectivos que amenazarían la ansiada paz social necesaria para la continuidad de la circulación del capital. De ese modo, los ricos no solo harían de ejemplo para los pobres, sino de verdadero escarmiento

Efectivamente, lo que esas políticas de diversificación realmente persiguen y, en muchos casos, obtienen es el asentamiento gradual y casi disimulado de clases medias o altas en determinadas zonas de la ciudad que se pretenden domesticar socialmente y regenerar urbanística y económicamente. Ni que decir tiene que dichas políticas nunca han sido aplicadas a barrios poblados por habitantes con capacidades adquisitivas netamente superiores que aquellos etiquetados como “barrios pobres” o “marginales”, y precisamente en pos de la diversidad socio-económica que pretenden garantizar.

Sin embargo, si la idea es que las clases bajas tomen ejemplo de aquellas mejor situadas, nada mejor que actuar de forma inversa, esto es, desplazar a las mismas a aquellos barrios con un mejor y más elevado índice de renta. De esta manera mataríamos dos pájaros de un tiro urbanístico. Por un lado, las clases más desfavorecidas tendrían a su disposición “el mejor de los ejemplos” a seguir y, por otro, acabaríamos con los únicos y reales guetos que existen normalmente en nuestras ciudades, los barrios de clase alta. Y todo esto antes de que, como decía Joan Subirats, acaben representando una amenaza.

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